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La Reforma de la administración local es un atentado contra el municipalismo, el servicio y el empleo público

11/07/2013 | UGT

El Secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, la Secretaria de Política Territorial y Movilización, Ana Micó y representantes de la FSP-UGT, Carmen Barrera y Joana Mor, junto con los representantes de CCOO, José Campos, Secretario Confederal de Relaciones Institucionales, y Enrique Fossoul, Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, se han reunido de nuevo con representantes del PSOE e IU para compartir sus propuestas sindicales y acordar las acciones a seguir contra la reforma de la Administración Local. 

En la ronda de contactos que mantienen los sindicatos UGT y CCOO con representantes de las formaciones políticas parlamentarias, ayer se celebró, en Madrid, una reunión con representantes de IU y del PSOE, con el fin de intercambiar impresiones y planteamientos sobre el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local, que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 19 de julio. 

En ambos encuentros ha habido una sintonía en el rechazo general a este ataque del Gobierno al municipalismo, una agresión a los servicios de proximidad al ciudadano que deteriora la calidad de nuestra democracia. La iniciativa legal es, además de injusta e injustificada, anticonstitucional, como ha dictaminado el propio Consejo de Estado. No en vano, los municipios españoles han sido una de las mejores expresiones de nuestra democracia, con miles de concejales elegidos por sus vecinos, que han gobernado en general con gran eficacia, satisfaciendo las demandas ciudadanas más acuciantes, pese a la indefinición legislativa sobre la financiación municipal. 

La reforma local es recentralizadora e invasora de competencias autonómicas, y contraviene la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España en 1988. Esa autonomía local es base de la arquitectura de cualquier democracia. Su ruptura se quiere justificar por eficiencia económica pero es dudosa esta pretendida rentabilidad, ya que, además, no son los ayuntamientos los culpables del déficit público. Su deuda apenas supone un 3% en los números rojos de las administraciones públicas. 

Estamos ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas, en beneficio de los intereses económicos privados. La gestión de lo público quedará por ley más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos. 

Asimismo, se anularán las competencias autonómicas sobre ordenación territorial y coordinación de las administraciones locales, atendiendo solo a cuestiones demográficas y obviando aspectos culturales, identitarios, económicos, productivos, de infraestructuras, recursos naturales o de articulación de servicios públicos. 

La reforma no solo desatiende la reivindicación histórica del municipalismo de contar con suficiente financiación, además, ahora las CCAA podrán decidir la prestación de un servicio municipal sin la correspondiente partida presupuestaria. Control en la gestión rehuyendo la necesaria reforma de las Haciendas Locales. Los servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más caros para los ciudadanos. 

Respecto a la “sostenibilidad” de la futura ley, supondrá un ahorro –según el Gobierno– de 8.000 millones de euros. Sin embargo, mucho nos tememos que será solo factible por la vía de nuevos recortes en recursos, servicios y empleo público. El sometimiento de la administración local a los recortes y al tutelaje de la administración autonómica, más que quitar duplicidades y competencias impropias, dará paso a la eliminación de competencias tan relevantes como educación, salud o servicios sociales. 

La reforma del Gobierno es incongruente con lo que argumenta. Ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica las competencias municipales, ni ahorrará dinero público. Pero sí que es uno de los ataques más duros al modelo de bienestar y de convivencia que se ha producido en nuestra democracia. En consecuencia, los sindicatos exigen la retirada del Anteproyecto de Ley y abogan por la negociación de la mejora de la viabilidad financiera municipal y la defensa y mejora del empleo y los servicios públicos.

La Reforma de la administración local es un atentado contra el municipalismo, el servicio y el empleo público

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