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Miercoles, 20/09/2017
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OPINIÓN ı De los mercados de trabajo a la especulación de vidas y derechos

Europa a la intemperie

“Hago el trabajo de Dios” (Lloyd Blankfein, director general de Goldman Sachs, citado por Marc Roche en "El Banco. Cómo Goldman Sachs dirige el mundo")

21/05/2012 | Juan Mendoza / Consejero de UGT en el Comité Económico y Social Europeo

Siguiendo la senda del nuevo fantasma que hoy recorre Europa, unas reflexiones sobre la utilización de los mercados de trabajo harían prescindible cualquier consideración y análisis, más allá de dos posibles opciones para acabar con la situación de crisis económica y desempleo que hoy se extiende por la propia Europa y afecta directamente a casi 25 millones de personas y sus familias.

Una, algo radical, destinada a trabajadores, desempleados, jóvenes, mujeres, parados de larga duración y perceptores de medidas de protección social o pensiones, sería aplicarles las recomendaciones de Jonathan Swift en su Humilde propuesta para evitar que los niños irlandeses, de gente pobre, sean una carga para sus padres o la nación, y para que la sociedad se beneficie de ellos: asarlos o cocerlos o hervirlos y comérselos. Complicado, sí, pero viendo lo que se viene haciendo con las personas y sus vidas en distintos países europeos tampoco lo descartemos.

Otra posibilidad, avalada por la experiencia práctica, es aplicar los mini salarios de 400 euros/mes o 55 céntimos/ hora, como, de hecho, viene haciendo ¿con ejemplaridad? Alemania a millones de trabajadores. Incluso si ese tratamiento salarial puede estimarse como excesivamente generoso, ¿por qué no extender y generalizar un micro salario inferior a los citados para un objetivo de pleno empleo?

¿Qué podemos esperar de la gestión de una crisis donde predominan el poder y los criterios de aquellos que la provocaron y que vuelven a insistir en las políticas que fueron responsables de la propia crisis?

¿Puede hablarse de un verdadero sentido de la responsabilidad y solidaridad cuando se ha constatado, con los recientes datos de desempleo en Europa, que esas políticas llamadas de austeridad, han generado más paro, más desigualdad y más injusticia social?

¿Estamos ante una respuesta a la crisis o frente a una operación política, social y económica que pretende un nuevo diseño de la convivencia, un cambio en la correlación de fuerzas y equilibrios sociales, de manera que para unos segmentos de la ciudadanía, los más numerosos y frágiles, se instale la amenaza de la crisis como un modelo de vida permanente, de forma que se hace más estable para otros sectores, lo más minoritarios, un hábitat de creciente poder político y social con mayor rentabilidad económica y financiera?

Uno de los problemas más evidentes del proceso de construcción europea, junto al déficit político, ha sido el escaso compromiso por la armonización de los mercados de trabajo. No sólo han sido insignificantes y limitadas las iniciativas de coordinación de políticas de empleo, sino que además se han encontrado con una controversia desde distintas ópticas. Una visión conservadora de las condiciones de trabajo, inclinada a la desregulación, la precariedad y la flexibilidad arbitraria. Añádase a ello una visión nacional de las políticas de empleo como elementos de competencia entre los propios países de la Unión. En este sentido han ido históricamente las diferentes pero concordantes reformas laborales acometidas por los gobiernos de los estados: obviando una dimensión europea, para lanzarse a una competencia que ha pasado de ser a la asiática a ser a la europea, y sin tener en cuenta una eficaz coordinación a partir de los Planes Nacionales, a la que forzó la movilización sindical internacional a mediados de los años 90.

Tras el estallido de la crisis financiera mundial en 2008, y después del escándalo evidente de los comportamientos de los sistemas de control, de las agencias de calificación, las entidades y corporaciones bancarias, hasta los responsables más conservadores advirtieron de la necesidad de “reinventar el capitalismo”, incluso de “hacer un paréntesis en los criterios capitalistas”, eso sí, para que fuese el sector público el que, canalizando recursos de todos los ciudadanos, volviese a poner a punto la máquina de gestión financiera mundial. ¡Y de qué manera y con qué ímpetu!

Lejos quedan ya el capitalismo con conciencia, el capitalismo social o el capitalismo inteligente. Hoy, los agentes económicos, tras su pompa y boato, las entidades y responsables financieros bien podrían sintetizar su codicia respondiendo como lo hacía aquel al que le increparon ¡Egoísta! Y, sorprendido, respondía ¿Egoísta yo? ¡Una mierda… pa mí¡

Podemos coincidir con los que afirman que este periodo de crisis se está aprovechando para cambiar el modelo de convivencia, social y laboral, y las correlaciones de fuerzas entre los distintos sectores y agentes sociales hacia un escenario más reaccionario que conservador.

Al margen de la políticas económicas de austeridad, que se demuestran insuficientes o más bien contraproducentes para cambiar la orientación y estabilizar el espacio económico por no asumir los Eurobonos o un nuevo papel del Banco Central Europeo que se acerque al modelo de Reserva Federal americana, la total ausencia de políticas de crecimiento mediante inversión o políticas industriales ha hecho caer las medidas anti crisis en el conjunto de los ciudadanos, especialmente en aquellos sectores ya de por sí castigados por la actual situación.

Es por ello que se observan las actuaciones contra el mercado de trabajo, la protección social y los servicios públicos. En esto sí, las instituciones financieras internacionales dictan orientaciones y tienen claros sus objetivos, con el seguidismo y entusiasmo a veces de las propias instituciones europeas. Aplicando métodos que sortean los procedimientos y la legitimidad democráticos.

Una de las bases de la convivencia en democracia es el derecho al trabajo y el derecho del trabajo: un trabajo digno y con derechos. Para conseguirlo están las políticas públicas, la iniciativa empresarial, el diálogo social y la negociación colectiva. No es baladí que en el objetivo de las reformas laborales esté debilitar la negociación colectiva. La individualización de las relaciones laborales quiebra el equilibrio de fuerzas entre empresario y trabajador en detrimento de éste. Los recortes en los derechos de contratación colectiva afectan al trabajo de las personas y sus garantías laborales en la empresa, en el sector y también en los ámbitos territoriales. De igual manera, hasta sectores empresariales racionales consideran que es lesiva esta debilidad a la hora de integrar todos los factores de la empresa en un desarrollo positivo de la actividad.

Las reformas del mercado de trabajo están exigiendo la precariedad de la contratación, la libre disposición por parte del empresario de la flexibilidad interna de los trabajadores y el abaratamiento y ampliación de las causas del despido, prácticamente al libre albedrio del empleador. Es todo el ciclo de la vida de las personas el que se pone a disposición de quien tenga a bien contratarle.

“Mientras musito escribo una vez más la gran pregunta incontestable: ¿eso que se adivina más allá del último confín es aún la vida? (últimos versos de Entreguerras, José Manuel Caballero Bonald)

El desempleo en Europa se acerca ampliamente a un cuarto de la población juvenil. En países como España estas cifras se doblan. Hay jóvenes que en la época de crecimiento dejaron los estudios para trabajar y, llegada la crisis, no tienen ni empleo ni formación para acceder al mercado de trabajo. Otros jóvenes disponen de amplia formación y cualificación y no encuentran trabajo o lo aceptan en tareas distintas, muchas veces en puestos de diferente o inferior titulación a la que dedicaron años para prepararse. La oferta de contratos basura, prácticas abusivas o con periodos de prueba tan amplios que al final son sustituidos por otros, es la propuesta que desde las orientaciones europeas e internacionales se está aplicando a las reformas laborales de los estados. Si, además, se plantean salarios distintos de inserción o por edades para el mismo trabajo, se comprende la lógica conservadora del recorte en la negociación colectiva que ya debilita a los más frágiles.

Recortes en la educación, la sanidad, las prestaciones sociales y el seguro de desempleo, condicionamientos y limitación de las pensiones de la seguridad social, mientras se anima a suscribir fondos de pensiones privados, reducción del número y calidad de empleos públicos, anuncios sobre la limitación del derecho de huelga, se sustentan en un mercado de trabajo donde la inseguridad haga eficaz esta política del miedo. Miedo al presente y al futuro, miedo a un trabajo precario y a perderlo, miedo al desamparo en la enfermedad o al acceso a la educación de los hijos, miedo a la vejez.

No es, por tanto, sólo una política económica la que se nos arroja. Es una estrategia política para un nuevo diseño de la vida colectiva, donde competitividad, modernidad, crecimiento hay que traducirlos por lo que siempre significaron: explotación, marginación y desigualdad.

Asistimos pues a toda una estrategia política porque, frente a las enormes cortapisas y dificultades para volver al control democrático de los movimientos, actividades y grupos financieros o aplicar una tibia tasa para las operaciones entre estas entidades, está siendo muy fácil conceder billones a la banca europea al 1% en tres años, que reinvierte en mecanismos que aumentan sus beneficios sin que lleguen a las actividades productivas.

Cedefop, el instrumento de la UE para la formación profesional, ha previsto que en 2020 habría 7 millones de empleos más que hoy. Igualmente, estimaba que habría 73 millones de otras posibilidades de empleo para reemplazar a personas que acceden a la jubilación o cambian de trabajo. Habrá asimismo un cambio de los niveles de cualificación de los empleos: aumentarán en 16 millones los empleos de alta cualificación y se reducirán también en 16 millones los de baja cualificación. Los de cualificación media se mantendrán en torno al 50%. ¿Podrá un mercado de trabajo desregulado, con una flexibilidad arbitraria, responder a los desafíos de hacer posible unos colectivos profesionales cada vez más exigidos de cualificación?

Abundan las contradicciones entre el propio Tratado de Lisboa, que exige preservar la cohesión social, las mismas orientaciones de la estrategia Europa 2020, y las medidas de recorte social y laboral que se alientan desde las instituciones europeas. Ya no es excusa la intervención o no de un país. En nada se diferencian las medidas tomadas y previstas por el gobierno de España de los recortes en Portugal o Grecia.

Los muy prudentes objetivos de la estrategia Europa 2020 no se compadecen con las medidas que se van tomando por los responsables políticos. ¿Será posible tener ocupada al 75% de la población entre 20 y 64 años? ¿Veremos el 3% del PIB de la UE invertido en I+D? ¿De verdad que estas políticas de austeridad reducirán en 20 millones las personas amenazadas por la pobreza? Los recortes en los sistemas públicos de educación ¿reducirán a menos del 10% el abandono escolar y lograrán que el 40% de la generación más joven acceda a estudios superiores completos? Los objetivos energéticos, que deberían ser en el contexto mundial una prioridad, no acogerán un compromiso real de la UE, igual que tampoco otros temas de trascendencia política como la integración de Turquía o la atención y apoyo a los procesos democráticos del norte de África. La política económica y el frente político por la desregulación laboral y recorte de derechos están hipotecando el conjunto de la acción de la UE.

Las políticas de educación y formación de la UE recibieron un impulso político con la culminación del Proceso de Copenhague y la firma, en diciembre de 2010, por los ministros de educación de la UE y los interlocutores sociales de ámbito europeo, del Comunicado de Brujas para la coordinación de la formación profesional en Europa. A la espera de las iniciativas que en él se recogen, podemos adivinar un menor efecto si se aplican en un mercado laboral ni receptivo ni permeable a las políticas educativas por la propia precariedad laboral. Contrarrestar el abandono escolar, reconocer la educación no formal e informal para responder más de 80 millones de personas que trabajan en Europa con la experiencia suficiente pero sin ningún diploma o certificación, abordar la educación de adultos o potenciar la cooperación entre las enseñanzas profesionales y las enseñanzas superiores será cada vez más complejo en el nuevo marco que limita las inversiones en educación.

El mercado de trabajo europeo debe sustentarse en una educación y formación que garantice la ocupación de las personas y una mayor capacidad de competir para empresas y productos. La Confederación Europea de Sindicatos ha planteado para ello la necesidad de invertir en educación y formación a lo largo de toda la vida: sosteniendo una educación inicial de alta calidad, desde preescolar, financiada por el sector público, igualdad de acceso a la educación, reconocimiento de la experiencia profesional, facilitar el paso de la educación a la vida profesional, etc. Es en estas políticas de inversión y apuesta por los servicios públicos en las que asistimos a reiterados recortes que condicionarán iniciativas europeas como “Nuevos conocimientos y empleos” y “Juventud en movimiento”.

En Julio de 2011 el Comité Económico y Social Europeo (CESE), a solicitud de la Presidencia polaca de la UE, elaboró un dictamen sobre el futuro del mercado de trabajo en Europa y las repuestas a las tendencias demográficas en el que ponía de manifiesto que las potencialidades de empleo en Europa podrían ser aprovechadas “si se aplica una política de crecimiento selectiva y se impulsa un empleo de calidad sujeto al régimen de seguridad social”.

El CESE, institución tripartita consultiva de la UE, afirmaba que las potencialidades de ocupación vienen de integrar la formación inicial y continua, puestos de trabajo productivos y de calidad, sistemas de seguridad social eficientes y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

…Si nos pincháis, ¿no sangramos? Si nos cosquilleáis ¿no reímos? Si nos envenenáis ¿no nos morimos? Y si nos ultrajáis, ¿no nos vengaremos?... (Shylock, en el acto tercero del Mercader de Venecia. William Shakespeare).

En esta coyuntura, seguramente asistimos a un momento histórico para el diseño de un nuevo orden, etapa, sistema- póngale cada uno el nombre que quiera- de convivencia social en todos los ámbitos: desde lo local al espacio internacional. Un nuevo modelo universal que puede regir el mundo para decenios.

Los sectores e intereses que rigen la economía han lanzado y están aplicando su opción, amparados por una lógica conservadora, en la que el sistema y procedimientos democráticos son una anécdota supeditada a la causa superior de los mercados y poderes financieros. Es una acción perfectamente organizada y sin control democrático, que ha usurpado el espacio internacional para la acción y, a veces, la terminología de conceptos vinculados al progreso. Europa es una buena muestra de ello. El Consejo Europeo de 1 y 2 de Marzo insistía en las políticas de austeridad y los recortes, al mismo tiempo que instaba a los gobiernos a seguir en la senda de los objetivos de la Estrategia Europa 2020…

En la lógica que han impuesto los gobiernos nacionales se espera para un cambio el posible triunfo de la izquierda en Francia. No estaría mal, pero el problema de fondo sería mantener esa hegemonía de la interlocución de los gobiernos soslayando criterios ideológicos. Porque al final se impone la lógica conservadora. Una lógica que se ha llevado por delante no sólo a gobiernos progresistas, sino que ha puesto a las propias organizaciones de izquierda política en riesgo de irrelevancia.

Con todo el respeto a su legitimidad, yo no tengo nada que ver ideológicamente con la Sra. Merkel; con los trabajadores alemanes sí. Por eso son arriesgadas las expresiones mayestáticas que extienden a toda la ciudadanía de un país la expresión ideológica de su gobierno. Ese es posiblemente el déficit intelectual de la izquierda con los ciudadanos europeos. Se ha limitado o se ha sacrificado una visión alternativa de la izquierda europea al ejercicio responsable de las tareas de los gobiernos. ¿Es sentencia divina que no son compatibles?

Los hombres y mujeres de Europa necesitan constatar que todo lo que viene de Europa no es un riesgo para su seguridad laboral y social. Para ello, la izquierda europea tiene que articular un proyecto con el que se identifiquen las personas en su país y en Europa, en sintonía. Un Programa de Progreso para Europa que priorice la construcción política, reconocible y articulado en los ámbitos locales, regionales, nacionales y europeo. Una nueva referencia para la construcción y convivencia europeas sobre la base de las conquistas sociales históricas que hicieron de Europa una referencia en el mundo, y llevó a afirmar al presidente Lula, de Brasil, que el modelo social europeo debía considerarse patrimonio de la humanidad.

La actual amenaza europea a los derechos sociales y el trabajo, si no es capaz de generar una alternativa política progresista, será un alimento para la aparición de movimientos populistas, racistas e intolerantes, verdadero riesgo para la construcción y convivencia europeas.

En este contexto, es clave el papel del movimiento sindical europeo. Nunca, en estas circunstancias, el Sindicato tuvo tanta trascendencia y dimensión desde la empresa hasta Europa. Las propuestas de orden económico y social de la CES, el ofrecimiento del Nuevo Contrato Social para Europa y la respuesta responsable sindical a un desenfreno de gestión política y económica, deberían ser atendidas por las instituciones y la patronal.

Las movilizaciones llevadas a cabo en los distintos países suponen una contestación clara y contundente a una agresión sin precedentes. En esta coyuntura, las organizaciones sindicales, en todos y cada uno de los países, ya saben que, tarde o temprano, las campanas doblan por todos los trabajadores europeos. Sumar a otras organizaciones de carácter social y plural a las reivindicaciones significa, desde el mundo del trabajo, defender la dignidad de la ciudadanía europea. Para avanzar en las movilizaciones europeas, en la perspectiva, no descartable, de la confluencia en un conflicto social global de carácter europeo, que por encauzarse por los procedimientos democráticos, también cerraría el paso a una tragedia social europea que pueden desatar unas políticas auténticamente anti sistema.

Está en juego el futuro de la convivencia en un marco de decencia y dignidad humana. Pueden ganar ellos, pero, a la larga, como alguien se preguntó, ¿hasta cuándo pueden coexistir una economía sana y una sociedad enferma?

Juan Mendoza: Consejero de UGT en el Comité Económico y Social Europeo

Juan Mendoza: Consejero de UGT en el Comité Económico y Social Europeo

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