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Martes, 22/05/2018
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SALUD LABORAL

El incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales es la principal causa de siniestralidad laboral

En 2012 se registraron en España más de un millón de accidentes de trabajo

20/02/2013 | UGT

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez y la Secretaria de Salud Laboral del Sindicato, Marisa Rufino han participado hoy en Sevilla en una jornada destinada a analizar “La Acción Judicial en Prevención de Riesgos Laborales” en la que han intervenido expertos de distintos ámbitos como la Judicatura, la Fiscalía o el mundo universitario. 

UGT ha exigido permanentemente a los poderes públicos que la prevención de riesgos y la salud laboral ocupen un lugar relevante en sus políticas. Un hito clave en ese proceso de reivindicación fue la aprobación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al que siguió un número importante de normas de desarrollo, generales o sectoriales. También, han adquirido gran relevancia los acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresarios a través de la negociación colectiva, y entre estos y las administraciones, dando lugar a distintas estrategias, cuyo máximo exponente ha sido la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. 

A pesar de los positivos resultados obtenidos gracias a estas actuaciones, y otras, en España venimos arrastrando un serio problema de siniestralidad laboral, que tiene diversas causas, la principal, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, que deja además una sensación de impunidad entre los empresarios incumplidores. De hecho, el 40,03% de los accidentes investigados en 2011 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se han producido por incumplimiento de normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 

El resultado final de los incumplimientos, lo padecen los trabajadores en forma de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Sólo en 2012, se han registrado más de un millón de accidentes de trabajo en España y 15711 enfermedades profesionales, por ello UGT defiende desde hace años la necesidad de una Ley Integral de Siniestralidad Laboral que superara los problemas que tras sufrir un accidente de trabajo tienen que enfrentar las personas accidentadas y sus familias, para reclamar sus derechos frente a los responsables del accidente. 

Estas dificultades para reclamar en caso de un accidente de trabajo, se debían a la dispersión de normas y procedimientos a aplicar al tener que acudir a distintas jurisdicciones, lo que provocaba una dilación inadmisible de los procesos, en los que se aplicaban diferentes criterios de imputación de responsabilidad a los empresarios o terceros responsables, también se producía la situación de que se establecían indemnizaciones diferentes, para un mismo accidente según la jurisdicción por la que se optaba para reclamar los derechos del accidentado. 

Todo ello obligaba a un tortuoso camino de reclamaciones y procedimientos judiciales que se desarrollaban necesariamente ante distintos órdenes jurisdiccionales, social, civil, contencioso-administrativo y penal, en lo que ha venido llamándose el “peregrinaje jurisdiccional” del trabajador y su familia para exigir justicia. 

La Fiscalía Especial de Siniestralidad Laboral, a través de su memoria del año 2011, alerta de la preocupación por el tiempo medio que se tarda en dictar las sentencias condenatorias, que fue en 2011 de 60,5 meses (más de cinco años). Así como también advierte de que la fase de instrucción de los casos se dilata de forma excesiva en los juzgados de instrucción y en los de lo Penal. 

El esfuerzo reivindicativo a favor de los trabajadores accidentados y sus familias, se tradujo en un cambio legislativo de enorme importancia, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Ley 36/2011, que entre otras cuestiones, atribuye a los jueces de lo social el conocimiento de todas las cuestiones litigiosas relativas a un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, con el objetivo del resarcimiento integral del daño causado, salvo las cuestiones penales que se mantienen en dicho ámbito. 

A pesar de los avances conseguidos, los datos y la acción judicial demuestran que, incluso con las cifras de siniestralidad descendiendo desde el 2007, existe un sector empresarial que pone en riesgo conscientemente la salud y la seguridad de los trabajadores; por lo que UGT continuará con la denuncia constante y la colaboración con los órganos judiciales (social y penal) de cara a la persecución de empresarios incumplidores y en favor de la salud de los trabajadores. 

De la aplicación por los juzgados y tribunales, pero también del uso que se haga de la denuncia desde el ámbito sindical, dependerá la consecución de una cultura empresarial asertiva en materia de salud laboral.

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