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STC 109/2011, de 22 de junio | BOE 19 de julio de 2011

Cuando se dispara con pólvora autonómica

30/01/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

  • Adela Asua Batarrica

Voces

  • Retribuciones de funcionarios autonómicos fijadas por el Estado y principio de lealtad institucional

Supuesto:

Conflicto positivo de competencia que plantea la Junta de Andalucía contra el RD 1909/2000, que fija complemento de destino a funcionarios de distintos cuerpos de la Administración de Justicia y del Instituto de Toxicología, por considerar que se vulneran las competencias autonómicas en materia de Justicia, al fijarse tal complemento pero sin previsión y dotación presupuestaria estatal, afectando a la suficiencia de recursos para el ejercicio de las competencias autonómicas y condicionando indebidamente el ejercicio de las mismas en materia de Justicia.

Criterio:

Recuerda el TC que el establecimiento del sistema retributivo de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia, que garantiza la configuración uniforme para todos sus miembros, es competencia del Estado (art. 149.1.5 CE) (fj 4).


La cuestión de este procedimiento deriva de la distribución de competencias estatales y autonómicas, en la que resulta conveniente utilizar los mecanismos de colaboración que permitan una articulación adecuada de las mismas, por lo que el cauce para su resolución descansa en las previsiones relativas al principio de lealtad institucional y al concepto de suficiencia del sistema financiero en su conjunto que garantice el adecuado ejercicio de las competencias autonómicas. En este caso la medida cuestionada ha generado un aumento del gasto, que no ha alcanzado una magnitud que por si mismo pueda poner en riesgo la suficiencia de la Hacienda andaluza, como tampoco se ha demostrado que la situación no pueda ser corregida a través de las vías al efecto previstas en el bloque de constitucionalidad en la materia (fj 6).

Se desestima el conflicto positivo de competencia planteado.

Reitera criterio:

SSTC 253/2005, de 11 de octubre (ffjj 5, 12 y 13); 13/2007, de 18 d enero (fj 5); y 31/2010, de 28 de junio (fj 52).

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

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