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Lunes, 28/05/2018
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NO A LA REFORMA LABORAL

El "despidazo" y el "decretazo", pautas de una reforma laboral que empobrecerá más a nuestro país

Los datos de Contabilidad Nacional revelan que las políticas de recorte sólo conducen a más paro y más recesión

16/02/2012 | UGT

Los datos de Contabilidad Nacional, relativos al IV trimestre del año, revelan que los políticas de ajuste y control estricto del déficit están empobreciendo a los ciudadanos y nos conducen irremediablemente a menos empleo, más paro y más recesión. El Gobierno español se ha alineado con estas políticas de recorte siguiendo fielmente las directrices marcadas por el Gobierno alemán y con la reforma laboral ha antepuesto una ideología radical y desreguladora, marcada por los mercados y los grupos más ultraliberales, a las necesidades de la economía y de las familias. UGT considera que la reforma laboral es dañina para nuestro país, y se define por dos conceptos: el despidazo y el decretazo. El sindicato acusa al Gobierno de quebrar, unilateralmente, los pactos alcanzados de forma autónoma por empresarios y sindicatos en el II AENC y afirma que trabajará para revertir, por todos los medios, esta reforma laboral tan regresiva. Al mismo tiempo, insta al Gobierno para que rectifique y enmiende los aspectos más lesivos de la norma durante su tramitación parlamentaria.

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del cuarto trimestre del pasado año, hechos públicos hoy por el INE, muestran como nuestra economía se dirige de forma inequívoca a una nueva recesión.

La actividad en este último trimestre descendió un -0,3% respecto del trimestre anterior, y la tasa anual se redujo cinco décimas, hasta el 0,3%, la más baja desde hace un año y medio.

Por el lado de la demanda, este nivel global de crecimiento resulta de un comportamiento muy diferenciado de su componente externo, que suma 3,2 puntos, y del interno, que resta 2,9 puntos, y que en el último trimestre ha empeorado esta contribución negativa en 1,5 puntos. Es en la demanda interna, en definitiva, donde los datos del cuarto trimestre mejor reflejan el desplome intenso y generalizado de nuestra actividad.

Se ha hundido el consumo de los hogares, que supone aproximadamente el 60% del gasto total de nuestra economía, pasando de un leve crecimiento del 0,5% en el tercer trimestre a una caída del -1,1%; se ha intensificado el descenso de la inversión, del -4% al -6,2%; y el gasto de las AAPP sigue decreciendo a un ritmo del -3,5%.

Pero es que además el aumento de la aportación positiva del saldo exterior no se deriva en el cuarto trimestre de un incremento de las exportaciones, como sería deseable, sino de la abrupta caída de las importaciones, que han pasado de aumentar el 0,9% en términos anuales a reducirse un 5,9%. Otro síntoma inequívoco de la paralización del gasto en nuestro país, en este caso de los bienes y servicios que vienen del exterior.

Desde el lado de la oferta, la pérdida de pulso de nuestra economía también se aprecia de forma generalizada (los cuatro grandes sectores empeoran sus resultados), pero sobre todo es muy señalada en el caso de la industria, que ha pasado de crecer un 2,8 en el tercer trimestre a caer un 0,4% en el cuarto. La construcción, por su parte, mantiene su ritmo de fuerte descenso, del -3,7%.

Esta recaída generalizada de la actividad ha tenido su reflejo directo en el empleo, que ha agudizado su ritmo de destrucción. El número de ocupados (medidos en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) cayó en el cuarto trimestre a una tasa anual del 3,3%, el peor registro desde el primer trimestre de 2010. Esto supone una pérdida de casi 570.000 empleos en el último año.

Por lo que se refiere a la distribución primaria de las rentas, sigue destacando la intensa moderación de la remuneración de los asalariados (-2,1%), que provoca que los costes laborales unitarios se estén reduciendo de forma continua desde hace más de dos años. En el cuarto trimestre esta contención se ha agudizado, pasando de caer a un ritmo del -1,5% al -2,5%.

Paralelamente, los excedentes de las empresas y las rentas de los autónomos crecen a un elevadísimo ritmo del 6,6%. Esta dispar evolución (ultramoderada en los costes laborales y expansiva en los márgenes de las empresas) determina que la totalidad de la inflación de nuestro país se debe a la presión que ejercen las rentas empresariales, que aportan 2,8 puntos al deflactor del PIB. Por el contrario, los costes laborales son deflacionistas, restando 1,2 puntos de inflación. (El deflactor del PIB, medida de inflación de los bienes de producción internos ha sido en el cuarto trimestre del 1,2%).

CONCLUSIONES

Los datos de la Contabilidad Nacional dibujan un escenario de extremada gravedad para nuestra economía y para nuestro empleo. Avanzamos de forma evidente hacia una situación depresiva, con el consumo de las familias bajo mínimos, un drástico recorte de los gastos de las AAPP y la inversión de las empresas retrocediendo. Solo el sector exterior mantiene el tono, en parte por el notable crecimiento de las exportaciones, pero también por la paralización de las importaciones, otro signo de nuestro estancamiento del consumo y de la inversión nacionales.

Ello es sinónimo de menos empleo y más paro, cuando ya nuestra situación es insostenible en esta materia. Las previsiones de los principales organismos internacionales y del propio Gobierno así lo confirman.

En este estado de cosas, los ciudadanos se preguntan hasta cuando piensan mantener las autoridades europeas su empecinamiento en una política de ajuste empobrecedor, supeditadas absolutamente a las decisiones de la canciller alemana y con el beneplácito francés.

Y, pese al escaso tiempo que lleva en ejercicio, cada vez es más evidente que el Gobierno español participa de esta reduccionista visión de la realidad, puesto que ya ha demostrado su sintonía y sumisión a esta errónea estrategia económica.

En el ámbito de sus responsabilidades directas el Gobierno español ha abordado esencialmente cuatro líneas de actuación: un ajuste de gastos que estrangula cualquier posibilidad de despegue; una reforma financiera bienintencionada pero insuficiente y con escasas garantías; una subida de impuestos puntual y con exclusivo ánimo recaudador, que también detrae recursos de las familias; y una reforma laboral que destruye buena parte de los cimientos de nuestro derecho laboral y que promueve la individualización de las relaciones de trabajo y la indefensión del asalariado.

En definitiva una agenda política fuertemente ideologizada y de desastrosas consecuencias para nuestra capacidad de desarrollo y para nuestra cohesión social.

Cada vez es más evidente que, como hemos mantenido siempre desde la UGT, sólo con medidas de ajuste del gasto y sin medidas simultáneas de estímulo de la actividad no será posible salir de la crisis a nivel europeo, ni mucho menos en nuestro país, en peor situación relativa.

Con todo, hasta hace una semana la falta de ideas e iniciativas del Ejecutivo para impulsar la actividad podía atribuirse a la persistencia de un diagnóstico equivocado, o sencillamente a una incapacidad manifiesta para entender que, en épocas de estancamiento de la demanda, medidas de ajuste desmesurado no mejoran la situación, sino que la agravan.

Pero con la aprobación de la reforma laboral el Gobierno ha dejado claro que en realidad lo que sucede es que ha antepuesto conscientemente su planteamiento ideológico más radical y desregulador a las necesidades de la economía y de las familias. Ha preferido dejar claro que gobierna para favorecer a sus partidarios, a los mercados y a los grupos de presión más ultraliberales, que para sentar las bases de una salida de la crisis más rápida y solidaria.

Porque, de forma unilateral, sin informar siquiera a los interlocutores sociales con el mínimo tiempo y detalle que exige el respeto institucional que ha venido imperando en nuestro país desde hace más de veinte años, el Gobierno ha aprobado una reforma laboral que facilita hasta extremos desconocidos el despido en nuestro país, y que otorga a los empresarios un poder prácticamente absoluto en las decisiones relativas a las condiciones de trabajo en la empresa.

Los interlocutores sociales hemos dado muestras de responsabilidad y compromiso para salir de la crisis, pactando bilateralmente el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluye medidas muy importantes en materia de flexibilidad interna, articulación de la negociación colectiva y moderación de las rentas y los precios. Pero, frente a este comportamiento responsable, el Gobierno contrapone la ruptura de facto de las vías de diálogo, al abandonar las mínimas reglas de transparencia y participación institucional y quebrar unilateralmente los pactos alcanzados de forma autónoma por empresarios y sindicatos en las materias en que somos competentes.

Una estrategia sorprendente y muy dañina: en época de recesión y destrucción de empleo, facilitar el despido. Y en época de incertidumbres y falta de confianza, ruptura del diálogo y decretazos.

En este caso, el Gobierno ha aprobado el “despidazo”. Y, con ello, como declaró la Ministra de Empleo en la rueda de prensa posterior a la aprobación de la reforma por el Consejo de Ministros, ha marcado “un antes y un después”, al menos en el cómputo de sus responsabilidades en cuanto al efecto de la crisis económica sobre el empleo.

El Gobierno no puede seguir escudándose en la gestión heredada del Ejecutivo anterior, y debe rendir cuentas de cada parado nuevo, de cada nuevo despido y de cada día que la reactivación se retrasa. Todo ello es ya el efecto sus medidas unilaterales y son, por tanto, sus responsabilidades.

Desde UGT vamos a trabajar para revertir por todos los medios las medidas aprobadas en esta regresiva reforma laboral. El Gobierno está a tiempo de rectificar y enmendar los aspectos más lesivos de esta norma durante su tramitación parlamentaria.

Igualmente, vamos a seguir aportando nuestras propuestas para cambiar la política económica imperante tanto en nuestro país como en la zona euro, que nos está llevando a una situación de depresión económica y elevado desempleo inaceptable, a la que pretenden sumar ahora la pérdida de derechos laborales conseguidos hace décadas. En suma, seguiremos trabajando por un crecimiento sostenible, duradero y equilibrado, generador de más empleo, estable y con derechos. Algo perfectamente posible con otras políticas.

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