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DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO INCAUTADO POR EL RÉGIMEN FASCISTA DE FRANCO

Caldera se compromete a resolver en el plazo de un año todas las reivindicaciones de organizaciones afectadas por la Guerra Civil

El Congreso convalida el Decreto Ley de Devolución de Patrimonio Sindical, sin opción a cambios

24/11/2005 | Europa Press

El Pleno del Congreso aprobó hoy, con el rechazo de PP e IU-ICV y la abstención del PNV, CC-NC y Nafarroa Bai, la convalidación del Decreto Ley sobre Patrimonio Sindical, que devuelve los bienes incautados al sindicato UGT durante la Guerra Civil y los años posteriores. La Cámara Baja también rechazó, con los votos del PSOE y de CiU, que se tramitara como proyecto de ley, por lo que se cierra la posibilidad de introducir cambios en el texto.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó que la ley de cesión de bienes de Patrimonio Sindical acumulado de 1986 ha cumplido parcialmente sus objetivos por la dificultad de acreditar la titulación de bienes en base a los requisitos exigidos, y que "no tuvieron en cuenta las circunstancias especiales" de la Guerra Civil y los años posteriores de dictadura.

Caldera señaló que esto puede llevar a "una judicialización de la situación" en el caso de que organizaciones afectadas por incautaciones recurran a los tribunales reclamando devolución de bienes incautados. "Por eso se pide la modificación de esta ley, tanto por justicia como por seguridad jurídica", agregó Caldera.

"PAGAR DEUDA MORAL CON ORGANIZACIONES EXPOLIADAS"

El titular de Trabajo insistió en que "hay una deuda moral y material" con las organizaciones sindicales "que fueron expoliadas", y recordó que desde 1986, cuando se aprobó la actual norma, se ha procedido a la devolución de 577 inmuebles reclamados, aunque reconoció que aún quedan pendientes de resolver más de 4.000 expedientes.

"El Decreto Ley permite tener un marco adecuado y operativo para responder a la necesidad de devolver a las organizaciones sindicales el patrimonio incautado por la dictadura y proceder a la reparación de una deuda ética causada por un levantamiento militar. Hay que devolverles lo que es suyo, y esa reparación que no se ha hecho completa en 20 años no puede esperar más".

PP: “DECRETO LEY ES CONDONACION DE UN CREDITO”

El portavoz adjunto del PP, Vicente Martínez Pujalte (cuya formación fue la única que se opuso a la convalidación) afirmó que el Decreto Ley "nada tiene que ver" con los argumentos expuestos por Caldera porque "bajo la apariencia" de la devolución de un patrimonio histórico "se permite la condonación de un crédito que un determinado sindicato tiene con el ICO", como consecuencia de "un tremendo error que acabó con la crisis de la PSV (la antigua cooperativa de viviendas de UGT) y provocó que 12.000 trabajadores perdieran sus ahorros".

En el mismo sentido, Pujalte denunció que el Decreto Ley "no sirve a fines generales sino a intereses particulares" y que sólo busca "arreglar el problema de un determinado sindicato mediante "un manejo opaco y adulterado del dinero de los contribuyentes".

"Los requisitos del Decreto Ley sólo buscan la resolución del crédito del sindicato afín al Gobierno --continuó--, que ayuda con nocturnidad y alevosía a sus amigos con el dinero de los españoles".

El diputado 'popular' preguntó además a Caldera si todos los diputados del Grupo Socialista comparten los objetivos que recoge el Decreto Ley y si todos hubieran votado a favor de la tramitación en caso de no tener que responder a la disciplina de voto. También advirtió de que la convalidación crearía "inseguridad jurídica" por alterar los requisitos exigidos para reclamar devolución de bienes por entender que el Decreto Ley está diseñado para UGT.

CiU: "DECISION POCO TRANSPARENTE"

El diputado de CiU Carles Campuzano aseguró que el Decreto Ley es una iniciativa "poco transparente, torpe y de escasa responsabilidad", aunque apoyó su convalidación para no bloquear "la resolución de un problema legítimo". En este sentido, pidió al Gobierno que se comprometa a resolver los problemas similares de otras organizaciones poniendo fechas concretas.

Joan Tardá (ERC) explicó que "lo importante" del Decreto Ley es la restauración del patrimonio histórico de bienes incautados "por el fascismo", aunque aprovechó para reclamar al Ejecutivo que aproveche las iniciativas presentadas por otros grupos sobre recuperación de Memoria Histórica para resolver definitivamente las reivindicaciones de patrimonios incautados por la Guerra Civil y los años siguientes.

Desde el PNV, Emilio Olabarría reconoció que la convalidación de la iniciativa le producía "dudas metafísicas", sobre todo en cuanto a las "fórmulas legislativas peculiares y la flexibilidad de requisitos para que una determinada organización recuperara sus bienes, como se ve en la Memoria Económica del Decreto Ley". Así, comparó esta situación con las dificultades que el PNV tuvo para recuperar su patrimonio y lamentó que el Ejecutivo no haya tenido una actitud más dialogante.

IU-ICV: "SUENA A TRATO DE FAVOR"

El representante de Izquierda Verde (IU-ICV) en el debate, Angel Pérez aseguró que su formación no podía convalidar "una torpeza interesada por razones formales y políticas". Y además denunció que el Decreto Ley "suena a trato de favor y medida unilateral" y coloca a una organización política (UGT) "en el ojo del huracán". También criticó al Gobierno por no haber tenido otra actitud de diálogo y lo achacó a "un acceso de prepotencia dividiendo donde no se puede dividir".

Luis Mardones (CC-NC) llamó la atención por el hecho de que la iniciativa sea "una manzana de la discordia" entre organizaciones sindicales y partidos políticos por el "agravio comparativo" que supone. Así, hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios y al Gobierno "para evitar encrespar más la situación entre los sindicatos, a los que los españoles deben mucho".

En el Grupo Mixto hubo división de voto, ya que Nafarroa-Bai reconoció que estaba de acuerdo con los motivos esgrimidos por Caldera pero no con el procedimiento elegido, por lo que se abstuvo; mientras que CHA y BNG votaron a favor de la convalidación reclamando no obstante al Gobierno más diálogo con todas las organizaciones afectadas por incautación de patrimonio.

Por su parte, el diputado socialista Jesús Membrado señaló que el Decreto Ley obedece a "una justicia democrática difícil de eludir" y que su convalidación "recuperaba una parte importante de la historia de España"."No podemos tener una ley abierta 20 años mas", explicó.

RESOLUCION EN EL PLAZO DE UN AÑO

Al término del debate y antes de la votación, Caldera tomó la palabra para responder a las formaciones que le pedían un mayor diálogo para anunciar que el Gobierno se reunirá con la Comisión Consultiva Nacional de Patrimonio Sindical para estudiar la situación de otras organizaciones afectadas, comprometiéndose a resolver sus reivindicaciones en el plazo de un año.

"El Decreto Ley convalidado hoy no está hecho a medida de una sola organización, y yo me comprometo a resolver en el plazo de un año todos sus problemas convocando a esa Comisión para dar cauce a todas las reivindicaciones legítimas de los sindicatos".

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