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25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

El Gobierno antepone las cuestiones económicas a problemas sociales, como combatir la violencia contra las mujeres

23/11/2012 | UGT

Combatir la violencia de género no es una prioridad para este Gobierno, que antepone las cuestiones económicas a las necesidades de las personas.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 prevén un recorte del 6,8% en la lucha contra la violencia de género, y de un 6% en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, con el añadido de un recorte a las Comunidades Autónomas de un 20% en los programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género.

El cierre de casas de acogida, la reducción de subvenciones a las asociaciones que se encargan de asesorar y defender a las mujeres víctimas de violencia de género, el cierre de varios de juzgados y centros de atención especializada, el endurecimiento para acceder a la Renta Activa de Inserción que perciben una mayoría de las afectadas por este problema, o incluso el establecimiento de tasas judiciales abusivas, que impedirán a muchas mujeres interponer demanda de divorcio debido al encarecimiento del proceso judicial son algunos de los ejemplos de la gestión política de un Gobierno que no parece muy preocupado en resolver esta lacra social.

Un Gobierno que además ha impuesto una reforma laboral que deja más vulnerables en este ámbito a las mujeres víctimas de violencia machista.

UGT, que reitera su compromiso para combatir este problema social, considera que la crisis económica no puede ser una excusa para retroceder en cuestiones tan vitales e importantes como es acabar con la violencia contra las mujeres.

El 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, declarado por Naciones Unidas hace ya trece años, se celebra este año en uno de los escenarios más duros de los últimos tiempos. Un escenario plagado de recortes económicos y de retroceso en derechos sociales de los cuales las mujeres son las principales víctimas. 

Recortes en el empleo público y en los derechos laborales de este sector donde las mujeres tienen mayor presencia, recortes en servicios como educación, sanidad, transporte, servicios sociales y de cuidados a mayores y menores, de los que las mujeres son las principales usuarias y beneficiarias; recortes en los derechos sexuales y reproductivos, para que no sean las mujeres las que puedan decidir en qué momento de su vida acceden a la maternidad. Pero lo más grave de todo es el mensaje reiterativo, de que las mujeres hemos alcanzado las mismas cotas de igualdad que los hombres en todos los ámbitos, y que por ello ya no es necesario implementar políticas de igualdad. Para el Gobierno, el derecho constitucional a la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres es un derecho de segunda clase al que por la situación económica actual no se debe prestar mayor atención. 

Mientras en los actos conmemorativos representantes del Gobierno se jactan de hacer políticas que protegen a las mujeres contra la violencia machista, en su gestión política cierran casas de acogida, reducen las subvenciones a las asociaciones de mujeres que se encargan de asesorar y defender a las mujeres víctimas de violencia de género. Han recortado el personal público al servicio de los juzgados de violencia de género y las plantillas de las instituciones y organismos dedicados a atender a las mujeres en situación de violencia de género. Además, han procedido al cierre de varios de estos juzgados y centros de atención especializada, han endurecido el acceso a la Renta Activa de Inserción, que perciben en su mayoría mujeres en esta situación (más de 29.000 en 2011 y 27.444 perceptoras de RAI con esta condición, desde enero a septiembre), y han impuesto unas tasas judiciales abusivas que impedirán a muchas mujeres interponer demanda de divorcio debido al encarecimiento del proceso judicial. Todo ello viene a constatar donde están las prioridades de este Gobierno, y no es precisamente la de ayudar a combatir la violencia contra las mujeres. 

Pero además, la situación en la que se encuentran las mujeres en nuestro país, lejos de mejorar tiende a empeorar, y muy especialmente la de las mujeres víctimas de violencia de género, pues los Presupuestos Generales del Estado para 2013 prevén un recorte en políticas de igualdad entre mujeres y hombres del 24,1% , en la lucha contra la violencia de género, de un 6,8% y de un 6% en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, con el añadido de un recorte a las CC.AA de un 20% en los programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género. 

Denunciamos también que la reforma laboral tendrá un mayor impacto negativo en las trabajadoras víctimas de violencia de género, pues la posibilidad de ser despedidas debido a las ausencias al trabajo que la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género declaró como faltas justificadas, ya no suponen una protección ante el despido, además del endurecimiento en el acceso a los derechos de reducción de jornada para las que tengan responsabilidades familiares (son la mayoría) y el temor a acogerse a la suspensión del contrato de trabajo por esta situación, que también tienen reconocido por la LOVG . El varapalo a la negociación colectiva que venía recogiendo y mejorando en los convenios colectivos sectoriales los derechos para las mujeres víctimas de violencia de género, es una vuelta de tuerca más a la pérdida de protección de las mujeres trabajadoras que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. 

Por todo ello, desde UGT queremos denunciar los efectos perniciosos del fracaso de una política gubernamental que precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas, incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación de las cargas familiares y la atención a la dependencia. Esta situación supone un grave retroceso en su autonomía e independencia económica, estrategia imprescindible para salir de las situaciones de violencia, tal como refleja el informe del CGPJ, “la violencia económica es un factor más de presión al que se ve sometida la víctima”. 

Desde UGT nos comprometemos a seguir luchando contra la violencia sobre las mujeres, negociando medidas de protección laboral dirigidas a este colectivo en los convenios y en los planes de igualdad, intensificando la formación y la sensibilización de nuestros cuadros sindicales en esta materia, difundiendo los derechos legales y convencionales reconocidos a las trabajadoras víctimas de violencia de género y combatiendo la violencia en el ámbito laboral a través de impulsar la negociación de protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

 

La crisis económica no puede ser una excusa para retrocesos en la lucha contra la violencia sobre las mujeres y en las políticas de igualdad, porque es un problema social ante el que toda la sociedad debe tomar parte activa.

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