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Martes, 23/10/2018
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El objetivo del acuerdo se centra en mejorar la regulación de flujos migratorios y hacerlos compatibles con la integración en la sociedad española

Los consensos alcanzados sobre el Reglamento de Extranjería dan continuidad al compromiso de considerar la migración laboral un ámbito más del Diálogo Social

28/02/2011 | UGT

El pasado 21 de febrero UGT, CCOO, CEOE y CEPYME junto con el Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre el Reglamento de Extranjería, que da continuidad al compromiso adquirido, desde el año 2004, de considerar la materia de migración laboral como un ámbito más del Diálogo Social.

En el tiempo transcurrido, y con el descenso en los últimos tres años de las autorizaciones iniciales de trabajo concedidas, se ha demostrado que los instrumentos que las organizaciones sindicales y empresariales negociaron con el Gobierno para regular los flujos migratorios laborales y que se incluyeron en el Reglamento actualmente en vigor, se adecúan a las necesidades del mercado de trabajo, y por lo tanto, a las épocas de bonanza y crisis, siendo un ejemplo de lo adecuado del sistema que se estableció de manera tripartita.

Por otra parte, han servido también para favorecer la integración efectiva de la población extranjera en el mercado de trabajo y en la sociedad española tal como demuestra el cada vez mayor porcentaje de residentes de larga duración en España (personas que llevan más de cinco años de residencia), que según los últimos datos, suponen más del 60% del total de residentes no comunitarios.

El Dialogo Social, en torno al actual borrador de Reglamento, ha tenido como principales objetivos, mejorar los sistemas de regulación de flujos migratorios y hacerlos compatibles y coherentes con la integración en la sociedad española de la población trabajadora extranjera y tiene como principales elementos:

1.- Fortalecer y mejorar los distintos canales de migración laboral regular, mediante una regulación de flujos basada en la contratación en origen, siempre que lo permita la situación nacional de empleo del mercado español y asegurando, en todo caso, la coherencia entre los distintos procedimientos existentes para contratar en el exterior. Mejorar la determinación de la situación nacional de empleo y, por tanto, los sistemas para acreditar que no hay trabajadores y trabajadoras residentes en España que puedan cubrir los puestos de trabajo ofertados, garantizando que cuando exista una necesidad acreditada de acudir a la contratación en los países de origen, ésta sea posible y lo suficientemente ágil para dar respuesta a las necesidades empresariales.

En este sentido, UGT considera necesario resaltar que se incorpora al reglamento una mejor definición de la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, base de la determinación de la situación nacional de empleo y que se resuelve la disfunción existente hasta ahora entre la acreditación de necesidades del mercado de trabajo a partir del estudio de las ocupaciones y, sin embargo, la concesión de autorizaciones de trabajo por sector de actividad. Además se mejora y se aclara la gestión de la oferta de empleo cuando una ocupación no se encuentra en el catálogo.

Por otra parte, entre los contenidos del Acuerdo de Dialogo Social, alcanzado el pasado día 21, destaca la ampliación del plazo para dar publicidad a las ofertas trabajo de temporada y campaña, antes de permitir la contratación en el exterior. Una medida que, desde el punto de vista de UGT puede contribuir junto a otras, a mejorar la gestión de las migraciones interiores, en especial en el sector agrario. Otro de los puntos del Acuerdo, implica limitar la duración de las contrataciones por obra y servicio realizadas en el marco de las autorizaciones de duración determinada, limitación que desde nuestro punto de vista, permite una utilización adecuada y más garantista para los derechos de los trabajadores de esta figura.

2.- Asegurar que la contratación en el exterior garantiza los derechos de los trabajadores migrantes y permite la integración social de esta población trabajadora, incluyendo, como parte de esta integración, la regulación de la reagrupación familiar.

La propia Reforma de la LOEX obliga ahora a que las solicitudes de autorizaciones vayan acompañadas de un contrato de trabajo, por tanto un compromiso firmado por trabajador y empresario, y no de una oferta de empleo (no vinculante), modificándose de esta manera el procedimiento existente hasta ahora. Este punto, en particular, implica para UGT mayores garantías y conocimiento de las condiciones de trabajo para los trabajadores y trabajadoras que son contratados en el exterior, y una mayor seguridad jurídica, tanto para ellos como para empleadores y empresarios.

Entre los Acuerdos de Dialogo Social, se prevé la posibilidad de que, en circunstancias y supuestos muy tasados y excepcionales, los trabajadores que una vez llegados a España no fueran dados de alta en Seguridad Social por el empresario o empleador, puedan inscribirse en los Servicios Públicos de Empleo y encontrar un nuevo empleador en el plazo de tres meses desde su entrada en España. Esta posibilidad, para UGT, supone que, en los supuestos contemplados, no sea el trabajador el perjudicado por la falta de contratación y tenga una oportunidad, aunque limitada, de encontrar un nuevo empleador.

En cuanto a la reagrupación familiar, la Ley obliga a que el reglamento establezca los medios económicos que han de acreditar las personas extranjeras para poder reagrupar. En la mesa de Diálogo Social se ha llegado a un compromiso que desde el punto de vista de UGT, equilibra la exigencia de medios económicos de tal modo que sea coherente con la situación laboral de la población trabajadora en general y garantiza, al mismo tiempo, que las familias reagrupadas dispondrán de medios económicos suficientes.

3.- Abordar las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo para favorecer la continuidad en el mercado de trabajo y la empleabilidad de los migrantes. En este sentido se incorporan al reglamento supuestos negociados en el marco del Dialogo Social en el año 2009, cuyo objetivo era flexibilizar las condiciones de renovación de las autorizaciones de trabajo, dentro de los límites establecidos por la Ley, a fin de que, como consecuencia de la situación de crisis económica y de desempleo, los trabajadores y trabajadoras no perdieran sus autorizaciones y, por lo tanto, la situación de regularidad.

4.- Trasponer a nuestra legislación las nuevas figuras de migración laboral contempladas en distintas Directivas Europeas, haciéndolas compatibles y respetuosas con el principio de la situación nacional de empleo, tal como sucede con la tarjeta azul, trabajadores que son contratados para puestos cualificados y para cuya contratación se aplicara la situación nacional de empleo.

5.- Garantizar el equilibrio entre el objetivo compartido de favorecer la migración regular y la existencia de posibilidades de acceder, desde la situación administrativa irregular, a la documentación en casos excepcionales e individualizados.

6.- Incrementar la información, dirigida a los Interlocutores Sociales, sobre el desarrollo de los distintos procesos de regulación de flujos migratorios laborales, canalizado a través de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

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