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Informe de UGT sobre 100ª Conferencia de la OIT.

13/09/2011 | UGT

Aparte del simbolismo de su número, la 100ª Conferencia de la OIT será recordada por la aprobación de un nuevo convenio (el nº 189)[1] y recomendación (la nº 201) sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, demandado por las organizaciones sindicales desde hacía mucho tiempo. También ha sido muy importante la discusión sobre Protección Social, Seguridad social para la justicia social y una globalización equitativa, discusión que se enmarca en el seguimiento de la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa (adaptada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2008) mediante un sistema de discusiones recurrentes en las reuniones anuales de la Conferencia dedicadas a cada uno de los cuatro objetivos estratégicos de dicha Declaración.

El mismo tema ha sido objeto de una discusión monográfica en la Comisión de Aplicación de Normas basado en el informe de la Comisión de Expertos, Estudio general relativo a los instrumentos de la seguridad social a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, cuya lectura es altamente recomendable por cuanto viene a aportar una mayor sensibilidad social hacia este tema que el informe objeto de discusión en la Comisión específica de Protección Social.

Asimismo, se ha producido una discusión general sobre la Administración del trabajo e inspección del trabajo, de cuyo informe y conclusiones recomendamos su lectura.

Tan importante como los temas a discutir en la Conferencia son los informes globales que, como cada año, presenta la OIT con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. En esta 100ª Conferencia el tema abordado ha sido el de la igualdad en el trabajo, La igualdad en el trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse, en el que se analizan, entre otras, las tendencias en materia de igualdad (por razón de género, raza, nacionalidad, edad, religión, etc.), y que fue objeto de una breve discusión monográfica.

Como en años anteriores, hemos participado activamente en la Comisión de Aplicación de Normas, tanto en las reuniones previas de la CSI para el estudio de los casos como en la conferencia misma. El Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sigue siendo el mejor instrumento para analizar el estado de las normas del trabajo en el mundo. Acompañamiento indispensable de este informe es el Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales que, como cada año, se presenta en esta Conferencia.

1- Comisión de Aplicación de Normas.

La discusión en la Comisión de Aplicación de Normas comenzó con un encendido el debate por la ausencia significada de Colombia entre los casos a debatir. Este caso, presente prácticamente todas los años por grave incumplimiento del Convenio 87 sobre libertad sindical, y donde se sigue asesinando a sindicalistas con absoluta impunidad, no se incluyó ya que en el informe de la Comisión de Expertos no se incluía ninguna observación sobre el mencionado Convenio ya que no contaba, todavía, con el informe de la comisión tripartita de alto nivel que visitó el país en febrero de 2011. Este país, sin embargo, sí aparecía por incumplimiento del Convenio 81 sobre inspección de trabajo pero no se incluyó por la oposición de los empresarios.

La Comisión estudio el caso de Guatemala por graves y reiteradas violaciones al Convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación siendo el primero en discutirse debido a que sobre el mismo pesaba un doble pie de página otorgado por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEACR- de la OIT a instancias de las denuncias presentadas por el grupo de los trabajadores.

Como conclusión la Comisión estimó procedente incluir el caso de Guatemala por violaciones a la libertad sindical en un párrafo especial para ser citado en el Informe General de la Conferencia. El párrafo especial es una medida que se aplica a los casos de extrema gravedad y en donde los gobiernos han mostrado, falta de avances, de voluntad y de colaboración con los órganos de control de la OIT.

Además de Guatemala, los casos de Camboya, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Panamá, Serbia, Suazilandia, Turquía y Zimbawe también fueron analizados por graves violaciones del Convenio 87 sobre Libertad Sindical.

Otros países incluidos por las violaciones del Convenio 98 fueron Belarús, Rumania y Uruguay este último por reclamación del sector empresarial.

Por último Malasia fue incluida por la violación del Convenio 19 sobre Igualdad de Trato, la República Democrática del Congo por el Convenio 29 que prohíbe el Trabajo Forzoso, Arabia Saudí por el Convenio 81 sobre la Inspección de Trabajo, Sri Lanka  por el Convenio 103 sobre Protección a la maternidad y Fidji por el Convenio 111 sobre Discriminación.

Uno de los casos que más llamaron la atención fue el caso de Grecia en relación con el Convenio 98, de derecho de sindicación y de negociación colectiva, ante la queja de la Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE) por las numerosas iniciativas legislativas tendentes a reducir los derechos de los trabajadores dentro del plan de austeridad del Gobierno griego contra la crisis. Una información detallada del interesante debate sobre esta cuestión que, como tuvimos ocasión de manifestar, no es un caso aislado sino que afecta de lleno al modelo social europeo, puede encontrase en el II Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, páginas 71 a 77.

Nuestra intervención en este caso la enfocamos no sólo al caso griego, también al plan de austeridad diseñado por la Unión Europea mediante el Plan europeo de Gobernanza y el Pacto por el Euro, aunque ésta no tenga competencia para ello, y en su estrategia de austeridad fiscal, de recorte de prestaciones sociales, de salarios y de la negociación colectiva. Recordamos, asimismo, que el Comité de Libertad Sindical viene manteniendo el principio básico de que en los casos de ajustes presupuestarios o políticas de estabilización, como es el caso de Grecia y otros muchos países, entre ellos España, las restricciones a la libre fijación de los salarios por la negociación colectiva deberían aplicarse:

  1. Sólo como medida de excepción.
  2. Limitarse a lo necesario.
  3. No exceder de un periodo razonable. Para dicho Comité un periodo de 3 años de limitación constituye una restricción considerable.
  4. Ir acompañadas de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores.

Este criterio se recogería posteriormente en las conclusiones sobre el caso de Grecia. No dejamos pasar la ocasión para denunciar el que algunas instituciones internacionales, especialmente el FMI, de forma directa o indirecta fuercen a muchos países al incumplimiento de las normas internacionales del trabajo, lo que resulta inaceptable. En nuestra opinión, la OIT debería hacer un esfuerzo mucho mayor en recordar a estas instituciones la obligación moral y política que tienen en hacer respetar, al menos, esos límites, máxime cuando con sus exigencias no hacen sino reforzar las políticas que nos llevaron al actual desastre social.

2- Comisión de Trabajadores Domésticos.

En la 100ª Conferencia, se celebró la segunda discusión con miras a la adopción de un Convenio complementado por una Recomendación sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos. Finalmente ambos fueron aprobados y contamos ahora con dos instrumentos internacionales: el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos y la Recomendación 201 que lo complementa.

Tanto el Gobierno español como los empleadores españoles, así como los trabajadores, votamos a favor del Convenio y la Recomendación. El Convenio salió adelante con 396 votos favorables, 16 votos en contra (15 de empleadores y uno de un Gobierno) y 63 abstenciones de 46 empresarios y 8 Gobiernos. La Recomendación tuvo 434 votos a favor, 8 en contra (todos empresarios) y 42 abstenciones de 28 empresarios y 7 países.

La importancia de la aprobación del convenio y la recomendación residen en que son las primeras normas internacionales elaboradas específicamente para proteger a las personas que prestan servicios domésticos. Esto implica reconocer el empleo doméstico como lo que es, verdadero trabajo y a quienes lo desempeñan, como trabajadores y trabajadoras. Si bien es cierto que las características del empleo doméstico, y los derechos y protección de quienes trabajan en este sector, varían de unos países a otros, la situación de vulnerabilidad, la infravaloración, la invisibilidad, la falta de reconocimiento, la menor protección social y la ausencia de determinados derechos laborales son comunes en todo el mundo. Y en determinados casos, el empleo doméstico implica situaciones de semiesclavitud, con una particular incidencia, además, del trabajo infantil.

La OIT calcula que hay más de 52 millones y medio de personas empleadas en los hogares, de las que el 83% son mujeres y más de once millones niños y niñas de entre 5 y 17 años. Los salarios de los empleados domésticos suelen rondar la mitad del salario promedio de un país, no llegando, en algunos casos, ni al 20% de este salario. El empleo doméstico constituyen el 1´7% del empleo mundial, pero la propia OIT reconoce la dificultad de obtener datos precisos, entre otras razones por el elevado volumen de economía sumergida. De hecho, la OIT estima que teniendo en cuenta esta variable del empleo sumergido, podría haber más de 100 millones de personas trabajando como empleados domésticos.

El Convenio incluye una definición amplia de empleo doméstico, donde el elemento que define este tipo de trabajo es que se realiza en un hogar o para el mismo, con independencia de que contrate un particular o una empresa (a diferencia de la legislación que regula este trabajo en España, donde el elemento que determina el encuadramiento de las trabajadoras y trabajadores en la relación laboral especial y en el régimen especial de empleados de hogar, es la contratación por un particular para realizar las tareas del hogar). De esta forma el Convenio da cabida a las distintas formas que este adopta en todo el mundo.

Para cubrir todas las realidades del empleo doméstico, presta especial atención a derechos que, pueden parecernos obvios, pero que en determinados países no están reconocidos para quienes prestan servicios domésticos, como la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso o la necesidad de fijar una edad mínima, por cada Estado Miembro, para los trabajadores domésticos, edad mínima que no pueda ser inferior a la que establezca la legislación nacional para los trabajadores en general. E igualmente el Convenio, señala que todo estado miembro debería adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia y establecer mecanismos de queja eficaces y asegurar que los trabajadores domésticos tengan un acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales o a otros procedimientos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las previstas para los trabajadores en general.

La necesidad de equiparar las condiciones de quienes se emplean en el servicio doméstico con el resto de trabajadores, se reitera a lo largo del Convenio y la recomendación. La desigualdad en derechos y en materia de protección social es una característica del empleo doméstico que también está presente en España. De ahí que el Convenio haga referencia a la igualdad con el resto de trabajadores en materias como la jornada de trabajo, vacaciones, periodos de descanso (que el Convenio, en el caso del periodo de descanso semanal establece en 24 horas como mínimo), salario mínimo, protección de la seguridad social, salud y seguridad en el trabajo. Y que se remita, también de manera reiterada, a las condiciones establecidas en estas materias en la legislación nacional o convenios colectivos, además de a la consulta preceptiva con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para el desarrollo de las mismas.

Otra de las características del empleo doméstico, es que un gran volumen de trabajadores y trabajadores son migrantes. Por ello el convenio y la recomendación muestran una preocupación especial por los trabajadores migrantes contratados en origen y establecen que estos han de conocer las condiciones de empleo antes de cruzar la frontera, o que deben tener derecho a conservar sus documentos de viaje o identidad. E incluso, en la recomendación se menciona que los estados miembros deberían determinar las condiciones en las que los trabajadores migrantes del empleo doméstico tienen derecho a ser repatriados a sus países de origen, sin coste alguno para ellos.

El Convenio dedica un artículo al papel de las agencias de contratación y colocación, con la finalidad de establecer condiciones para su funcionamiento, e impedir abusos, además de establecer la obligación de incluir en leyes o reglamentos cuales son las responsabilidades de la agencia y del hogar con respecto al trabajador.

La Segunda discusión, fue más intensa y larga que la primera celebrada en la Conferencia Internacional del trabajo de 2010 y en la que se decidió la elaboración de un Convenio y una Recomendación. Pero cabe destacar el esfuerzo de los tres grupos (trabajadores, empleadores y gobiernos) para llegar a acuerdos, mínimos en algunos casos, pero que finalmente cumplieron prácticamente todas las expectativas del grupo de trabajadores. 

Puede encontrarse una amplia información sobre los debates y su dinámica en el Informe de la Comisión de los Trabajadores Domésticos.

3- Comisión de Protección Social. La iniciativa de un “piso” de protección social.

Antecedentes

Después de décadas de abandono, la comunidad internacional ha vuelto a considerar la importancia de la seguridad social. En la actualidad, más del 70% de la población carece de protección social. La iniciativa de un “piso” o régimen mínimo de protección social, se vendría a justificar por el escaso número de ratificaciones del Convenio 102 o “norma mínima” de protección social (del año 1952), con solo 47 ratificaciones, o de la última norma internacional de protección social, el Convenio 168 (de 1988) sobre fomento del empleo y la protección contra el desempleo con tan solo 7 ratificaciones.

Ya en la 89ª Conferencia de 2001, el Informe de la Comisión de Seguridad Social situaba la extensión de la cobertura de la seguridad social como la máxima prioridad. Asimismo, a partir de 2003 la OIT llevó a cabo la Campaña Mundial sobre seguridad social y cobertura para todos. Por aquel entonces, la OIT empezó ya a utilizar el concepto de “piso” o nivel mínimo de seguridad social que debería ser una prioridad para los países con mayores déficits de cobertura. En fin, en 2008, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas apoya esta idea de extensión de la cobertura y en 2009 la Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de Naciones Unidas adoptó la iniciativa del un régimen o nivel mínimo de protección social como una de las nueve iniciativas conjuntas de la ONU para hacer frente a la crisis. Asimismo, el enfoque del Piso de Protección Social fue incorporado en el Pacto Mundial para el Empleo que adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo en 2009. Esta iniciativa del “piso” está dirigida conjuntamente por la OIT y la Organización Mundial de la Salud.

La discusión en la 100ª Conferencia ha servido para situar las prioridades para la próxima Conferencia de 2012 en la que adoptará una Recomendación sobre el piso o nivel mínimo de protección. El hecho de que el instrumento para esa iniciativa sea una Recomendación y no un Convenio, obedece a poderosas razones. El primero, que en el actual contexto el convenio que hipotéticamente se pudiese aprobar supondría un empeoramiento de las actuales normas de seguridad social y, muy probablemente, una reducción de los niveles del Convenio 102. El segundo, que, por ese mismo motivo, al grupo de trabajadores no le interesa un Convenio, pero tampoco al grupo de los empleadores (además de muchos gobiernos) ya que toda su estrategia se basa en la reducción de la capacidad normativa de la OIT.

Si bien la iniciativa del “piso” de protección social fue vista desde un principio con muchas reticencias por parte del grupo de los trabajadores pues se temía, y se sigue temiendo, que la prioridad se sitúe no en el Convenio 102 de norma mínima de protección social sino en el “piso” de protección social. De ahí que para el movimiento sindical siendo una prioridad la “extensión horizontal” para toda la población de la protección social, debiera acompañarse también de un fortalecimiento “vertical” del nivel de seguridad mediante una cobertura contributiva.

En apretado resumen, con la iniciativa de la OIT, y de la ONU, se pretende la reducción de la pobreza del mayor número de personas mediante las garantías siguientes: 1) el acceso a los servicios sanitarios esenciales; 2) transferencias monetarias y en servicios a los niños; 3) garantía de ingresos mínimos, o de programas de garantía de empleo cuando proceda, para las personas en situación de desempleo, subempleo o enfermedad, así como en los casos de maternidad; 4) seguridad de ingresos para las personas en edad de jubilación, o por discapacidad, en una cuantía equivalente al nivel del umbral de la pobreza.

La OIT ha realizado algunos estudios que muestran que una inversión del 4% del PIB en prestaciones por vejez, discapacidad y prestaciones por hijo podría reducir la pobreza en algunos países africanos en un 40%. En América Latina el costo de un conjunto de transferencias condicionales para los niños, de pensiones universales y de prestaciones de salud básicas, puede mantenerse con el 5% del PIB y la reducción de la pobreza puede llegar al 50 por ciento.

Estudio general de la Comisión de Expertos relativo a los instrumentos de la seguridad social en el marco de la Declaración de 2008 sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa. La Seguridad Social y la Primacía del Derecho.

Este estudio general ofrece un examen general de 4 instrumentos fundamentales de la seguridad social (Convenios 102 y 168 y Recomendaciones nº 67, sobre la seguridad de los medios de vida de 1944, y Recomendación nº 69, también de 1944, sobre la asistencia médica). Este estudio fue objeto de discusión en la Comisión de Aplicación de Normas y sus conclusiones fueron presentadas en la Comisión Técnica sobre Protección Social

En resumen, este estudio es un buen documento por cuanto viene a recordar: 1º) los principios que orientan los diferentes instrumentos de la Seguridad Social: responsabilidad general del Estado, solidaridad social, afiliación obligatoria, financiación colectiva, participación de los interlocutores sociales, entre otros muchos; 2) valora de forma crítica la privatización de la Seguridad Social en muchos países y con ello el incumplimiento de los principios básicos;3) porque aboga por una protección social basada en los derechos y no en la caridad y 4) aun siendo favorable al “piso” de protección social, la Comisión de Expertos: “reitera que debe fortalecerse el marco jurídico establecido por las normas de Seguridad Social vigentes”.

No podemos dejar de destacar una cierta disparidad de criterios entre el Estudio de la Comisión de Expertos y el de la Oficina para la Discusión Recurrente. Por ejemplo, no se puede coincidir con el pragmatismo de este último cuando viene a decir que lo importante son los resultados y no es necesario mantener una posición normativa sobre cuál deba ser la estructura de los sistemas, viniendo así a justificar la privatización de la Seguridad Social, cuando hemos visto, incluso a través de documentos de la propia oficina, las consecuencias negativas que esa privatización ha supuesto en diversos países tanto de América Latina como en Europa.

Tampoco podemos dejar de reseñar las observaciones que hace ese Estudio a España. Nuestro país ratificó el Convenio 102 en fecha muy tardía, 1988, pero de las 9 partes, o contingencias, de que consta el Convenio, España solo aceptó cuatro (asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo y prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional) quedando fuera de esa ratificación las cinco siguientes: Prestaciones de Vejez, Prestaciones de Invalidez, Prestaciones de Supervivientes, Prestaciones Familiares y Prestaciones de Maternidad. Respecto a las tres primeras (vejez, invalidez y supervivientes), España no las ha ratificado fundamentalmente por el requisito de carencia cualificada exigido en nuestro país, requisito que iría en contra de las disposiciones de dicho convenio. Asimismo, hasta no hace mucho, porque las cuantías de las pensiones mínimas tampoco se ajustaban a los mínimos de dicho Convenio. El Comité de Expertos señala, con razón, que habiendo España aceptado siete partes del Código Europeo de Seguridad Social, nuestro país debería considerar la aceptación, al menos, de las partes relativas a Vejez, Invalidez y Maternidad.

Mucho más compleja, sino imposible, sería la ratificación de la parte relativa a Prestaciones familiares. A pesar de que España ha señalado al Comité de Expertos que según un estudio (de 2008) nuestro país cumple con las exigencias del Convenio 102 respecto a las prestaciones familiares y, por tanto, estaría en condiciones de considerar la aceptación de esta parte, lo cierto es que, al día de hoy, eso es imposible. En primer lugar, porque con posterioridad a ese estudio el Gobierno ha suprimido, entre otras, la ayuda de 2.500 euros por nacimiento de hijo que suponía una de las partidas de gasto más importantes de la protección familiar cuando se realizó el citado estudio. Pero, en segundo lugar, aún en la hipótesis de mantener esa ayuda, el estudio del MTIN incluía de forma inapropiada partidas de gasto que no deberían incluirse: deducciones fiscales, complementos de mínimos por pensiones de viudedad, etc.

Desde luego, no es un buen ejemplo que un país desarrollado como España no haya aceptado cinco contingencias de las nueve que consta el Convenio 102.

Comisión Técnica sobre Protección Social.

La mayor parte del debate en esta Comisión, dentro del grupo de trabajadores, estuvo centrada en los peligros que podría acarrear el “piso” de protección. El Piso de protección social se puede justificar, como de hecho lo hace la OIT, por el crecimiento, entre otros del trabajo informal en muchos países, incluso en aquellos en vías de desarrollo los cambios en el mercado de trabajo (aumento trabajo parcial, trabajos precarios, falsos autónomos, tercerización, etc.) suponen dificultades crecientes para acceder a una protección plena.

Pero en opinión de UGT (y la mayoría del grupo de trabajadores), tal y como expusimos tanto en la Comisión de Normas como en la específica sobre Seguridad Social, el Convenio 102 sigue siendo el mejor instrumento para extender la protección social y fijar un umbral mínimo de protección.

La idea del “Piso” de protección social, por muy acertada que pueda parecer, y razones para ello no le faltan, puede ser peligrosa por cuanto:

  • Podría convertirse en el principal instrumento para la extensión de la Seguridad Social en detrimento del convenio 102 y otros convenios de la OIT en materia de Seguridad Social. En definitiva la “norma mínima” podría ser el “piso” de prestaciones básicas, no el Convenio 102.
  • El problema de la desprotección del 75-80% de la población mundial no es la carencia de una norma internacional que asegure una protección mínima, es la falta de voluntad política para ampliarla pues tanto la recomendación 67, sobre la seguridad de los medios de vida, como la 69, sobre asistencia médica, tienen un carácter universalista.
  • El piso, por su carácter básico y casi asistencial, podría suponer no el primer peldaño para edificar a partir de él la Seguridad Social sino la única protección social para buen número de países.
  • Para otros países el “Piso” puede constituirse en una protección mínima por parte del Estado para sobre él construir un edificio no de protección social pública conforme a los principios de la OIT (solidaridad social, responsabilidad del Estado, participación social,….etc.) sino de capitalización individual.
  • El piso básico de protección social, sino se acompaña de una promoción del Convenio 102 y de los principios fundamentales de la OIT, es lo que más conviene a la protección social privada: las prestaciones mínimas, de mera supervivencia, serían el colchón que amortiguase los fracasos de la gestión privada (pérdidas financieras, primas crecientes y onerosas para las capas más pobres de la población,…).

De ahí que durante todos los debates el grupo de trabajadores haya insistido en acompañar la iniciativa de extender la protección social mediante el piso o régimen mínimo, con la necesidad de fomentar la ratificación del Convenio 102 y otras normas de protección social.

El apoyo de los trabajadores al Informe de la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social y a la resolución que la acompaña, por que se inscribe para la próxima Conferencia la elaboración de una Recomendación autónoma sobre el Piso de Protección Social, se fundamenta, según expusimos en el Plenario en el que se adoptó el informe, en primer lugar, por estar en coherencia y estrecha vinculación con el Programa de Trabajo Decente y con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, en la cual, como se recordará, la ampliación de la seguridad social a todas las personas constituye uno de sus cuatro objetivos estratégicos. Su finalidad última no es otra que combatir la inseguridad y pobreza que aqueja a una buena parte de la humanidad.

En segundo lugar, porque promueve la extensión horizontal de la protección social desde un enfoque basado en los derechos y no en la caridad o en el asistencialismo. No puede haber un trabajo decente sin que cada vez más personas puedan acceder a este derecho social y humano que dignifique a las personas como ciudadanos y como trabajadores. El derecho a la protección social es, además de necesario y viable, profundamente efectivo, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la presente crisis, tanto como estabilizador económico como también por ser el principal dispositivo de reducción del conflicto social y las desigualdades sociales, lo que, a la postre, redunda también en un mayor crecimiento económico, como se señala en los dos documentos sobre seguridad social sometidos a discusión en la presente Conferencia.

En tercer lugar porque, como muy bien se recoge en el Informe, el piso o pilar mínimo de protección social quedaría incompleto sin una extensión vertical a través de las normas de la OIT en materia de protección social, especialmente el Convenio 102, o norma mínima de Seguridad Social, cuya vigencia está fuera de toda duda, como lo muestra su reciente ratificación por diversos países.

El objetivo de la universalización progresiva de la Seguridad Social mediante la iniciativa del piso de protección social debería acompañarse de la promoción del Convenio 102 y de los principios fundamentales de la OIT, esto es, la solidaridad social, responsabilidad general del Estado, afiliación obligatoria, financiación colectiva, participación de los interlocutores sociales, entre otros muchos. El piso de protección social se constituiría en la base de un sistema donde los trabajadores podrían construir un edificio social a través de una cobertura integral, sobre una base contributiva, basada en el trabajo decente, el trabajo formal y regulado, en definitiva en el Convenio 102.

Estas y otras cuestiones serán objeto de debate en la 101ª Conferencia y es de esperar que, aunque solo se trate de una Recomendación, se produzca una fuerte confrontación de posturas.

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