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CONFEDERAL

La Comisión Europea insiste en políticas neoliberales que profundizan en la recesión y el desempleo

Las recomendaciones de la Comisión Europea perjudican a los ciudadanos españoles y ponen en cuestión a la propia institución

06/03/2013

La Comisión Europea en su segundo informe de evaluación del rescate bancario, en lugar de recomendar a la banca que desempeñe su labor y haga fluir de nuevo el crédito a familias y empresas para propiciar la recuperación económica, vuelve a insistir en las políticas de recorte erróneas, injustas y tremendamente nocivas para nuestro país, que están alargando la recesión económica y empobreciendo a la población española. UGT considera que las nuevas recetas obedecen a posiciones ideológicas neoliberales, que favorecen intereses empresariales y financieros concretos, pero que no atienden al interés general, lo que puede incrementar la desconfianza de los ciudadanos españoles en el proyecto europeo.

La Comisión Europea acaba de publicar, en un nuevo ejercicio de imprudencia y temeridad, una serie de nuevas recomendaciones a España para que nuestro país continúe con la senda de las reformas emprendidas desde mediados de año 2010. Entre las mismas, publicadas dentro de las conclusiones del segundo informe de evaluación del rescate bancario, figuran, entre otras, nuevas subidas de los tipos impositivos del IVA, endurecer aún más la reforma laboral aprobada hace un año y acometer una reforma en nuestro sistema de pensiones.

Más allá de lo erróneo de estos planteamientos, que suponen acentuar las erróneas reformas implementadas en los últimos años que tan nefastas consecuencias están teniendo para nuestra economía y, en especial, para el mercado de trabajo, el simple planteamiento de las mismas suponen un desconocimiento total de la situación económica y social por la que está atravesando nuestro país.

Cabría recordar a la Comisión que una nueva subida de los tipos impositivos en un impuesto como el IVA, de carácter indirecto y que no tiene, por lo tanto, en cuenta el nivel de rentas, o la aplicación del tipo general sobre un catálogo mayor de productos, tendría un impacto terriblemente negativo precisamente en aquellas personas con menos recursos, que en una coyuntura como la actual, con casi de seis millones de desempleados, representan cada vez más un segmento mayor de la población. Pero es que además, una nueva subida impositiva en estos momentos tendría un impacto terriblemente negativo sobre el consumo, lo que conllevaría a deprimir aún más la demanda interna y, con ello, la ya de por sí maltrecha actividad económica.

Ya va siendo hora de que la Comisión se percate de que el recorrido que le queda al sistema impositivo español es el que pasa por la lucha contra el fraude. El hecho de que la presión fiscal de nuestro país se sitúe entre las más bajas de Europa no es consecuencia de la aplicación de unos tipos impositivos menores -por lo menos en lo que respecta al IVA o al IRPF, aunque no así en el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades- sino que es consecuencia directa del importante volumen de economía sumergida con la que cuenta nuestro país y de la falta aplicación de una política efectiva y a gran escala de lucha contra el fraude.

Del análisis de las recomendaciones efectuadas por la Comisión también se deduce el desconocimiento total de nuestro sistema de Seguridad Social al recomendar retrasar la edad de jubilación efectiva y mejorar la sostenibilidad del sistema. La Comisión parece desconocer que nuestro sistema fue objeto de una gran reforma en el año 2011, que contó con el respaldo del Gobierno y de los interlocutores sociales –plasmada en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (ASE)-, que ha entrado en funcionamiento a principios del presente año. También parece desconocer que España se encuentra entre los países europeos con una edad real de jubilación más alta, que ésta se ha incrementado desde el estallido de la crisis y que por ello se encuentra cercana a los 65 años. Además, también convendría recordar que el sistema de Seguridad Social se ha mantenido en número positivos hasta hace dos años, y que su entrada en números rojos ha sido consecuencia de la caída de su principal fuente de financiación, las cotizaciones sociales, como consecuencia del grave deterioro del mercado de trabajo, intensificado, precisamente, por la reforma laboral impuesta en febrero de 2012.

Por último, hablar precisamente de que la reforma laboral está empezando a tener impacto, teniendo en cuenta que nuestro país está al borde de los seis millones de desempleados, resulta una temeridad y da muestras de no ser consciente de la gravedad de la situación. Más si tenemos en cuenta que, precisamente, a raíz de su imposición, se ha agravado la situación del mercado de trabajo, se ha incrementado la destrucción de empleo, ha aumentado el número de desempleados y se han reducido los derechos de aquellos que han conseguido mantener su puesto de trabajo.

En lo que sí parece haber acertado la Comisión es en que la reforma “tiene potencial para fortalecer el vínculo entre salarios, ciclo económico y la posición de las empresas”, aunque precisamente en el sentido opuesto al que pretende ya que el vínculo que se ha creado ha resultado totalmente destructivo en todos los sentidos. Para los salarios porque sufren un gran presión a la baja que lleva a empeorar significativamente el nivel de vida de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país; para el ciclo económico, porque nos está llevando de una segunda recesión a una depresión económica en toda regla; y, por último, para la posición de las empresas, porque su posición dominante sobre los trabajadores ha llevado a intensificar la pérdida de derechos de los trabajadores.

Por último, no debemos olvidar que estas recomendaciones se producen como consecuencia de la petición de ayuda del Gobierno Español para poder llevar cabo el rescate bancario, que hasta el momento ha superado los 41.400 millones de euros. Sorprende, en cualquier caso, que mientras que a los ciudadanos y trabajadores se les continúe imponiendo -o se recomiende que se les imponga- más recetas que abocan a la continua pérdida de derechos y libertades, no se haga ninguna recomendación a la banca para que desempeñe la labor que le corresponde, haciendo fluir de nuevo el crédito a familias y empresas para así contribuir a la recuperación económica. Parece, una vez más, que los costes de la crisis no son iguales para todos y que continuará habiendo sectores privilegiados, cueste lo que cueste a la población.

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