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PRESUPUESTO SEPE

El objetivo del Gobierno no es colocar a los desempleados, sino darles de baja como perceptores de la prestación

04/10/2013 | UGT ı Nota de prensa

El Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir el gasto en prestaciones por desempleo pero no priorizando políticas para facilitar la inserción en el mercado laboral de los parados, sino a través de perseguirlos y poder sancionarlos con la eliminación de su prestación en caso de fraude o por no cumplir una serie de requisitos, cada vez más exigentes Así, suprimir la prestación a 400.000 desempleados por fraude, supondría quitársela a un 14% de los perceptores, lo que casi triplica la cifra actual.

Los Presupuestos presentados por el SEPE para 2014 reflejaban, en principio, una variación positiva de un 10,24% en prestaciones por desempleo respecto al presupuesto inicial de 2013, y éstos reflejaban a su vez una disminución de un 6,34% respecto a los presupuestos de 2012. La realidad era que los presupuestos de 2012 debieron ajustarse, por irreales, y la variación del presupuesto 2013 respecto de la ejecución 2012 reflejaba una reducción de un 15,77%. Tomando la ejecución 2012 y la previsión de ejecución 2013, que ya ha debido incrementar el presupuesto inicial en 4.541,1 millones, la variación entre un año y otro se sitúa en -1,44%. El presupuesto de 2014 supone, por tanto, una reducción de un 5,79% respecto a la previsión de ejecución 2013.

Con esta reducción de 1.800 millones de euros entre la previsión de ejecución 2013 y el presupuesto para 2014, el Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir la nómina de prestaciones por desempleo a través de la sanción a los perceptores de prestaciones, y no mediante la colocación. Las medidas que pretende implantar la Ministra de Empleo y Seguridad Social en materia de prestaciones van, una vez más, en el sentido de persecución hacia los perceptores de prestaciones por desempleo, a los que indirectamente les llama defraudadores por el hecho de cobrar la prestación por desempleo, hay que tener en cuenta su objetivo, dar de baja a 400.000 perceptores de prestaciones, esto es cerca del 14%.

Por otra parte, el Gobierno tiene una previsión de reducir la tasa del paro para el año 2014 al 25’6% con una previsión de crecimiento del 0’2%. Estas previsiones no se entienden cuando vemos que se reducen las partidas de políticas activas de empleo, y cuando da la sensación de que se van destinar prácticamente todos los recursos a reducir la nómina de prestaciones, en vez de incrementar las posibilidades de encontrar un trabajo para los más de 4.740.000 demandantes de empleo parados inscritos en las oficinas de empleo.

UGT está de acuerdo en que sólo debe cobrar la prestación aquella persona que reúna los requisitos necesarios. Sin embargo los argumentos que esgrime la Ministra, una vez más, son insostenibles, por una parte hace referencia al alto nivel de entradas y salidas en el sistema de prestaciones, como consecuencia de cortos periodos de colocación, y por otra afirma la necesidad de fomentar las acciones para comprobar su disponibilidad para aceptar un empleo, ¿en qué quedamos, en que entran y salen del Sistema con mucha frecuencia o que no quieren trabajar? 

La única realidad, con datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal, es que hasta el 31 de Julio de 2013, el número de bajas por incumplimiento en la participación de los beneficiarios de prestaciones en políticas activas fue de 3.309. Las bajas en las prestaciones derivadas de las acciones del SEPE de seguimiento de disponibilidad para el empleo, (no renovación de la demanda de empleo) a 31 de julio son 122.350, no sabemos por tanto, qué nuevos requisitos se van a poner en marcha para casi triplicar el número de bajas en prestaciones, al margen de la última modificación que sustituye el concepto de obligación de inscribirse por el de permanecer inscrito durante todo el periodo de prestaciones.

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