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CONFEDERAL ı NO A LA REFORMA LABORAL ı NO A LOS RECORTES SOCIALES ı INMIGRACIÓN

Eliminar la asistencia sanitaria a los extranjeros irregulares es una violación de los derechos humanos

UGT demanda un acuerdo social, institucional y político para salir de la crisis

17/05/2012 | UGT ı Nota de prensa

UGT considera que el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar, supuestamente, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad de las prestaciones acaba con la universalidad del sistema y deja fuera de la atención sanitaria a los extranjeros en situación administrativa irregular. El sindicato rechaza la supresión de este derecho a los extranjeros en situación irregular, que rompe con el principio de igualdad y subraya que es intolerable que el Gobierno señale directamente a los extranjeros como culpables del gasto de nuestro SNS, y vincule los términos de “abuso”, “uso fraudulento” o “turismo sanitario” para justificar este atropello social.

El sindicato rechaza la supresión de este derecho a los extranjeros en situación irregular, que rompe con el principio de igualdad, incluido hasta ahora en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS. Asimismo, alerta de las otras consecuencias del Real Decreto ley que afectaran a extranjeros en situación regular, a ciudadanos comunitarios y a colectivos especialmente vulnerables, como las trabajadoras y trabajadores del servicio del hogar familiar.

Es intolerable que el Gobierno señale, directamente, a los extranjeros como culpables del gasto de nuestro SNS, y vincule los términos de abuso, uso fraudulento o turismo sanitario para justificar este atropello social. El Ejecutivo tergiversa además un informe del Tribunal de Cuentas, en sus contenidos y conclusiones, para buscar “argumentos” a la modificación de nuestro modelo de atención sanitaria. Algunos elementos para la reflexión serían:

• Una doble vara de medir. El PP utiliza los datos según le conviene. No ha tenido reparos en recurrir a las cifras de extranjeros en situación administrativa irregular- un dato estimativo, nunca exacto- para criticar las decisiones adoptadas, en el marco del Diálogo Social (como el proceso de normalización del año 2005), pero no ofrece este dato, cuando elimina el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular, que ascendería a 153.475 personas (dato que se obtiene de restar a las cifras de empadronados, la de residentes legales y los no comunitarios que están en el régimen comunitario). ¿Cómo puede la atención a estas personas poner en riesgo nuestro SNS y cómo se puede justificar en base a esto, el recorte de la prestación sanitaria del conjunto de la población?

• El PP “interpreta a su manera” el informe del Tribunal de Cuentas al que se refiere el RD ley de marzo. Éste contiene datos de 2009 y aborda la fiscalización de las prestaciones de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas no cuestiona la universalidad del sistema (ni siquiera la de los inmigrantes, en situación de irregularidad) y no recomienda la eliminación de derechos, únicamente señala las disfunciones de distintos organismos de la Administración española, que deberían reclamar el coste de la asistencia prestada a extranjeros residentes o desplazados a España temporalmente a los países en los que éstos están asegurados. Según este informe, en 2009, cinco Comunidades Autónomas y Melilla no facturaron nada por la prestación farmaceútica.

• El Tribunal no cuestiona derechos sino que señala las deficiencias, disfunciones, falta de seguimiento de los procedimientos establecidos que en la fecha de referencia (2009 y ejercicios anteriores) responsabilidad de Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, centros sanitarios…. que están impidiendo que se reclamen estas cantidades. Pero para eso no hace falta una modificación legislativa porque el sistema de facturación entre países deudores y acreedores en el caso de los reglamentos comunitarios esta ya establecido; otra cosa es que España no lo haya utilizado correctamente y no haya seguido el procedimiento establecido; y que cuando se haya transferido a la Comunidad Autónoma que atiende al extranjero el dinero dado por su país de origen en concepto de prestación de asistencia sanitaria, ésta no lo haya revertido a los centros que han realizado la atención, y lo haya dedicado a otra cosa.

• Es obvio, y se modifica el artículo 12 de la LOEX para excluir a los inmigrantes del acceso a la asistencia sanitaria, excepto urgencias por enfermedad grave (¿Cuándo una enfermedad es grave?) o accidente, asistencia, parto y posparto y menores de 18 años (protegidos afortunadamente por la Ley de protección jurídica del menor). Las consecuencias para los extranjeros en situación administrativa irregular implican que desaparece la posibilidad de prevención, detección temprana de enfermedades, promoción de la salud, y sin olvidar el papel que juegan los servicios de atención primaria en la detección precoz de situación de violencia de género y trata de seres humanos (y de atención a la salud de las victimas) y que la salud pública requiere que toda la población, toda, tenga la posibilidad de acceder a la protección de la salud (derecho constitucional). El Ministerio ha anunciado que la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares será cubierta por las ONGs; un retroceso a la situación anterior a la real universalización de la asistencia, la sustitución del derecho por la suerte de que se sea beneficiario de la caridad, que nos retrotrae a un sistema paralelo asistencial donde los poderes públicos hacen dejación de su responsabilidad. Y no podemos por menos que preguntarnos como pensaría el Gobierno financiar un sistema (y qué tipo de “sistema”, si incluirá asistencia primaria, especializada, prestación farmacéutica….) cuando el presupuesto de inmigración e integración se ha reducido de más de 140 millones en el año 2011, a apenas 40 en el año 2012 de los que 25 millones son para mantenimiento del personal de la Secretaria General de Inmigración y Emigración.

• También tiene incidencia en los extranjeros en situación administrativa regular, para empezar, en el proceso de reagrupación familiar. Los ascendientes ya no pueden ser beneficiarios de un asegurado. Las condiciones para ser asegurado, dejaran fuera a parte de titulares de autorizaciones de trabajo y residencia; las mujeres trabajadoras del empleo doméstico tienen menos posibilidades de conservar la condición de asegurado en los intervalos en que no estén dadas de alta en seguridad social o, en general, las mujeres que no tengan la condición de pensionistas ni se encuentren en ninguno de los otros supuestos de aseguramiento.

• Y para los comunitarios, donde el Real Decreto, dice una cosa y la contraria en el articulo 3 modificado de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en la modificación que hace del Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Una modificación que puede resultar contraria al principio de libre circulación de personas y trabajadores.

• En materia de igualdad en general, aunque ha pasado desapercibido, se ha eliminado el articulo 3 de la Ley 16/2003 un párrafo fundamental para garantizar la igualdad en materia de salud las Administraciones Públicas orientarán sus acciones en materia de salud incorporando medidas activas que impidan la discriminación a cualquier colectivo de población, que por razones culturales, lingüísticas, religiosas, sociales o de discapacidad, tenga especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Obviamente e igual que sucedió con la reforma laboral, el Gobierno no comparte el principio de igualdad ni admite diferencias molestas (culturales, religiosas; esto no es una impresión, declaraciones publicas de responsables políticos en distintos lugares demuestran que para ellos la igualdad pasa por la asimilación de sus valores) y considera que las diferencias sociales (en materia de sanidad, de educación, laboral….), las situaciones de desventaja, son en realidad, fruto de la falta de esfuerzo individual. Para el Gobierno, la discriminación no existe, y desde luego, tampoco ninguna responsabilidad por parte de las Administraciones Publicas, porque las situaciones de desigualdad son responsabilidad individual de la persona que las sufre, por no esforzarse, por no integrarse, por no alcanzar la “excelencia”.

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