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Viernes, 25/05/2018
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El precio del ajuste económico recae sobre los trabajadores, mientras siguen aumentando los márgenes empresariales

La política del Gobierno no solo resulta ineficaz, sino que está empeorando la situación económica y del empleo

15/01/2013 | UGT

Los datos de IPC correspondientes al mes de diciembre, publicados hoy por el INE, muestran una subida de los precios de una décima respecto al mes anterior, situando la tasa anual en el 2,9%.

Este dato, unido a los demás indicadores relativos a la actividad económica y del empleo, nos muestra una economía profundamente deprimida y sin visos de mejorar a corto y medio plazo.

Los costes laborales se vienen reduciendo de forma continua, el consumo continúa decayendo mes a mes pero los excedentes empresariales se mantienen en tasas de crecimiento significativamente elevadas (el 2,7% en el tercer trimestre), contraviniendo la moderación marcada por el II AENC firmado por empresarios y sindicatos.

Esto supone que el peso del ajuste de la actividad económica está recayendo única y exclusivamente en los trabajadores.

Para UGT, es imprescindible la modificación inmediata y sustancial de la política económica del Gobierno, que no se centre exclusivamente en la eliminación del déficit, sino en la recuperación económica y del empleo, protegiendo los derechos de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país.

Según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el mes de diciembre en el 2,9%, con lo que registra la misma variación que en el mes de noviembre, y confirma el dato adelantado el pasado 2 de enero. Mientras, la tasa mensual se sitúa en el 0,1%, con lo que aumenta en dos décimas con respecto al mes anterior. 

Los grupos que han tenido mayor influencia en el mantenimiento del dato interanual del IPC general son: con una influencia positiva, los Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya variación anual aumenta una décima y se sitúa en el 3,0% como consecuencia de la evolución de legumbres y hortalizas frescas y de los aceites; y con una influencia negativa se encontrarían los grupos de Ocio y cultura, que presenta una variación anual del 0,8%, cuatro décimas por debajo que en el mes anterior, debido a que los precios del viaje organizado aumentaron en mayor medida en el año 2011 de lo que lo hicieron en 2012; Hoteles, cafés y restaurantes, que cae una décima, lo que sitúa su tasa en el 0,8% como consecuencia de la estabilidad en los precios registrados este año frente a los incrementos que se produjeron en el pasado; Otros bienes y servicios, que pese a crecer un 3,3%, baja dos décimas con respecto a noviembre; y Vivienda, que desciende dos décimas con lo que su tasa de variación se sitúa en el 5,6%. 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuye dos décimas hasta situarse en el 2,1%, de modo que su diferencia con respecto al IPC general aumenta hasta las ocho décimas. 

Por último, destacar que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se mantiene con respecto al mes de noviembre al situar su tasa de variación interanual en el 3,0%, una decima por encima del IPC general nacional. De este modo, el IPCA de España mantiene su diferencial de ocho décimas con respecto al IPC armonizado de la Zona Euro (que registra la misma tasa que en noviembre, el 2,2%), produciéndose una nueva pérdida de competitividad vía precios con los países con los que compartimos moneda.

CONCLUSIONES 

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de variación anual del IPC en el 2,9%, lo que supone que los precios de nuestro país mantienen el mismo ritmo de crecimiento que en el mes de noviembre. Cabe señalar que es preocupante que el grupo que mayor incidencia positiva ha tenido haya sido el de Alimentos y bebidas no elaboradas, al tratarse de bienes de consumo básico. Además, la dependencia estructural que tiene nuestro país por los productos energéticos puede hacer que cualquier variación en el precio de estos se haga sentir de manera acusada en el nivel de precios, ya de por sí elevada. En cualquier caso, el dato del IPC anual, unido a los demás indicadores económicos que conocemos relativos a los niveles de actividad o de empleo, nos muestra una economía profundamente deprimida y sin visos de mejorar en un futuro a corto o a medio plazo, por más que desde el Gobierno nos intenten convencer de lo contrario. 

A priori, resulta extraño que los precios se mantengan en niveles de crecimiento tan elevados cuando los datos de la Contabilidad Nacional recogen caídas continuas del consumo en todos los agentes económicos (en los datos del III trimestre se registró una caída del consumo de los hogares del 2% y de las administraciones públicas del 3,9%), que deberían de moderar significativamente el nivel de los precios. No obstante, la explicación a esta paradójica situación la encontramos en el reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en la economía española. Así, mientras que los costes laborales se vienen reduciendo de forma continua (-3,0% en el tercer trimestre de 2012) y los incrementos medios pactados en los convenios se sitúan en diciembre en el 1,34% en el ámbito de las empresas (el 0,76% en el caso de los convenios nuevos) y en el 1,40% en los convenios de ámbito sectorial (0,74% en los convenios nuevos), los excedentes de las empresas se mantienen en tasas de crecimientos significativamente elevadas (del 2,7% en el tercer trimestre del año). De todo ello podemos inferir que el mantenimiento de los precios en los niveles actuales está siendo provocado por el mantenimiento de los márgenes empresariales, contraviniendo la moderación marcada por el II AENC que firmamos empresarios y sindicatos, mientras que el coste del proceso de ajuste que está sufriendo la actividad económica está siendo soportado íntegramente por los trabajadores. 

A ello se le une, además, la poca preocupación que está mostrando el Gobierno por los trabajadores y demás ciudadanos de nuestro país. Así, en el mes de diciembre hemos asistido a nuevas muestra de ello con medidas como la no revalorización de las pensiones (incumpliendo su reiterado compromiso de actualizarlas y, lo que es peor, incumpliendo la Ley de Seguridad Social), la congelación por tercer año consecutivo del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) o el exiguo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 0,6% para el año 2013, insuficiente a todas luces para compensar el previsible incremento de los precios. 

Cabe advertir que la conjunción de un alto nivel de precios con las últimas actuaciones señaladas, a las que podríamos unir las que se están desarrollando en el ámbito de los empleados públicos, que están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes, lejos de mejorar lo más mínimo la situación general del país, tendrán consecuencias muy negativas en el desarrollo de la actividad económica y, por extensión, del empleo. Así, a la pérdida de derechos sociales y laborales, y la pérdida de poder adquisitivo que se acaban de señalar se une la desconfianza en el futuro de la economía española, el aumento de la inseguridad laboral y la caída de las expectativas, lo que puede provocar a la crisis se intensifique y a perpetúe en el tiempo. 

En definitiva, parece obvio que la política económica que el Gobierno está desarrollando en todos los ámbitos de su competencia no sólo no resulta eficaz, sino que se está mostrando contraproducente al estar intensificando la caída de la actividad y del empleo, empeorando, a medida que pasa el tiempo, la situación de cada vez capas más amplias de la población. En este sentido cabe apuntar que incluso desde organismos internacionales que venían demandando políticas de ajuste y contención del gasto se están empezando a dar cuenta de que las mismas, si no se acompañan de políticas encaminadas a estimular el crecimiento económico, únicamente conducen a la recesión y al desempleo. 

Por todo ello, desde UGT demandamos una modificación inmediata y sustancial de la política económica del Gobierno, que no se centre en exclusiva en la política presupuestaria y en la eliminación del déficit, sino que se encamine a la recuperación de la actividad (y con ella del empleo) y proteger los derechos sociales y laborales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país, dándoles la confianza y seguridad suficiente para que puedan acometer sus proyectos de inversión y de consumo, recuperando el papel, determinante por otro lado, en la economía. 

Cuanto más tarde el Gobierno en acometer este cambio de rumbo y en modificar su orden de preferencias, más se alargará la terrible situación por la que atraviesa el país.

 

 

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