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STC 104/2011, de 20 de junio | BOE 19 de julio de 2011

La huelga al filo del precipicio penal

17/01/2012 | Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Ponente:

  • Elisa Pérez Vera

Votos particulares:

  • Ramón Rodríguez Arribas
  • Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
  • Francisco José Hernando Santiago

Voces

  • Valoración de presuntos ilícitos penales durante el ejercicio del derecho de huelga

Supuesto:

Durante el desarrollo de una huelga en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) se producen varios incidentes, entre ellos cuando una de las componentes del comité de huelga irrumpe en el despacho de uno de los concejales en el que era atendidos dos ciudadanos que tenían cita en la dependencia municipal, negándose aquella a abandonarlo a pesar de la indicación del concejal y de los agentes de policía local, lo que provocó, diez minutos después, el fin de la reunión. Por estos hechos fue condenada por el Juzgado Penal 4 de Sevilla y por la Audiencia Provincial por un delito de desobediencia (art. 556 CP).

Criterio:

El TC recuerda que unos hechos no pueden ser valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y asimismo como conductas constitutivas de delito, cuestionándose también la aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que pueda apreciarse excesos en el ejercicio del derecho fundamental, pero sin llegar a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Respecto al derecho de huelga, que no ampara actos violentos o asimilables, se impone tener presente el contexto de conflicto en su ejercicio y su finalidad de defensa de los intereses de los trabajadores, en escenarios de tensión y antagonismo en los que tiene lugar su desarrollo (fj 6).

En este caso las resoluciones judiciales penales no otorgaron protagonismo alguno a un aspecto central que caracteriza la actuación desarrollada por la recurrente, en concreto su pertenencia al comité de huelga, que incide en la valoración de su conducta desde la perspectiva del derecho fundamental de huelga (fj 7). Así, el contexto huelguístico, los hechos acaecidos y la función de la recurrente en esa concreta huelga, obligaban a encuadrar la desobediencia en el marco objetivo del derecho fundamental (fj 8).

La conexión de la conducta de la recurrente con el ejercicio del derecho fundamental de huelga determina que la imposición de una sanción penal constituya una reacción desproporcionada, vulneradora del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), por su efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de aquel derecho fundamental (fj 9). Se otorga por ello el amparo.

Reitera criterio:

SSTC 137/1997, de 21 de julio (fj 2); 297/2000, de 11 de diciembre (fj 4), 88/2003, de 19 de mayo (fj 8); y 29/2009, de 26 de enero (fj 3).

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García Rodríguez, Abogado del Gabinete Jurídico CHTJ-UGT, Profesor asociado Universidad Rey Juan Carlos

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