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STC 194/2011, de 13 de noviembre | BOE 11 de enero de 2012

Discapacitat, alternativa i Estatut d'Autonomia | Discapacidad, alternativa y Estatuto de Autonomía

07/09/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

Pablo Pérez Tremps

Voces:

  • Competencia autonómica de ejecución en medidas a favor de trabajadores discapacitados

Supuesto:

Conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat catalana contra el art. 8 de la ya derogada Orden de 24 de julio de 2000 del Ministerio de Trabajo, que respecto al procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores, preveía, cuando la empresa dispusiera de centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma, que el órgano competente fuera el antiguo INEM.

Criterio:

El RD 27/2000, del que la Orden ahora cuestionada era desarrollo, ha sido derogado por el RD 364/2000, de 8 de abril, que ya prevé, en lo que ahora interesa, que la competencia para resolver sobre la materia referida corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal cuando la empresa afectada disponga de centros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma, salvo que al menos el 85% de la plantilla radique en el territorio de una Comunidad Autónoma, en cuyo caso será competente su propio servicio público de empleo (fj 2).

La doctrina constitucional ha sentado que las actuaciones ejecutivas autonómicas, por el hecho de que generen consecuencias más allá del territorio de las CCAA que hubieran de adoptarlas por estar así previsto en sus Estatutos, no revierten al Estado como consecuencia de tal efecto supraterritorial, pues semejante traslado de la titularidad, que ha de ser excepcional, solo puede producirse cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de competencia, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él, y aún en este caso, siempre que dicha actuación tampoco puede ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación (fj 5).

En el presente caso la actuación ejecutiva discutida ha de corresponder a la Comunidad Autónoma, en tanto que titular de las competencias, siendo la previsión contenida en la derogada Orden impugnada contraria a los arts. 149.1.7 CE y 170 del Estatuto catalán.

Reitera criterio:

SSTC 102/1995, de 26 de junio (fj 8); y de 194/2004, de 4 de noviembre (fj 7)

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

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