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UGT, CCOO, ELA y CIG remiten una carta al Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal rechazando los recortes a los parados

25/07/2012 | UGT ı Nota de prensa

UGT, CCOO, ELA y CIG han remitido hoy una carta a la presidenta de la Comisión Ejecutiva Central del Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal en la que expresan su rechazo a las medidas adoptadas en materia de prestaciones por desempleo, que figuran en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, aprobado por el Gobierno. Los sindicatos manifiestan que estas medidas “suponen un ataque al colectivo más desfavorecido y que con más virulencia está sufriendo los efectos de la crisis económica” y que significan la rebaja o eliminación, en algún caso, de la percepción para 507.000 personas perceptoras de prestaciones por desempleo, así como para los beneficiarios del programa PREPARA, y esto siempre y cuando la evolución del desempleo fuera como la actual, algo poco probable pues las medidas adoptadas, provocarán una nueva oleada de destrucción de empleo.

A continuación os trasladamos el contenido de la carta:

Las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, ELA y CIG quieren poner de manifiesto ante la Comisión Ejecutiva Central del Servicio Público de Empleo Estatal, su más absoluto rechazo a las medidas que en materia de prestaciones por desempleo se han tomado y que figuran en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Para la UGT, CCOO, CIG y ELA la puesta en marcha de estas medidas en materia de prestación por desempleo, suponen un ataque al colectivo más desfavorecido y que con más virulencia está sufriendo los efectos de la crisis económica.

Las medidas adoptadas implican:

• La reducción de la cuantía del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes que supondrá una disminución de renta para el 90% de los perceptores de prestaciones

• Aumento de las cotizaciones sociales, que pasan del 65% al 100%, y que por lo tanto es una nueva disminución de su nómina de prestaciones. Reducir la cuantía de las prestaciones por desempleo para los nuevos perceptores, no permitirá que encuentren empleo antes, que es la excusa para devaluar aún más las condiciones de vida y acelerar el aumento del umbral de pobreza en nuestro país.

• Eliminación en la Renta Activa de Inserción de los beneficiarios sin empleo anterior. Según los últimos datos disponibles facilitados por el SEPE, en la distribución de beneficiarios por sector de procedencia, de los 234.397 beneficiarios que en el mes de abril cobraban la Renta Activa de Inserción, 209.874 habían accedido a ella sin haber tenido un empleo previamente, lo que supone el 90% de los perceptores de esta renta en su mayoría mujeres. La eliminación del acceso a este colectivo supone su práctica eliminación.

• La eliminación del subsidio especial para mayores de 45 años, que tras haber agotado la prestación contributiva, acceden a la asistencial, merma la renta de 165.228 perceptores (el 31% de los que acceden a la prestación asistencial por agotamiento de la contributiva)

Si la modificación que se propone para el subsidio que hasta ahora cobran los mayores de 52 años supone elevar la edad hasta los 55 años se estaría rebajando la cuantía a 132.000 perceptores.

• A todas estas medidas hay que sumar, aunque no se trate propiamente de una prestación por desempleo, la desaparición del programa de empleo PREPARA, y que supone una ayuda de 400 €, para los desempleados acogidos a este programa

Es decir, se estaría rebajando (o eliminando en algún caso) la percepción de 507.000 perceptores de prestaciones por desempleo, así como para los beneficiarios del programa PREPARA, siempre y cuando la evolución del desempleo fuera como la actual, lo que es poco probable a la vista de las medidas adoptadas, que provocarán una nueva oleada de destrucción de puestos de trabajo.

Si a estas medidas se añaden otras cuestiones que vulneran los derechos mas básicos no sólo de los trabajadores, sino de cualquier ciudadano en un estado de derecho, como por ejemplo la suspensión de la prestación por “sospecha ó indicios de fraude” y la imposibilidad de “salir al extranjero por cualquier causa y duración”, nos encontramos con una situación que para los miembros de las organizaciones sindicales representadas en esta Comisión Ejecutiva Central es absolutamente rechazable.

Por este motivo, queremos que quede constancia en Acta de la entrega de esta carta y de la posición de las organizaciones sindicales en relación con las medidas que en materia de protección por desempleo contiene el citado Real Decreto Ley 20/212.

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