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Jueves negro para los ciudadanos

El Congreso, con la mayoría absoluta del PP, aprueba la política antisocial del Gobierno

19/12/2013 | UGT

El Congreso ha revalidado hoy varios aspectos de la política antisocial que practica el Gobierno del PP y que suponen menos derechos y más recortes para los ciudadanos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 persisten en el recorte social y lastran la salida de la crisis; la contrarreforma en pensiones que, además de romper el consenso social y político en esta materia, empobrece a todos los pensionistas, presentes y futuros; la aprobación de la reforma de la Administración local, que conlleva menos servicios públicos y más destrucción de empleo; y la reforma eléctrica, que vuelve a cargar sobre los ciudadanos la oscura gestión de unas compañías que siguen ganando beneficios. Es un jueves negro para los ciudadanos porque estos elementos ahondan, en definitiva, en más pobreza y más desigualdad social. El Gobierno del PP a vuelve utilizar así una mayoría absoluta conquistada en base a falsas promesas electorales.

Si hace dos años cuando la crisis económica era ya una realidad, los ciudadanos pudieran haber adivinado que todo lo que se prometía iba a ir en la dirección contraria, posiblemente no nos veríamos abocados a este jueves negro en el que el Congreso, donde prevalece la mayoría absoluta del PP, ha revalidado las políticas del Gobierno que redundan en el recorte social. Se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado para 2014, que lejos de ser los de la recuperación, persiste en el recorte social, una reforma de pensiones, sin consenso, regresiva y que empobrece a todos los pensionistas, presentes y futuros y una reforma de la Administración local que menoscaba lo público y supondrá más destrucción de empleo y menos servicios para los ciudadanos. 

Las cuentas del Estado para 2014 no van a favorecer la recuperación pues carecen de actuaciones precisas para impulsar el crecimiento y el empleo. Son unos Presupuestos que persisten en el recorte y que, por tanto, supondrán demorar la salida de la crisis. Estas cuentas carecen de credibilidad y transparencia y han tenido que enfrentarse a 11 enmiendas de totalidad por parte de la mayoría de los partidos políticos. 

Estas cuentas no contienen medidas para facilitar el crecimiento. Así no promueven una mejora de nuestra base industrial, ni apoyan decididamente el I+D+i, ni contienen inversiones selectivas y estratégicas, ni refuerzas las dotaciones para formación y cualificación profesional. Tampoco corrigen los destrozos realizados en los dos últimos ejercicios sobre el Estado de Bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que siguen en la senda de agudizar los recortes ya efectuados. Baste dos ejemplos: la nueva congelación de los sueldos de los empleados públicos, por cuarto año consecutivo (ya han perdido más de un 20% de poder de compra en este periodo) y la aprobación de una reforma de pensiones que también supondrá una importante reducción del poder adquisitivo de los pensionistas. Ambos factores suponen un nuevo revés para el consumo y la reactivación económica. 

Más grave es el vacío que se hace al principal problema de nuestro país el desempleo. Basten unos datos: Las políticas activas destinadas al empleo consolidan la caída que sufren desde 2010 (desde entonces se han reducido a la mitad, en casi 4.000 millones de euros) y los fondos destinados a la protección por desempleo se reducen un 5,8%, con relación a lo presupuestado en 2013 (teniendo en cuenta los ajustes realizados a mitad de ese año). En conjunto, los recursos del Servicio Público de Empleo Estatal se recortarán en 2.200 millones respecto del presupuesto ajustado del año anterior. Hay que recordar que nuestra tasa de paro se sitúa en el 26% y que las prestaciones por desempleo solo cubren a 6 de cada 10 desempleados inscritos en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo. 

Estos Presupuestos inciden también en el desmantelamiento del sector público (en el último año y medio se han perdido ya 290.000 empleos, uno de cada cuatro). Así, solo se establece una tasa de reposición del 10%, es decir una de cada diez bajas en la Administración Pública y en áreas de actividad limitadas. 

Especialmente grave es lo que está pasando con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). El Gobierno pretende eliminar el pago directo por el FOGASA de los 8 días de indemnización para las empresas de menos de 25 trabajadores. Esta medida supone el segundo recorte en las prestaciones del FOGASA. El primer recorte se produjo con el RD-Ley 20/2012. Entonces el número de días por impago de salarios, pasó de 150 a 120 días y en relación al salario base para el cálculo de la indemnización se pasó del triple del salario mínimo al doble. Por eso, UGT ha alertado sobre esta segunda reforma laboral que se pretende aplicar en el FOGASA, una vez más sin consultar, ni informar al Consejo Rector de este organismo. 

Conviene recordar que el Gobierno del PP, amparado en su mayoría absoluta, ha despreciado el diálogo social, y ha ignorado cualquier tipo de consenso, tanto en el ámbito político como social. Esto ha sido así en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y en dos reformas esenciales, con claras tachas de inconstitucionalidad: la reforma de pensiones y la reforma de la Administración Local. UGT ha pedido la retirada de ambas y puso en marcha sendas campañas alertando sobre las consecuencias de las mismas.

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