Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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CONFEDERAL ı IPC DE ABRIL

Las subidas de impuestos, tasas, repagos y la devaluación salarial tienen mayor impacto que la moderación del IPC

La UE y el Gobierno no pueden seguir gobernando de espaldas a una ciudadanía que ya está al límite

14/05/2013 | UGT ı Nota de prensa

Los datos del IPC del mes de abril suponen un aumento mensual de cuatro décimas respecto al mes anterior, lo que implica una reducción de la tasa anual de un punto respecto a la registrada en marzo y lo sitúa en el 1,4%, la tasa anual más baja desde marzo de 2010. UGT considera que la moderación del aumento de los precios siempre es bienvenida en la medida que suaviza el coste de la crisis para la ciudadanía, pero advierte de que continuar por esa senda de recortes de derechos laborales y sociales y de caída de las retribuciones y prestaciones sociales es insostenible e inaceptable. El sindicato señala que nada de lo que propone el Gobierno o la Comisión Europea ayuda a salir de la situación de recesión de nuestra economía ni soluciona el principal drama de los hogares de nuestro país, que es el desempleo masivo, y reclama un pacto social de urgencia para salir de la crisis y poner en práctica medidas eficaces que compatibilicen crecimiento y austeridad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de abril, que ha supuesto un aumento mensual de cuatro décimas respecto al mes anterior. Esto implica una reducción de la tasa anual de un punto respecto a la registrada en marzo, situándose en el 1,4%. Es la tasa anual más baja desde marzo de 2010.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se reduce cuatro décimas, y se sitúa en el 1,9%. Con ello, esta tasa subyacente, que refleja en mayor medida el nivel estructural de nuestra inflación, pasa a situarse medio punto porcentual por encima de la tasa general.

Por lo que se refiere al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha disminuido 1,1 puntos respecto al mes de marzo, situándose en el 1,5%, una décima por encima del IPC general nacional. De este modo, el IPCA de España reduce su diferencial dos décimas respecto al IPC Armonizado de la Zona Euro (que también cae hasta el 1,2%), situándose en tres décimas. Es el diferencial más reducido desde julio de 2012, aunque hay que tener en cuenta dos cuestiones: primera, que España ya mantuvo de noviembre de 2011 a julio de 2012 un IPC inferior a la media de la zona euro; y segunda, que en España la producción cae más que en la eurozona (un punto más), lo que debería traducirse en una mayor moderación de los precios.

Valoración

La moderación del aumento de los precios siempre debe ser bienvenida, en la medida que suaviza el coste de esta terrible crisis para la ciudadanía. No obstante, este dato puntual, siendo favorable, tiene una relevancia menor en el contexto de la terrible repercusión que está teniendo la crisis para los trabajadores asalariados y para el conjunto de los ciudadanos.

La subida de impuestos (IVA, IRPF, IBI) y de tasas, los repagos farmacéuticos, o el incremento de tasas en la educación, han tenido y tienen un impacto tremendo sobre unos ciudadanos que se encuentran en muchos casos en situación límite. Además, sigue habiendo sectores que carecen de una regulación eficiente, y fijan precios eludiendo la competencia. Todo ello explica que muchos bienes y servicios básicos sigan manteniendo aumentos de precios desmesurados. Por ejemplo: algunos alimentos básicos (en el último año, la patata y sus preparados un 20,6%; los aceites y las grasas el 21,3%; o las frutas frescas el 4,7%; los medicamentos y el material terapéutico (26,3%); la enseñanza en general (10,4%) y sobre todo la universitaria (22,3%); el transporte público, tanto urbao (8,7%) como interurbano (7,2%).

A esto se añade el drástico retroceso de las retribuciones de los trabajadores, consecuencia de la innecesaria e ineficiente estrategia de devaluación salarial que está imponiendo el Gobierno al dictado del Eurogrupo.

Los salarios de convenio para 2013 aumentan solo un 0,6%, y los que se han pactado en este año lo hacen solo un 0,2%, en línea con lo pactado en el Acuerdo de Negociación Colectiva que firmaron las patronales CEOE y CEPYME con UGT y CCOO en enero de 2012 (II AENC).

Pero, más allá de esta moderación, el Gobierno ha impuesto drásticos recortes salariales a los empleados públicos, y la reforma laboral está promoviendo rebajas salariales que no se contemplan en las cifras de la subida contemplada en convenio, sino que tienen que ver con un empeoramiento de las condiciones laborales de todos los asalariados, cada vez más precarios e inestables.

Todo ello determina que los costes salariales reales de las empresas se hayan desplomado un 10% desde 2009, y que ahora estén en caída libre. Cada vez es más barato producir, y cada vez se valora menos el trabajo.

Mientras tanto, las empresas de muchas actividades no están traduciendo esa caída salarial en más inversión, menores precios y más empleo. Al contrario. Se están aprovechando del abaratamiento del trabajo para seguir consiguiendo beneficios que no se compadecen de la situación general de nuestro país. Las empresas están incumpliendo el II AENC y, en consecuencia, están defraudando a la sociedad. Sin embargo, siguen reclamando más recortes en los derechos laborales y un mayor abaratamiento del despido.

Esta política de devaluación salarial, sin contrapartidas por parte de la Administración y de las empresas, tan solo puede generar ganancias de competitividad puntuales y volátiles, inútiles en el medio plazo, mientras que producen una pérdida de calidad de vida y una aumento de los niveles de pobreza y de desprotección social estructurales, que están cambiando nuestro modelo social seguramente para muchas décadas.

Aún peor está siendo el impacto y para aquellos que tienen menos posibilidades de proteger su capacidad adquisitiva, como los 6,2 millones de trabajadores en desempleo y 9 millones de pensionistas. La congelación del IPREM desde 2010 ha estancado las prestaciones por desempleo y ha expulsado de ayudas sociales a gran número de las personas más necesitadas.

La conclusión es clara: la continuación de esta senda de recortes de derechos laborales y sociales y de caída de las retribuciones y prestaciones sociales es insostenible e inaceptable. La comisión Europea y el Gobierno de España debe escuchar este mensaje: la ciudadanía española no soporta más esta política que nos lleva al abismo. 

Nada de lo que propone el Gobierno o la Comisión ayuda a salir de la crisis, de la situación de recesión de nuestra economía, con la actividad de la mayoría de sectores y actividades en retroceso, sin demanda para sus productos, y destruyendo empleo. Ese es el principal drama de los hogares en nuestro país, el desempleo masivo, que están perdiendo su principal sustento de vida y que, en las condiciones actuales, son muy pocas las posibilidades de encontrar uno. Y también es el drama de nuestra economía como país, condenada a empobrecerse por la aplicación de unas políticas ineficientes e injustas, que solo se explican desde unos planteamientos ideológicos que nada tienen que ver con la eficiencia económica y las necesidades de la ciudadanía, y que solo pretenden desmantelar el estado de bienestar, seña de identidad hasta ahora del denominado modelo social europeo.

Por todo ello, desde UGT reclamamos un Pacto social de urgencia para salir de la crisis, con los partidos políticos y los interlocutores sociales, para poner en práctica inmediatamente medidas eficaces que compatibilicen crecimiento y austeridad, con la intervención de la Unión Europea, que nos sitúen en una senda razonable en plazos y medios para corregir nuestros desequilibrios macroeconómicos, y fundamentalmente, el elevado nivel de desempleo, sin erosionar nuestro modelo social y nuestro estado de bienestar. La Unión Europea no puede seguir siendo un proyecto que da la espalda a las necesidades de sus ciudadanos, sino que debe convertirse de una vez por todas en fuente de progreso económico y social.

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