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CONFEDERAL ı PENSIONES

El Gobierno incumple la recomendación del Pacto de Toledo sobre el sistema de jubilación flexible

• UGT envía por carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social sus observaciones sobre la reforma de las pensiones del Ejecutivo

27/03/2013 | UGT ı Nota de prensa

UGT ha enviado una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, donde expone su rechazo al RD-Ley de reforma de las pensiones aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros por ser una de las reformas más duras, más regresivas y más perjudiciales de la historia para los intereses de los trabajadores. Así lo manifiesta un informe de objeciones elaborado por el sindicato, que señala que el Gobierno ha vulnerado el diálogo social y político, al imponer esta norma de forma unilateral, y ha incumplido, además, la recomendación del Pacto de Toledo en cuanto al sistema de jubilación flexible, ya que los cambios introducidos en este Real Decreto Ley están orientados, indiscutiblemente, tanto a reducir de manera significativa la pensión por anticipar la edad de jubilación como a limitar el acceso a la jubilación anticipada.

UGT rechaza el Real Decreto Ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, por considerarlo una de las reformas de la pensión de jubilación más duras, más regresivas y más perjudiciales de la historia para los intereses de los trabajadores.

Así lo refleja el informe de objeciones elaborado por el sindicato sobre este RD-Ley, que señala que el Gobierno ha introducido diferentes reformas que afectan de forma directa a la configuración de nuestro sistema de pensiones y de protección social, que perjudica a nuestro sistema de Seguridad Social y que ocasiona un gravísimo daño al diálogo político y social, dado que ha sido impuesto de forma unilateral por el Gobierno, sin la aprobación ni tan siquiera de la Comisión del Pacto de Toledo, lo que vuelve a demostrar la desconfianza del Ejecutivo en el consenso político y social.

De hecho, por primera vez desde la aprobación del Pacto de Toledo en el año 1995, un Gobierno niega a las organizaciones sindicales la posibilidad de participar y consensuar una reforma del Sistema de Pensiones de tal relevancia como la llevada a cabo por el referido Real Decreto Ley.

En sus diferentes capítulos, esta ley modifica las reglas referentes a las modalidades de jubilación anticipada y parcial, la regulación del Estatuto de los Trabajadores en relación al contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo para adecuarlo a los cambios introducidos en el régimen de la jubilación parcial y las exigencias reguladas en relación a las aportaciones económicas por despidos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios.

Asimismo, mediante una serie de disposiciones adicionales y finales se establecen una serie de modificaciones en materias tan variadas como las referentes a la prestación o subsidio por desempleo, a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, a las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o, entre otras, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación.

El sindicato recuerda que el primer informe del Pacto de Toledo afirmaba en su Recomendación 10ª que “la edad de jubilación debe ser flexible”, lo que significaba introducir un sistema de jubilación que se adecuara a la vida activa del trabajador y le permitiera cierta independencia en su elección.

Pero los cambios llevados a cabo por esta ley sobre la regulación ordenada en la Ley 27/2011, indiscutiblemente están orientados tanto a reducir de manera significativa la pensión que pudiera resultar por anticipar la edad de jubilación, como a limitar el acceso a la jubilación anticipada. 

Por ello, UGT considera excesivas todas estas alteraciones, que convierten la elección de estas modalidades en una opción del trabajador puramente teórica, reemplazando la flexibilidad que hasta ahora ostentaba nuestro sistema de jubilación por la rigidez más incomprensible.

La reforma sobre la pensión de jubilación que se deriva de este Real Decreto, no sólo hace desaparecer la posibilidad de jubilación anticipada para la mayor parte de los trabajadores, sino que además tiene la capacidad de aumentar el riesgo de exclusión social de aquellos trabajadores mayores que se vean obligados, por circunstancias ajenas a su voluntad, a acceder de forma anticipada a la jubilación con una reducción importante de la cuantía de su pensión.

Con esta ley, el Gobierno se ha olvidado de estos trabajadores e, incluso, desatiende la advertencia que la propia Comisión Europea realiza en su Libro Blanco sobre las pensiones, que advierte sobre el riesgo de pobreza en la vejez si se recortan las pensiones a los trabajadores de más edad que no pueden permanecer en el mercado de trabajo. Documento al que, paradójicamente, se remite el Ejecutivo en varias ocasiones en el preámbulo de este Real Decreto.

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