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STC 225/2012, de 29 de noviembre | BOE de 29 de diciembre de 2012

A formación en los concellos galegos* | * La formación en los Ayuntamientos gallegos

06/11/2013 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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Ponente:

Pablo Pérez Tremps 

Voces:

 Ayudas a la formación de empleados públicos locales

 Competencias autonómicas invadidas

Supuesto:

Conflicto positivo de competencia planteado por la Xunta de Galicia en relación a la Orden estatal APU/4217/2004, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación, en lo que se refiere a los planes de formación promovidos por las corporaciones locales y dirigidos a empleados públicos de las entidades locales, por posible vulneración del Estatuto de Autonomía gallego.

Criterio:

Las acciones formativas que se realicen en el seno de las Administraciones públicas deben encuadrarse, a efectos de su competencia, en la materia de régimen estatutario de los funcionarios o de la legislación laboral, según sea la naturaleza del vínculo de los empleados públicos, de manera que respecto a la primera le corresponde al Estado dictar la normativa básica (art. 149.1.18 CE) y a la Comunidad Autónoma de Galicia el desarrollo legislativo y la ejecución de dichas bases (art. 28.1 de su Estatuto); mientras que en la segunda la competencia normativa completa corresponde al Estado y a la Comunidad Autónoma su ejecución (art. 149.1.7 CE) (fj 3).

Descarta el TC que la gestión estatal de estas subvenciones resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios (fj 5).

Por lo expuesto se considera que el apartado 3 del artículo 4 de la Orden vulnera las competencias de ejecución de la Xunta de Galicia, al encomendar al INAP el ejercicio de funciones de tramitación y gestión de las ayudas, que pertenecen al ámbito competencial autonómico; así como el artículo 9, que regula el procedimiento de reintegro de los fondos, norma de carácter procedimental que debe ser dictada por la Comunidad Autónoma (fj 6).

Reitera criterio:

SSTC 38/2012, de 26 de marzo (fj 4); y 111/2012, de 24 de mayo (fj 7).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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