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Jueves, 15/11/2018
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#14HuelgaGeneral | QUIEREN ACABAR CON TODO

La Junta de Castilla-La Mancha pretende cobrar por acceder a un derecho en materia de dependencia

Todas las modificaciones que el Gobierno realiza a la ley de dependencia van dirigidas a su desmantelamiento

30/10/2012 | UGT

UGT denuncia el proyecto de Ley en materia de dependencia aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante el cual se establecen tasas públicas por la utilización de una serie de servicios prestados por la Junta de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentran la tasa por solicitud de revisión del grado de discapacidad o la tasa por solicitud de revisión del grado de dependencia, entre otras. 

Para el sindicato, el concepto de tasa que se utiliza en este proyecto de Ley excede el marcado por la Ley General Tributaria, pretendiendo imponer un tributo por ejercer un derecho a unas personas que se encuentran en determinadas situaciones de discapacidad y dependencia, lo que sería tanto como imponer tributos a todos los beneficiarios del sistema de protección social por el solo hecho de solicitar una prestación, ya sea por desempleo, pensionistas, etc. 

Para UGT, llama la atención que una Comunidad Autónoma, cuya competencia es la de gestora de una Ley Estatal, establezca tasas sin que éstas sean reguladas por la propia ley estatal, por lo que el sindicato manifiesta que este proyecto contradice el propio texto legal, que en ningún momento establece tributos a los ciudadanos por ser receptores de sus derechos. 

En este sentido, considera que esta regulación supone un nuevo ataque frontal a la Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ya que la imposición de estas tasas repercute directa y negativamente a unos ciudadanos cuya situación es más vulnerable y que, además, ya contribuyen económicamente al sostenimiento de la ley mediante el copago. 

UGT recuerda que todas las modificaciones que el Gobierno realiza a la ley de dependencia van dirigidas a su desmantelamiento, al recorte presupuestario, a la reducción de sus prestaciones, a la modificación de sus principios básicos y nos abocan a un sistema asistencialista, en vez de a un sistema de derechos, donde la universalidad en el acceso y la atención a las personas de forma integral e integrada queda dibujada como mero recuerdo del enunciado de dicha ley.

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