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CONFEDERAL ı SALUD LABORAL

La ley de apoyo a emprendedores recorta el derecho a la prevención de riesgos laborales para los trabajadores

Esta ley minimiza el nivel de protección para los trabajadores y empeora sus condiciones laborales.

08/10/2013 | UGT ı Nota de prensa

UGT rechaza la Ley 14/2013, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, que modifica la prevención de riesgos laborales en las empresas con menos de 25 trabajadores (el 95,5% de las empresas en España) y la deja a merced del empresario. Esta modificación, sin haber sido consensuada con los interlocutores sociales y sin haber pasado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), supone un mínimo nivel de protección para los trabajadores y un empeoramiento sustancial de sus condiciones de trabajo, que tendrá unas consecuencias nefastas sobre la siniestralidad laboral. Para UGT, esta medida es discriminatoria, ya que los trabajadores se verán amparados por la prevención dependiendo del tamaño de su empresa, y viene a acentuar la política de recortes del Gobierno en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la limitación de los derechos de los trabajadores a una protección eficaz de su salud en los centros de trabajo.

El 19 de marzo de 2010, se publicaba el Real Decreto 337/2010 que, entre otras cuestiones, y en adaptación del ordenamiento jurídico a los objetivos fijados por la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2007-2012, establecía la modificación del Reglamento de Servicios de Prevención, en concreto sobre dos áreas temáticas:

– La dirigida a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención a las empresas, en particular para las pequeñas y medianas.

– La encaminada a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de prevención de riesgos laborales, con especial atención a las entidades especializadas que actúan como servicios de prevención.

Dicho real decreto fue objeto de debate y discusión, primero globalmente en un grupo de trabajo constituido por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y, seguidamente, de forma ordenada y sistemática, con las organizaciones sindicales y empresariales. De dicho proceso de debate resultó un documento de consenso, que sería refrendado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) y elevado a Gobierno para su tramitación, referido a las «actuaciones para la mejora de la calidad y eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales», que debería dirigir igualmente el ulterior desarrollo normativo que posibilitase cumplir con los objetivos consensuados.

Ahora el Gobierno aprueba la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que ha surgido por la vía de la imposición y que provoca una modificación sustancial del sistema preventivo sin haber sido consensuada con patronal y sindicatos y, por supuesto, sin respeto alguno a la CNSST, lo que supone otro nuevo ataque al Diálogo Social, dejando en manos de empresarios y de un sistema informático la prevención de los riesgos en los centros de trabajo, lo que puede poner en grave riesgo la salud y seguridad de millones de trabajadores.

El artículo 39 de la Ley de emprendedores y su internacionalización con el enunciado “Prevención de riesgos laborales en las PYMES”, modifica el artículo 30.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), de tal modo que el empresario que ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo, podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1 (…cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales…), siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria (sin definir qué se entiende a estos efectos por capacidad necesaria), en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de la LPRL 

Para UGT, este hecho conseguirá que se tambalee el propio sistema preventivo, pues no hay que olvidar que en España contamos actualmente (agosto 2013) con 1.174.352 empresas, de las cuales, tan solo 52.850, cuentan con más de 26 trabajadores.

Con esta ley, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras quedarán en lo referente a su salud y seguridad con un mínimo nivel de protección, y un empeoramiento sustancial de sus condiciones de trabajo, que tendrá unas consecuencias nefastas sobre la siniestralidad laboral.

A los continuos recortes económicos que viene provocando el actual Gobierno en las políticas de Seguridad y Salud en el trabajo, que, entre otras cuestiones, está provocando el desmantelamiento de los recursos técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ahora hay que añadir otro recorte, en los derechos de los trabajadores a una protección eficaz de su salud en los centros de trabajo.

UGT se opone rotundamente a la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido y en la forma propuesta, toda vez que se generará con esta medida una discriminación en el acceso a la salud de los trabajadores en función del tamaño de las empresas.

Ahondando en lo mismo, el citado artículo 39 de la Ley de emprendedores y su internacionalización añade una Disposición adicional decimoséptima a la LPRL con el enunciado “Asesoramiento técnico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores”, en la que establece que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta veinticinco trabajadores.

Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada.

Dicha disposición es una referencia clara al sistema “Prevención 10”, que imaginamos pasará a denominarse “Prevención 25”, en cuyo diseño e implantación ni se consultó ni participamos los interlocutores sociales más que a título informativo, y que cuenta con lagunas tales como que por ejemplo elude el tratamiento de los riesgos psicosociales, no estando preparado para cubrir las necesidades de todos los sectores de actividad.

El sindicato teme que con este sistema la idea que se persiga sea facilitar a esas empresas que puedan cumplir con la obligación que les impone la LPRL, cargando a fondos públicos tal labor.

Además, habría que preguntarse con qué medios se pretende prestar tal asesoramiento, cuando el INSHT no deja de reducir de forma dramática su plantilla técnica, así como su presupuesto.

Tampoco debemos olvidarnos de las entidades dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales, que ocupan a cerca de 20.000 trabajadores y que, muy probablemente, verán reducida su cota de mercado a partir de las medidas implantadas, lo que puede significar el cierre de un gran número de estas entidades y que viene a explicar el gran empeño de la Seguridad Social y de las Mutuas por enajenar las Sociedades de Prevención. 

Para UGT, se establece un sistema que no va a hacer otra cosa que generar inseguridad jurídica, pues no se delimita hasta qué punto serán responsables los gestores de los sistemas informáticos o los propios empresarios de “las medidas que pudieran adoptar de forma incorrecta estos en atención al asesoramiento recibido en las los planes de prevención, en las evaluaciones, etc.”, por lo que cabe preguntarse si el sistema que se pretende implantar concede las garantías necesarias a trabajadores y empresarios.

Todo ello sin olvidar que la Directiva Comunitaria de la que emana la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ahora se modifica, aboga por la implantación de una organización interna especializada o técnica de la prevención de los riesgos en el seno de las empresas, y con lo que se propone tendemos a una externalización asumida gratuitamente por los poderes públicos.

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