Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Viernes, 20/07/2018
Portada > noticia
STC 007/2013, de 17 de enero | BOE de 12 de febrero de 2013

A más a más con la formación continua

24/01/2014 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponentes:

Fernando Valdés Dal-Ré

Voces:

  • Formación continua en las Administraciones Públicas

Supuesto:

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat catalana contra la Resolución que ordena la publicación del IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones públicas, en concreto la regulación de las ayudas referidas al personal de las entidades locales.

Criterio:

Si las acciones formativas se refieren a personal funcionarial o estatutario, le corresponde dictar la normativa básica al Estado (art. 149.1.18 CE) y a la Comunidad Autónoma de Cataluña su desarrollo legislativo y la ejecución de dichas bases (arts. 136.a/ y c/ y 160.1.a/ y 2 Estatut), mientras que si aquéllas se dirigen a los empleados públicos laborales, la competencia normativa es del Estado (art. 149.1.7 CE) y su ejecución a la Comunidad Autónoma (170.1.b/ Estatut) (fj 3).

Refiere el TC su esquema de cuatro supuestos de delimitación competencial relativo a la potestad subvencional recogido en su STC 13/1992; para concluir que el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas no permite disponer a la Administración catalana de una capacidad real y efectiva para la aprobación de los planes de formación continua del personal al servicio de las entidades locales de su territorio, y por tanto la gestión de los fondos destinados a su financiación (fj 4).

Se declaran inconstitucionales diversos artículos del referido Acuerdo relativos a determinadas funciones conferidas a la Comisión de Formación Continua de la Administración Local, constituida en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias, que deben ser asumidas por el órgano que la Administración catalana determine; y concretamente las funciones de aquella Comisión relacionadas con la aprobación de la solicitud y modificación de planes interadministrativos, su seguimiento y control y la resolución de las discrepancias que surjan en su negociación, que resultan asimismo inconstitucionales (fj 5).

Reitera criterio:

SSTC 13/1992, de 6 de febrero (fj 8); 190/2002, de 17 de octubre (fj 8).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek