Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Domingo, 16/12/2018
Portada > noticia

El Gobierno da un paso más en la política migratoria regresiva y contraria a los principios fundamentales con el anteproyecto de reforma del Código Penal

Endurece las condiciones para todos, fundamentalmente para los extranjeros sometidos a la normativa de extranjería

11/12/2012 | UGT

El Consejo Fiscal debate hoy el informe sobre la reforma del Código Penal, anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros del 11 de octubre, que además de contener aspectos dudosamente compatibles con una sociedad democrática, como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, afecta, de manera particular, a los extranjeros residentes irregulares o regulares en España. 

Se trata de un código penal más duro para todos, pero con una incidencia especial para los extranjeros sometidos a la normativa de extranjería. Su contenido es un elemento más que añadir a la nueva política migratoria regresiva y contraria a los principios fundamentales de este Gobierno. 

En primer lugar este texto plantea que la ayuda humanitaria a un inmigrante irregular, pueda ser constitutiva de delito (ningún Gobierno anterior se había atrevido siquiera a considerarla como infracción administrativa). La falta de claridad de este articulo tiene la intención de actuar como elemento disuasorio para quien ose plantearse siquiera prestar ayuda a una persona que no tenga papeles para residir en España. La ayuda humanitaria, tanto la proporcionada de manera individual como por parte de organizaciones, garantiza el respeto a los derechos humanos básicos de los inmigrantes irregulares, sin embargo este Gobierno primero les quito la asistencia sanitaria y ahora les niega la supervivencia con una medida dudosamente compatible con los tratados internacionales suscritos por España sobre derechos humanos. 

El anteproyecto propone también un cambio en la regulación de la expulsión como sustitutiva de las penas o medidas de seguridad privativas de libertad. En la actualidad, esta previsión está reservada únicamente para extranjeros en situación administrativa irregular y siempre que la pena fuera superior a seis años pero el texto la extiende a todos los extranjeros, tanto regulares como irregulares -siempre que no sea desproporcionada- condenados a penas o medidas de seguridad privativas de libertad superiores a un año. 

A este respecto conviene recordar que la Constitución establece en su artículo 25 un sistema de cumplimiento individualizado y progresivo que va desde el aislamiento durante el primer grado, pasando por la convivencia ordenada en el interior de los Centros penitenciarios de segundo grado y la convivencia normalizada en el exterior durante el tercer grado, hasta alcanzar la libertad condicional o “cuarto grado penitenciario”. El mandato constitucional de reeducación y reinserción que puede hacerse inviable para los privados de libertad extranjeros en España ya que no se puede reinsertar socialmente a quien no volverá la sociedad porque va a ser expulsado de ella. 

En el texto también hay lugar para la hipocresía ya que se modifica el artículo sobre la trata de seres humanos (el comercio con personas para su explotación laboral o sexual) para adaptarlo a una directiva europea, pero se elude tipificar como delito la demanda de servicios de una víctima de trata algo que, tal como señala la directiva, es uno de los medios necesarios para luchar contra el comercio de seres humanos. En el anteproyecto se mejora el artículo dedicado a la discriminación, el odio, la violencia contra personas o grupos pero se olvida incluir un apartado específico para el supuesto de que sea una autoridad pública quien la incite.

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek