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La Ley del sector eléctrico carga a los consumidores, las familias y las empresas con el peso de los problemas del sector

Incorpora medidas coyunturales, pero no resuelve

27/12/2013 | UGT

La Ley del sector eléctrico, aprobado hoy en Consejo de Ministros, consolida que el ajuste de los ingresos se realizará a través de un incremento de los precios para los consumidores, familias y empresas. Algo que viene sucediendo desde hace cinco años. 

Durante la crisis económica se ha producido una caída de la demanda energética, consecuencia del descenso de la renta familiar y la desaparición de una parte de nuestra estructura productiva. El ajuste ha supuesto que el precio de la electricidad en España se haya incrementado un 63%, el mayor de Europa (solo por debajo de Malta, Estonia y Letonia), más que duplicando el de la Zona Euro (del 29%). Desafiando a las fuerzas del mercado, esto significa que a menor demanda, mayor precio, y menos capacidad de compra para los hogares y de producción para las pymes. 

Si el ajuste se considera vía costes, el resultado será un descenso de éstos para adecuarse al menor nivel de ingresos. De este modo, se verán afectadas las inversiones eléctricas, perjudicando a la calidad de la producción y suministro y, en última instancia, a la competitividad del sector en su conjunto. 

Esta Ley 24/2013 sustituye a la Ley 54/1997 de 27 de noviembre y deroga o modifica multitud de medidas contempladas en la legislación aprobada por el propio Gobierno desde 2012 en materia energética. Pruebas que demuestran el fracaso de la política energética aplicada por el Partido Popular desde su llegada al Gobierno. Una política que, con la nueva Ley, continuará naufragando, pues sólo incorpora medidas coyunturales cuyo único objetivo es detener el crecimiento del déficit de tarifa generado y olvida los graves problemas estructurales de nuestro sistema energético, y no atiende a los verdaderos factores determinantes del modelo productivo, como ya ha indicado la propia Comisión Europea. 

Para UGT es necesario alejar la fijación de los precios de la energía de riesgos especulativos del ámbito financiero, establecer que la política energética de un gobierno tiene que ser financiada también con recursos públicos, y que el precio para los ciudadanos y la producción de bienes y servicios debe estar más en sintonía con los costes propios del sistema. Cuestiones del sector eléctrico que UGT propone abordar urgentemente en la mesa de diálogo social.

La Ley del sector eléctrico carga a los consumidores, las familias y las empresas con el peso de los problemas del sector

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