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El plan de economía sumergida responde más a las exigencias de Europa y los mercados financieros, que a la voluntad real de combatir esta lacra

UGT reitera sus críticas al plan del Gobierno sobre economía sumergida, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, pues no va a mejorar la protección de los trabajadores afectados, ni va a aumentar los ingresos públicos (pues carece de medidas, en este sentido), ni elimina la competencia desleal entre empresas. El texto refleja que las medidas aprobadas responden, exclusivamente y de nuevo, a las exigencias de Europa y los mercados financieros, incluidas en el Pacto por el Euro Plus, aprobado el pasado mes de marzo de 2011, no a una verdadera voluntad por luchar contra la explotación laboral y el fraude social y fiscal que supone la economía sumergida.

07/05/2011 | UGT

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy viernes, 6 de mayo de 2011, el Real Decreto Ley 5/2011 de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 29 de abril.

Las novedades más destacables del texto aprobado se resumen en las siguientes:

- Llama la atención la inconveniencia de incluir en el mismo RDL las medidas para el control del empleo sumergido y el fomento de la rehabilitación de viviendas. De este modo, el propio Gobierno contradice la importancia que en el preámbulo da a la necesidad de luchar contra el empleo sumergido.

- Se amplía el plazo para el proceso voluntario de regularización, desde el 30 de junio de 2011 al 31 de julio de 2011.

- En el preámbulo se anuncian las modificaciones que se han introducido con respecto al borrador de 18 de abril y que en la práctica, despojan al RDL de la poca virtualidad que ya tenía, y lo convierten en un plan de afloramiento que, en realidad no lo es, y aumenta el desequilibrio que tenían los borradores anteriores, puesto que los únicos beneficiados, sin coste, serán los empresarios.

- Desaparece la posibilidad de reconocer periodos previos de trabajo y, por lo tanto, la obligación de los empresarios de ingresar las cotizaciones correspondientes al tiempo de trabajo efectivamente prestado por el trabajador. El RDL perjudica más aún a los trabajadores, puesto que el periodo de regularización, es en realidad un periodo que permite contratar sin que se deban reconocer periodos previos de trabajo efectivamente realizados. Una “amnistía” en la práctica, para los empresarios que han venido utilizando trabajadores sin dar de alta y/o cotizar. Los trabajadores pierden la posibilidad de que se cotice y se acrediten, a efectos del reconocimiento de prestaciones, los periodos efectivamente trabajados.

- Dada la desaparición del reconocimiento de un periodo previo de prestación de servicios por el trabajador que vaya a ser contratado, la iniciativa legal resulta de inútil aplicación. Y de hecho resulta perjudicial para el empresario, puesto que si declara que contrata al amparo del RDL, esto se hará constar expresamente en el contrato de trabajo, y si tal como establece la disposición adicional primera se incumple el régimen jurídico de la regularización por haber procedido a la extinción del contrato de trabajo antes de los seis meses, se verán perjudicados porque habrán de devolver las bonificaciones, ayudas o beneficios de los programas de empleo.

- Además de permitir cualquier modalidad contractual al empresario, y a diferencia de lo previsto en los borradores anteriores, se posibilita el acceso a las bonificaciones, reducciones de cotización a la Seguridad Social o cualquier tipo de ayuda por parte del empresario contratante, es decir, se establecen más beneficios para los empresarios incumplidores.

- Respecto a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de alta en Seguridad Social de trabajadores en supuestos de subcontratación, se incluye una novedad: el deber de comprobación no será exigible cuando la actividad contratada se refiera a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda ni cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad empresarial.

- Otra concesión a los empresarios es la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes o subcontratantes cuando el contratista o subcontratista no haya solicitado la afiliación o el alta de los trabajadores. Según la nueva redacción aprobada, el contratante o subcontratante incurre en una infracción por no comprobar el alta o afiliación, pero desparece la responsabilidad solidaria establecida en el borrador anterior, que incluía todo el periodo de vigencia de la contrata, de modo que la empresa contratante o subcontratante, queda exonerada si ha realizado la comprobación al inicio de la actividad, aunque a lo largo del periodo de vigencia de la contrata la empresa subcontratista dé de baja al trabajador.

- Como novedad, la disposición adicional segunda establece la evaluación de las medidas incluidas en el RDL, pero no establece ninguna fecha tope para dicha evaluación, ni con qué criterios va a llevarse a cabo, dado que no debería ser una mera recopilación del número de contratos registrados al amparo de este RDL.

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