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¿A 1985?

Del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad a la tutela de su decisión

08/02/2012 | Secretaria Federal de Igualdad y Juventud CHTJ-UGT

Según ha avanzado el Ministro de Justicia en los últimos días, el gobierno pretende reformar la legislación sobre el aborto (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva) para eliminar el sistema de plazos y volver al de supuestos.

Hasta 2010 el aborto era un delito. Las mujeres solo podían interrumpir su embarazo en casos de violación (hasta la semana 12 de gestación), malformaciones (hasta la semana 22) y riesgo para la salud física y psicológica de la mujer (sin plazo).

Este sistema llevó a que muchas mujeres alegaran este último supuesto para recurrir al aborto lo que, de hecho, se constituyó en un “coladero”. Su voluntad y decisión quedaba en manos de los profesionales sanitarios, al no haber un reconocimiento de la decisión de la propia mujer.

La concepción del aborto como un derecho, vino reconocido en la nueva Ley, de modo que se dieron las condiciones para que las mujeres pudieran decidir libremente, en los plazos establecidos, sobre un derecho y un hecho tan trascendental en su vida como el ser madres, además de un reconocimiento de su decisión y una mayor seguridad jurídica. Toda vez que esta nueva norma se inspira en las leyes de plazos existentes en otros países de Europa.

De los avances anunciados por el gobierno, con los que nos hemos desayunado estos días, se desprende que vamos a volver a una legislación de supuestos “inspirada en la Ley de 1985” –por cierto, también recurrida en su día por Alianza Popular-, lo que supondría una vuelta atrás y una pérdida de derechos, al pretender la eliminación de la autonomía de las mujeres a decidir su maternidad, así como una enorme indefensión jurídica.

Lo que está en cuestión, por lo declarado por Gallardón, es que el aborto se contemple como un derecho de las mujeres (como consagra la Ley de salud sexual y reproductiva), alegando que la reforma de la ley que pretenden se inspirará en la “defensa del derecho a la vida”, acercándose a lo legislado en 1985.

Todo apunta a que el gobierno no tiene intención de esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto, por el PP, a la Ley de plazos de 2010, para volver a legislar sobre este asunto, lo que demuestra el fuerte tinte ideológico de sus decisiones, importándole poco el pronunciamiento que pueda hacer el Constitucional y por encima de los derechos de las mujeres.

Desde luego, el Ministro de Justicia no podrá alegar que la Ley de salud sexual y reproductiva haya propiciado un aumento en las cifras de abortos practicados desde su entrada en vigor, a pesar de que estas podrían haber crecido en relación al número de abortos que antes se practicaban en la clandestinidad.

Precisamente, el que se vuelva a penalizar el aborto, no va a suponer que este no se vaya a producir, al contrario, llevará a que muchas mujeres se vean obligadas a prácticas poco seguras, clandestinas, que podrían poner en peligro su salud y su vida.

En definitiva, lo que se anuncia, nos puede llevar a un retroceso inaceptable que se apoya en el hecho de que las mujeres no son responsables de su propio destino, sino que sólo podrán tomar decisiones concretas sobre él cuando la ley se lo permita.

El derecho a la libertad individual se constituye en un tema esencial ante el que no se pueden contraponer las opiniones y tutelas moralizantes. Porque cada una de las mujeres debe ser única en su decisión.

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