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Es necesaria una reforma más ambiciosa y con más garantías

La reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno no asegura que el crédito llegue a hogares y empresas

03/02/2012 | UGT

La reforma del sistema financiero aprobada hoy por el Consejo de Ministros, cuya demora ha costado ya muchos puntos de crecimiento económico a nuestro país y miles de empleos, resulta poco ambiciosa y refleja riesgos evidentes. UGT considera que la cuantía del aumento de provisiones resulta insuficiente y que muchas entidades no podrán asumir las exigencias financieras y tendrán que fusionarse con otras más grandes y solventes, lo que tendrá repercusión sobre el empleo. Para el sindicato se echan en falta medidas simultáneas que promuevan la refinanciación de la deuda en los hogares posibilitando su desahogo financiero y un progresivo despegue de su consumo y mantiene que el Gobierno y el Banco de España deberían dedicar más esfuerzos a acelerar las reformas pendientes del sector financiero, a potenciar la evaluación real de su impacto, y a extremar la vigilancia del comportamiento de los dirigentes de sus entidades, más allá de la limitación de sus retribuciones.

El Gobierno ha aprobado hoy su anunciada reforma del sistema financiero, que se une a las actuaciones en esta materia abordadas ya por el gobierno anterior, y que se concretaron entre otras cuestiones en la creación del Fondo de Reestructuración y Ordenación bancaria (FROB), en la aprobación de la Ley de Cajas y en la puesta en marcha del denominado Plan de Reforzamiento del Sistema Financiero. Las nuevas medidas son, en consecuencia, continuación de un proceso que desde el inicio de la crisis quedó patente que era necesario abordar, puesto que el perverso funcionamiento del sector financiero está en el origen de la crisis a nivel internacional y también nacional.

De las erróneas estrategias de muchas de las entidades del sector, dirigidas a obtener rápidas y cuantiosas ganancias aprovechando y alimentando la burbuja inmobiliaria, se ha derivado la parte esencial del elevado endeudamiento de las familias, el corte del crédito posterior y buena parte de las desconfianzas sobre la fiabilidad de nuestro país. En suma, el estrangulamiento del crecimiento económico y el lastre para la reactivación.

Las actuaciones aprobadas ahora no son sino la constatación de los errores del pasado, en la medida en que se derivan de la elevadísima y anómala exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario. El objetivo declarado es clarificar y recomponer la posición patrimonial de las entidades, esencialmente a través del aumento de las provisiones vinculadas a los activos inmobiliarios que poseen, por un importe adicional de 50.000 millones de euros que deberán aportar en el plazo de un año.

El gobierno considera que estas actuaciones tendrán, como efectos positivos esenciales, la mejora del acceso a la financiación de las entidades, al elevar la percepción de fiabilidad en el exterior; el aumento del crédito a empresas y familias; y la reducción del precio de la vivienda. Todo ello es dudoso.

UGT siempre ha manifestado que la que afecta al sistema financiero es una reforma imprescindible, cuya demora ha costado ya muchos puntos de crecimiento económico a nuestro país y, en consecuencia, muchos miles de empleos. Pero lo cierto es que ahora tampoco se termina de completar, e introduce nuevos riesgos.

En primer lugar, porque la cuantía del aumento de provisiones se antoja absolutamente insuficiente. Hay que recordar que frente a los 50.000 millones decididos (que suponen sólo en torno al 4% del PIB español) algunas entidades de análisis llegaron a estimar las necesidades de saneamiento por encima de 100.000 millones, e incluso algunos expertos llegan a estimarlas incluso en 200.000 millones, cuatro veces más de lo aprobado por el Gobierno. Por eso, es dudoso que la cifra planteada tenga la capacidad de elevar la confianza en la solvencia de nuestro sistema (defrauda las expectativas) y, lo que es peor, de sanear definitivamente los dañados balances de sus entidades.

En todo caso, se supone que las exigencias financieras de estas condiciones resultarán inasumibles por muchas entidades, por lo que deberán fusionarse a otras más grandes y solventes. Esta circunstancia permitirá el acceso a una relajación de las condiciones de aportación de fondos.

Si bien resulta positivo en sí mismo que las entidades que pervivan sean aquéllas más saneadas y que tengan capacidad para cumplir holgadamente las funciones que se les supone en el sistema financiero actual, este proceso de fusiones conlleva riesgos importantes.

Primero, su repercusión sobre el empleo directo, puesto que supondrá con toda seguridad el ajuste de las plantillas de esas entidades, que se añade al que viene sufriendo el sector desde hace muchos años, determinando la pérdida de miles de empleos. Por eso, es imprescindible la exigencia de planes de viabilidad que tengan como prioridad la recolocación de estos trabajadores, así como el establecimiento de medidas de garantía de rentas sustitutorias.

Y segundo, la posible pérdida de incidencia del sistema en algunos territorios y para algunas empresas y familias, en especial para muchas pymes. Porque han sido las cajas de ahorro de menor tamaño y más pegadas al territorio las que han posibilitado durante mucho tiempo la financiación de proyectos empresariales viables pero de pequeño tamaño, así como la pervivencia de actividades económicas en el entorno rural que han cohesionado social y económicamente ese ámbito. Y ahora, con el proceso de fusiones, la función que desempeñaban esas entidades no queda claro que vayan a seguir desempeñándolo los bancos absorbentes, más grandes y más ocupados en estrategias de calado internacional.

Por último, cabe plantear también dudas sobre la eficacia real de la posible bajada de los precios de las viviendas a la que, en teoría, se verán abocadas las entidades para dar salida a sus activos, al resultar ahora relativamente más costosos en sus balances. Porque, en la situación de cuasi recesión de nuestra economía, ni siquiera una bajada de precios conseguirá impulsar la compra de esas viviendas. Con el nivel de endeudamiento actual de las familias, y con la amenaza del desempleo creciendo día a día, no es previsible que las entidades financieras consigan colocar sus activos inmobiliarios ni siquiera con ese descenso en su valoración. Por eso se echan en falta medidas simultáneas que promuevan la refinanciación de la deuda de los hogares, posibilitando su desahogo financiero y un progresivo despegue de su consumo. Porque, de hecho, nada asegura que la reforma aprobada hoy conlleve un aumento del crédito a hogares y empresas.

En definitiva, las medidas aprobadas hoy resultan poco ambiciosas y de efectos dudosos, y reflejan riesgos evidentes, en particular el que se refiere al empleo.

Frente a la transparencia y responsabilidad de los interlocutores sociales, que estamos pactando importantísimas medidas en el ámbito laboral para elevar las posibilidades de salir de la crisis y hacerlo de forma más sólida y sostenible (como el reciente AENC para 2012-2014), las entidades financieras han sido y están siendo ejemplo de opacidad y falta de responsabilidad en sus estrategias.

Por eso harían bien el Gobierno y el Banco de España en dedicar más esfuerzos a acelerar las reformas pendientes del sector financiero, a potenciar la evaluación real de su impacto, y a extremar la vigilancia del comportamiento de los dirigentes de sus entidades más allá de la limitación de sus retribuciones, en lugar de poner el acento permanentemente en una reforma laboral que todo el mundo reconoce ya que no serviría para solucionar los problemas de nuestra economía, que están en otros sitios.

Harían bien, en definitiva, en aparcar planteamientos ideológicos y en centrarse en lo que realmente importa a los ciudadanos: el empleo, como estamos haciendo desde UGT.

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