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El Pacto de Toledo cumple 10 años en vísperas de la reforma de las pensiones

07/02/2005 | Elisa García-Colpisa

Los estudios y opiniones apuestan ahora por cambiar la fórmula para el cálculo de las jubilaciones y ajustar la viudedad a la situación actual de las familias Aquel acuerdo supuso un entendimiento parlamentario sin precedentes.

Nuevas fórmulas para calcular la cuantía de las pensiones, ajuste de la viudedad a la situación actual de las familias, con respeto de todos los derechos adquiridos por los actuales perceptores y mayor relación entre lo cotizado durante la vida laboral y lo cobrado cuando llega el momento de la retirada, son algunas de las reformas que planean con fuerza sobre la Seguridad Social, precisamente cuando se cumplen 10 años de la firma del Pacto de Toledo. Este acuerdo, sin precedentes en el ámbito de la protección pública, fue suscrito por las fuerzas del arco parlamentario el 2 de febrero, en la ciudad que le dio nombre, cuando en La Moncloa todavía estaba el PSOE.

Posteriormente, el Pacto de Toledo -ya con el PP- fue la base de la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, de 1997. Antes había servido para que el Gobierno de Aznar, CC OO y UGT firmaran un acuerdo con las modificaciones que debían introducirse en las pensiones públicas. Este documento contó con el rechazo de CEOE.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, espera que los nuevos cambios, a negociar entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, salgan a la luz en el segundo trimestre de este año, para tramitarlos en el Congreso y en el Senado en los últimos meses de 2005. Su intención es que queden recogidos en los Presupuestos Generales de 2006.

Granado justifica las reformas venideras en que es preciso adoptar medidas que salvaguarden el sistema sin deteriorar los niveles de cobertura registrados. «Es evidente que la protección social en España va a incrementarse, porque la evolución demográfica con el envejecimiento de la población nos lleva a ello», explicó.

A su juicio, el Pacto de Toledo y su renovación -en diciembre de 2003- suponen la creación y el mantenimiento del foro adecuado para «discutir entre todos cómo vamos a conseguir la sostenibilidad de la Seguridad Social, sin nuevas situaciones de exclusión y basada en un mercado de trabajo competitivo». Granado anunció que en las próximas semanas el Gobierno entregará a CEOE, CC OO. y UGT «algunas propuestas para su debate».

Todo indica, que el Ejecutivo prestará una atención especial a la incapacidad por enfermedad temporal. El secretario de Estado ha reiterado en diversas ocasiones que su coste lleva varios años que sobrepasa holgadamente las previsiones, y de seguir así pondrá en peligro el sistema en torno a 2015.

También parece seguro que la fórmula para calcular la cuantía de las pensiones cambie. Desde el Gobierno se insiste en que es preciso ajustar más la aportación del trabajador durante su vida activa a la prestación que recibe una vez abandonada su actividad profesional. A esta medida, que volvería a ampliar los años de trabajo contabilizados para el establecimiento de la prestación ( ahora los 15 últimos), UGT había presentado reticencias, pero después aclaró que admitiría cambiar la fórmula siempre que la cuantía de la pensión no bajara y señaló que un mecanismo aceptable sería que el propio titular eligiera los años de su trabajo más ventajosos.

Sin recorte

Respecto a la viudedad, la reforma viene obligada por la transformación de la sociedad. Esta pensión se creó cuando el cabeza de familia sustentaba el hogar para paliar los efectos negativos de su desaparición; pero ahora la actividad de la mujer ha crecido a la vez que existen los divorcios que distorsionan el cobro de la viudedad y situaciones con un solo progenitor.

El ajuste de la viudedad siempre se ha considerado una medida impopular, pese a que los últimos gobiernos reconocían su necesidad. Ahora se trata de introducir cambios sin perjudicar a los actuales perceptores. Todos los interlocutores resaltan que se respetarán los derechos adquiridos y que ni una sola de las pensiones contabilizadas en el momento de la reforma se suprimirá ni se recortará.

Junto con estos cambios, Gobierno, CEOE, CC OO y UGT tendrán que acordar el establecimiento de una nueva prestación, consistente en la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Se trata de una protección muy costosa, por esto los encargados de su puesta en marcha estudiarán diversas fórmulas de financiación, en las que siempre pesarán los ingresos económicos de los afectados.

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