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Lunes, 15/10/2018
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UGT rechaza el traspaso de hospitales a las CCAA con esta excusa, y su adopción sin diálogo social

La deuda de la Seguridad Social con el Estado hay que aclararla antes de saldarla

UGT ha expresado a los grupos parlamentarios del Senado su más absoluto rechazo a que el Proyecto de Ley de reforma del Sistema de Seguridad Social pretenda saldar la supuesta deuda de este organismo con el Estado mediante una fórmula de traspaso patrimonial de hospitales a las Comunidades Autónomas. Una medida de esa trascendencia para el patrimonio de la Seguridad Social necesita que se clarifique previamente el origen, cuantía y naturaleza de la deuda en cuestión, y sería inaceptable política y socialmente que se tomará cualquier tipo de decisión en esta materia ignorando el criterio y la participación de los cotizantes del sistema, los trabajadores y empresarios.

12/07/2011

Como consecuencia de las negociaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, el texto del proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social ha llegado al Senado con una “Disposición Adicional Trigésimo Octava. Patrimonio de la Seguridad Social”, en la que se establece que los préstamos concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del INSALUD (durante ejercicios anteriores a la separación de las fuentes de financiación del sistema de Seguridad Social) constituyen una deuda de la Seguridad Social que se saldará entregando a la Administración General del Estado “edificios y equipamientos afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales”, centros hospitalarios que serán a su vez traspasados al patrimonio de las Comunidades Autónomas.

Esta supuesta deuda parece referirse a las operaciones de saneamiento presupuestario del INSALUD llevadas a cabo en la década de los noventa. Teniendo en cuenta que en aquel momento la asistencia sanitaria se financiaba en un alto porcentaje ,y de manera creciente, por el Estado y, en sentido inverso, de forma decreciente, por la Seguridad Social, el supuesto déficit del INSALUD en aquel momento habría que atribuirlo en buena parte al propio Estado, aunque se hiciese afectivo a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Por esta razón, y porque no se han tenido en consideración otras deudas que se hayan producido en sentido inverso, UGT reclama no adoptar medidas legislativas en esta materia sin clarificar previamente el origen, cuantía, naturaleza y resolución de las deudas atribuibles a las Seguridad Social que se pretenden saldar con el Estado.

Por otra parte, es difícilmente entendible que si el objetivo de esta medida es saldar deudas existentes entre el Estado y la Seguridad Social, el patrimonio no revierta en la Administración General del Estado, y acabe adscrito en el haber de las Comunidades Autónomas.

Una medida de estas características sería difícilmente entendible en cualquier contexto, pero es especialmente preocupante en medio de la incertidumbre social generada por las políticas de recortes económicos y sociales de los gobiernos central y autonómicos, las polémicas medidas de recorte de prestaciones del sistema sanitario anunciadas desde algunas autonomías, y las incertidumbres catastrofistas –en muchos casos interesadas- sobre la sostenibilidad del actual sistema sanitario y su modelo de financiación. Todo ello despierta muchos interrogantes sobre el destino final que se pueda dar a ese patrimonio con el que se pretende saldar la supuesta deuda de la Seguridad Social. Y finalmente, resulta inaceptable que se adopte una decisión de tal calado patrimonial para el sistema negando a los cotizantes de la Seguridad Social, los trabajadores y empresarios, la participación en el debate y decisión de un asunto que les afecta directamente.

Por último, cualquier decisión sobre el patrimonio de la Seguridad Social debe ser rechazada en el contexto del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, por cuanto no se ajusta a uno de sus objetivos principales, como posibilitar la viabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, y por no haber sido objeto de negociación en el Acuerdo Social y Económico, de dos de febrero de 2010.

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