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El Gobierno vuelve a aprovechar la crisis para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas a la vivienda

El Plan de Vivienda 2013-2016, otra andanada más del Ejecutivo a los que más lo necesitan

05/04/2013 | UGT

UGT considera que el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 aprobado hoy en Consejo de Ministros supone una ruptura en la protección que de este derecho se estaba realizando a través de los anteriores planes de vivienda.

El Gobierno vuelve a aprovechar la situación de crisis para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas de vivienda, abriendo la posibilidad de financiación privada para las actuaciones de rehabilitación y regeneración de viviendas y suprimiendo partidas destinadas a este sector. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que para UGT resulta insuficiente para crear empleo e iniciar un cambio de modelo productivo más sostenible, por lo que demanda la potenciación de esta actividad, un mayor fomento del alquiler y la incorporación al ordenamiento jurídico del derecho a la vivienda en situaciones de necesidad, entre otras cuestiones.

Para UGT, el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 aprobado hoy en Consejo de Ministros supone una ruptura en la protección que de este derecho se estaba realizando a través de los anteriores planes de vivienda. En este sentido, alcanza no sólo a las prioridades, sino al modelo económico-social. Así, se renuncia por primera vez a intervenir en el mercado de la vivienda para venta al suprimir las ayudas para la adquisición de vivienda y para la construcción de vivienda protegida para venta. 

De la misma manera que se está procediendo en el resto de los derechos sociales, el Gobierno aprovecha la situación de crisis para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas, en este caso las de vivienda, dando paso a entidades, sociedades y empresas privadas con ánimo de lucro a participar de la gestión (transferencia y entrega de fondos públicos a los beneficiarios) y financiación del propio plan (fórmulas de colaboración público privada), llegando a dar prioridad a las actuaciones con aportación del sector empresarial y, en ciertos casos, se posibilita la privatización encubierta de infraestructuras y servicios públicos. 

La supresión de las ayudas para la adquisición de vivienda, que se había realizado ya en las últimas etapas del anterior plan, se aprueba también ahora para la construcción de vivienda protegida. Previamente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinados a vivienda para el año 2013 habían anticipado la desaparición de este programa, ya que contemplan reducciones del 30,5% en el programa de Ordenación y Fomento de la edificación y suprimían las ayudas a las entidades locales y prácticamente también a las CC.AA. (-89,7%). 

Por otra parte, se abre la posibilidad de financiación privada para efectuar las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana del Plan Estatal. Los programas de los PGE relacionados con estas actuaciones también se han reducido, a pesar de ser una prioridad, según el PITVI y el propio plan de vivienda. Así, las partidas destinadas a las entidades locales se han reducido en un 50% y las destinadas a las CC.AA en un79,2%, lo que hace inviable estas actuaciones sin la aportación de capital del sector privado, eso sí a cambio de poder obtener cesiones en las propiedades rehabilitadas. 

UGT denuncia que las partidas presupuestarias estatales en materia de vivienda han disminuido desde los presupuestos de 2011 un 36,7% (444 millones de euros). Aunque consideramos coherente, en una situación de crisis económica como la actual, la utilización eficiente de los recursos económicos, consideramos que un plan cuatrimestral (2013-2016) debería realizar inversiones a medio plazo que garanticen el derecho a la vivienda y pongan en valor estas políticas desde el punto de vista económico. Éste es el caso de la rehabilitación y regeneración urbana, que además de garantizar viviendas dignas y adecuadas pueden servir de elemento generador de empleo en un sector, la construcción, especialmente castigado por la coyuntura económica actual. Sin embargo, las inversiones se condicionan a conseguir capital privado o a los devenires económicos (art. 5), lo que dota a este plan de una especial inestabilidad. 

Por lo tanto, el sindicato considera que el proyecto de ley sobre rehabilitación de viviendas, también aprobado en este Consejo de Ministros, no servirá para potenciar esta actividad ni para generar empleo si no se realizan las inversiones adecuadas, ya que todas las iniciativas que se han realizado para potenciar esta actividad han sido insuficientes para crear empleo e iniciar un cambio de modelo económico más sostenible, debido a la renuncia del Gobierno a la inversión y a su obcecación en el ahorro. 

En este sentido, el 41º Congreso Confederal de UGT, que se celebrará del 10 al 13 de abril, debatirá el promover medidas como la potenciación de esta actividad, el fomento del alquiler a través de la constitución de un parque público de vivienda con los activos inmobiliarios de las entidades financieras producto de los desahucios, la modificación normativa de los procedimientos de ejecución hipotecaria, incluida la dación en pago y la incorporación al ordenamiento jurídico del derecho a la vivienda en situaciones de necesidad, de manera que pueda exigirse y ejercitarse ante los tribunales de justicia. 

El sindicato demanda también la modificación de los Módulos Básicos Estatales para rebajar los precios de la vivienda protegida, de manera que siga siendo atractiva respecto de la vivienda libre; restringir la rehabilitación de los edificios públicos mediante la colaboración-publica privada; desarrollar baremos para la concesión de las ayudas, de manera que las cantidades no sean discrecionales; y no limitar el plazo máximo de las ayudas al alquiler, ni del alquiler social rotatorio, de manera que se puedan mantener las ayudas, mientras se mantengan los requisitos que dieron origen a su concesión. 

Además, UGT considera imprescindible ponderar de manera más adecuada los precios del alquiler social, cuyos esfuerzos se mantienen altos frente al alquiler protegido; en el apartado de la Rehabilitación edificatoria, incluir dentro de las actuaciones subvencionables las obras de adaptación de las viviendas a las necesidades de personas con discapacidad o de personas mayores de 65 años; gestionar las ayudas que conceda el Ministerio íntegramente con recursos propios; mantener la calificación de las viviendas protegidas después de los desahucios, incorporando la obligación, al nuevo propietario, que quiera cambiar la calificación, de la devolución íntegra de las ayudas recibidas; y aplicar el no reintegro de las ayudas estatales obtenidas, a todas aquellas personas que se hayan visto sometidas a un desahucio desde el inicio de la crisis, y no sólo aquellos en los que no haya concluido la ejecución hipotecaria.

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