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Viernes, 21/09/2018
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#14N | HUELGA GENERAL

El Gobierno pretende otra vez coartar la acción sindical y amedrentar a los ciudadanos de cara a la Huelga General del 14N

UGT considera que la propuesta del ministro de Justicia recorta las libertades y recuerda que los sindicatos cumplen las leyes, nada les exonera

01/11/2012 | UGT

Ante la respuesta del ministro de Justicia a una interpelación en el Congreso de los Diputados, por la que anuncia que “partidos y sindicatos podrán ser condenados penalmente”. UGT manifiesta que: 

1. El marco legal vigente regula perfectamente el régimen de responsabilidades de los sindicatos. No hay lagunas de ningún tipo. Está recogido básicamente en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Es una ley de 1985 que desarrolla el derecho constitucional de la libertad sindical y que establece la regulación aplicable a entidades de relevancia constitucional como son los sindicatos: instituciones básicas del Estado Social y de Derecho. No hay nada de excepcional en ello, ni supone ningún privilegio. No habría democracia sin sindicatos libres. A sindicatos y organizaciones de empresarios les corresponde, conforme al artículo 7 de la Constitución, la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Pero los comentarios del Sr. Gallardón se restringen a los sindicatos omitiendo toda referencia a las organizaciones patronales, lo cual es muy significativo. 

2. La reforma anunciada por el titular del Ministerio de Justicia tiene por finalidad incidir sobre las acciones de protesta y oposición a las políticas públicas del Gobierno del Partido Popular, en la medida que éstas se desarrollan a través del ejercicio de los derechos constitucionales de huelga, reunión y manifestación, y a la vista del notable incremento del descontento ciudadano. El Gobierno sabe que los sindicatos lideran junto a otras muchas organizaciones y entidades ciudadanas de la sociedad española la contestación a sus políticas, y podría tener la intención de dificultar estas acciones.

3. Tenemos algunas pistas significativas. Primero, ya escuchamos estas pretensiones coincidiendo temporalmente con la anterior convocatoria de huelga general contra la reforma laboral del Partido Popular, habiendo tratado además de convertir el desarrollo pacífico de la huelga en un problema de orden público. De otra parte, hemos sido testigos de la gravísima represión policial ordenada por el Ministerio del Interior en el presente año, sin parangón en toda la historia de la democracia, ante las acciones de protesta. Además, hemos conocido la extensión de la responsabilidad sancionadora a los promotores de manifestaciones a través de las redes sociales por actos aislados delictivos realizados por personas o grupos. Se podría, por tanto, en el caso de sindicatos y otras entidades ciudadanas, hacerles responsables penalmente, y en particular a sus órganos directivos, por los delitos cometidos por individuos o grupos aislados durante los actos de protesta, y para ello habría que reformar el Código Penal, aunque tenga ello difícil encaje constitucional. 

4. El Gobierno y el Partido político que lo sustenta viene desarrollando una pertinaz labor de deslegitimación del hecho sindical. Son reiteradas las alusiones a inexistentes situaciones de privilegio, como aparece en la nota de prensa del Ministerio de Justicia, que justificarían artificiosamente reformas restrictivas de derechos. La modificación operada en el Código Penal a la que alude el Sr. Ministro, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas vino a llenar en su día un vacío en las responsabilidades por delitos económicos en el ámbito de las empresas que nada tiene que ver con el ejercicio de los derechos de huelga, reunión y manifestación. Los sindicatos cumplen las leyes y ni una sola norma les exonera de su cumplimiento, como sí ha permitido el Gobierno con los presuntos defraudadores fiscales por ejemplo. El titular del Ministerio ha hecho ante la opinión pública una injusta acusación contra los representantes de los trabajadores (y a sus afiliados y trabajadores que les apoyen), a los que se criminaliza sin razón, pues ninguno de ellos están o han estado por encima o al margen de las leyes ni lo han pretendido nunca. 

5. Con medidas como la anunciada por el Ministerio de Justicia se pretendería también amedrentar a los ciudadanos y ciudadanas, cuando a muchos no les queda otra opción que mostrar su rechazo a las políticas gubernamentales a través de su participación en huelgas y manifestaciones. 

6. Resulta llamativa la coincidencia de este anuncio del Ministro Ruiz Gallardón con la presentación de la convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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