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STC 220/2012, de 26 de noviembre | BOE de 29 de diciembre de 2012

Al filo de la caducidad

04/11/2013 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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Ponente:

Pablo Pérez Tremps 

Voces:

• Derecho a la tutela judicial efectiva

• Caducidad de la acción y principio pro actione

Supuesto:

Trabajador que impugna su despido dirigiendo su demanda inicialmente contra la entidad Mediterránea de Catering Senior SL, que constaba en el encabezamiento de la carta de despido, en lugar de su auténtica empleadora cuya razón social es idéntica excepto la palabra “senior”, ampliándose la demanda una vez celebrada la vista, ante las alegaciones del letrado de la empresa. Estimada la demanda por el Juzgado de lo Social 2 de Málaga, resulta revocada por el TSJ de Andalucía que estima la caducidad de la acción respecto a la única y real empleadora. El TS inadmite el intento de casación.

Criterio:

El TC ha reiterado que es un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones (art. 24.1 CE), verificándose de forma más intensa el control constitucional de las decisiones de admisión por el principio “pro accione”, que es de obligada observancia y que supone que se vulnera el derecho fundamental cuando se presenten interpretaciones de las normas manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que la causa legal aplicada preserva y los intereses que se sacrifican (fj 2).

En el presente caso la confusión de los datos sobre la razón social de la empresa no le son imputables a la parte demandante, acreditándose que las dos empresas codemandadas compartían domicilio social y administradores sociales, el mismo departamento de personal y actuaban bajo una misma marca en el comercio mercantil, siendo representadas en el proceso por un solo abogado, de forma que hubo conocimiento temporáneo de la acción judicial por la empresa y una decisión judicial excesivamente rigorista y contraria al principio “pro accione” (fj 4).

Se otorga el amparo.

Reitera criterio:

STC 22/2011, de 14 de febrero (fj 3).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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