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La evolución de precios muestra el desigual reparto de las cargas derivadas de los ajustes

No es comprensible que continúen creciendo los beneficios en las empresas mientras bajan los salarios

13/03/2013 | UGT

Los datos de IPC publicados hoy por el INE muestran que, lejos de moderarse por las continuas caídas del consumo y de la inversión, los precios han sufrido una variación mensual de dos décimas respecto al mes anterior situándose en el 2,8%, una décima más que la registrada en enero, lo que da una idea del desigual reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en la economía española.

Para UGT, resulta difícilmente explicable que mientras que la remuneración de asalariados y los costes laborales caen de forma muy importante, el excedente bruto de explotación de las empresas continúe creciendo. El sindicato considera que es inaplazable un cambio en la política económica del Gobierno y que ésta se encamine al impuso de la actividad económica, el crecimiento económico y el empleo. Si se mina la recuperación del consumo y la inversión a través de la continua pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y se acompaña de una fuerte reducción del gasto público, el resultado es un país en caída libre, con descensos en la actividad cercanos al 2% y con prácticamente 6 millones de desempleados.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sufrido una variación mensual en febrero de dos décimas respecto al mes anterior. Con ello, el IPC anual se situó en este mes en el 2,8%, una décima más que la registrada en enero, y también una decima más que el dato adelantado publicado el pasado 28 de febrero. 

Los grupos que han tenido mayor influencia positiva en la evolución del dato interanual del IPC general son Transporte, que aumenta su tasa seis décimas situándola en el 2,8%, por la subida de los precios de los carburantes y lubricantes; Medicina, con una tasa anual del 12,9%, ocho décimas superior a la del pasado mes por la subida del precio de los medicamentos y otros productos farmacéuticos; y Ocio y cultura, por la subida de precio de los viajes organizados. Y con una influencia negativa destaca el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa se sitúa en el 2,8%, cuatro décimas menos que en el mes anterior, por el descenso entre otros del precio de las legumbres y hortalizas frescas. 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima hasta situarse en el 2,3%, de modo que su diferencia con respecto al IPC general se mantiene en cinco décimas. 

Por último, destacar que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumenta una décima respecto al mes de enero, situándose en el 2,9%, una décima por encima del IPC general nacional. De este modo, el IPCA de España aumenta su diferencial hasta 1,1 puntos respecto al IPC armonizado de la Zona Euro (que cae dos décimas respecto del registrado en enero, hasta el 1,8%), aumentando nuestra pérdida de competitividad vía precios con los países con los que compartimos moneda, y a pesar de nuestra situación más recesiva. 

CONCLUSIONES 

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) suponen un aumento superior en una décima a la cifra estimada por el indicador adelantado el pasado 28 de febrero, situando la tasa de variación anual del IPC del mes de febrero en el 2,8%, también superior en una décima a la tasa alcanzada en el mes de enero. 

También ha subido una décima la tasa anual subyacente (que elimina los componentes más volátiles de la cesta de la compra, alimentos sin elaboración y productos energéticos), situándose en el 2,3%, un nivel elevado en un contexto de profunda recesión como el que nos encontramos, con importantísimas caídas en la demanda nacional (-4,7% en el último trimestre del año 2012). Lejos de moderarse por las continuas caídas del consumo y de la inversión que se vienen produciendo, el IPC subyacente se mantiene desde hace seis meses por encima del 2%, incluso apuntando una tendencia creciente en los dos últimos, lo que da una idea del desigual reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en la economía española. 

Los datos son esclarecedores: mientras que la remuneración a los asalariados y los costes laborales caen de forma muy importante, el excedente bruto de explotación de las empresas continúa creciendo. Los costes laborales se vienen reduciendo de forma significativa en los últimos trimestres (esta semana hemos conocido que el coste laboral por hora se redujo el 3,1% en el cuarto trimestre del año, con descensos superiores al 15% en la Administración Pública), la remuneración de los asalariados experimenta una fuerte caída (descendió un 8,5% en el último trimestre del año según los datos de Contabilidad Nacional) y los incrementos medios pactados de los convenios se moderan en cumplimiento del II AENC (en enero fueron del 0,90% en el ámbito de las empresas y del 1,06% en el ámbito sectorial, ambos para nuevos convenios, mientras que en los revisados fueron del 0,66% y del 0,33% respectivamente), el aumento de los márgenes empresariales está provocando que no llegue a producirse convenientemente el ajuste vía precios. Resulta difícilmente explicable que en el mencionado escenario de caída de salarios y costes laborales los excedentes de las empresas, a pesar de haberse moderado desde niveles de aumento en el entorno del 5% hace un año y medio, sigan creciendo a un ritmo del 1,4% (según los datos de la Contabilidad Nacional). 

A este escenario habría que añadirle el peligro latente, dada la dependencia estructural que tiene nuestra economía de los productos energéticos y de la evolución de sus precios, si en el futuro próximo se produce una variación de los precios energéticos. El hecho de que en los últimos meses se haya asistido a una cierta estabilidad de los mismos no quita para que si en el corto o medio plazo se produce un alza, por muy pequeña que sea, ésta se traslade de inmediato a los precios de los productos de consumo, con el perjuicio que ello puede causar en el nivel adquisitivo de los ciudadanos y, por consiguiente, en el consumo y en la demanda interna de nuestro país. Es lo que viene sucediendo en nuestro país, agravado por la endémica falta de competencia que hay en el sector de distribución y comercialización de los carburantes y combustibles en nuestro país. 

El dato del IPC, por lo tanto, lejos de ser una buena noticia, supone una nueva prueba de que la crisis económica, lejos de remitir, parece que puede llegar a prolongarse mucho más tiempo. Cada vez es más evidente que la política económica que está llevando a cabo el Gobierno, centrada en los recortes y en los ajustes y, dentro del mercado laboral, en la devaluación de los salarios, no sólo no es eficaz, sino que es totalmente contraproducente para salir de la crisis. Tal y como se está ocurriendo, si se mina la recuperación del consumo y de la inversión a través de la continua pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, y se acompaña con una fuerte reducción del gasto público, incluso del destinado a la inversión, el resultado al que se llega es al de un país en caída libre, con descensos de la actividad cercanas al 2% y con prácticamente 6 millones de desempleados. 

Por todo ello, desde UGT defendemos un cambio en la política económica del Gobierno. Un cambio que resulta, además, inaplazable y que debe ir encaminado al impulso de la actividad económica mediante la implementación de políticas expansivas, destinadas al estímulo al crecimiento económico y al empleo. El fracaso de las políticas de ajuste es cada vez más sangrante y la reiteración en las mismas está provocando un deterioro significativo en el nivel de vida de la población, un incremento de las desigualdades sociales y un aumento sustancial del riesgo de pobreza y de exclusión social. 

Desde UGT consideramos, en definitiva, que el objetivo de la política económica debe centrarse de una vez por todas en el empleo, en el mantenimiento y reforzamiento de la protección social, en el fortalecimiento de los mecanismos básicos de cohesión social y en la incentivación de un cambio de modelo productivo para el medio plazo. Es decir, una política que recoja las necesidades y deseos de los ciudadanos, sin pérdida de derechos laborales y sociales, porque éste es el único camino posible de salida de la crisis. La austeridad ciega, la depresión salarial y los recortes de derechos en ningún caso traerán la reactivación económica, y solo supondrán más destrucción de empleo y más desigualdades sociales. Del tiempo que tarde el Gobierno en darse cuenta de esta aplastante realidad dependerá de que sigamos o no marcando record negativos en el nivel de paro y en la pérdida de derechos sociales y laborales.

 

 

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