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Lunes, 23/07/2018
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HUELGA GENERAL 29-S

La solución al desempleo pasa por incrementar y reorientar las políticas activas de empleo

La intención del Gobierno de rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas, una muestra más de las soluciones desenfocadas que ofrece el Ejecutivo para atajar el paro

23/08/2010 | UGT

UGT estima que la intención del Gobierno de rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas, tal y como ha asegurado hoy el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho en la Cadena Ser, es una muestra más de las soluciones desenfocadas que ofrece el Ejecutivo para atajar el desempleo. El sindicato considera que la ocupabilidad de los desempleados no se puede acometer desde una posición de sanciones y de pérdida de prestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo. Pese a que la tasa de paro en España, duplica a la de la UE, las inversiones en políticas activas de empleo son ligeramente inferiores y además están mal distribuidas: así mientras en Europa se destina el 29,5% a mejorar los Servicios de Empleo, en nuestro país esta inversión no llega al 16,5%. Además, mientras en España se destinan el 29,7% de dichas políticas a bonificaciones a las empresas, en el resto de Europa se destina a este concepto el 16,9%. UGT insiste que en lugar de aplicar políticas persecutorias contra los desempleados se invierta en políticas de empleo modernas y adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo y que se potencien los Servicios Públicos de Empleo, en lugar de externalizar servicios a través de agencias privadas de colocación.

El Gobierno quiera ahora rebajar de 100 a 30 días el periodo que tienen los parados para rechazar ofertas, según ha declarado esta mañana el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la Cadena Ser. UGT considera que este nuevo anuncio refleja la visión desenfocada del Gobierno para solucionar el problema del paro y demuestra los continuos vaivenes de su política económica.

Primero el Gobierno aprobó en el Congreso el artículo 16 de la reforma laboral por el que se decide que, durante los tres primeros meses, el perceptor de prestaciones podrá declinar el asistir a cursos de formación. Una decisión que adoptó de motu propio y que suponía la modificación del artículo 231 de la Seguridad Social.

Luego una enmienda socialista en el Senado, la 243, contradijo, hace unos días, lo aprobado por el propio Gobierno en el Congreso al establecer que el parado que rechazara acciones de formación, sin fijar plazo, podría perder la prestación. UGT denunció el pasado 17 de agosto que el grupo parlamentario socialista se movía en la confusión, ya que el Texto refundido de la Seguridad Social en su artículo 231 y la Ley de Infracciones y Sanciones, en sus artículos17 y 47, señalan claramente como faltas graves la no asistencia a las acciones y programas de empleo ofrecidas por los Servicios Públicos de Empleo, con la consideración de falta grave y, por lo tanto, con la pérdida de prestación por desempleo. Y ahora pretende reducir el plazo de 100, fijado por la reforma laboral impuesta por el Gobierno, a 30 días.

UGT considera que la mejora de la ocupabilidad de los desempleados no se puede acometer desde una posición de sanciones y de pérdidas de prestaciones, sino que es necesario aumentar la inversión en políticas activas de empleo, adecuándolas a las necesidades del actual mercado de trabajo.

Aunque el desempleo en España, duplica al de la media europea las inversiones en políticas activas de empleo son ligeramente inferiores en porcentaje del PIB al de la media europea, siendo ésta del 0,65% mientras que la de España es del 0,63% del PIB. Pero si se analiza cómo se distribuyen estas inversiones entre los distintos programas de empleo, observamos que mientras en Europa se destina el 29,5% a mejorar los Servicios de Empleo, en España esta inversión no llega al 16,5%. Si además tenemos en cuenta que el 29’7% de dichas políticas se destinan a bonificaciones a las empresas, cuando en el resto de Europa y por ese mismo concepto se destina el 16’9%, se hace necesario hacer un esfuerzo para mejorar la inversión en programas de empleo y formación que ayuden realmente a los perceptores de prestaciones por desempleo y al resto de demandantes a mejorar sus niveles de cualificación para su inclusión en el mercado de trabajo.

Esta nueva medida incide en una política persecutoria a los perceptores de las prestaciones, pues está dando por hecho que éstos, sistemáticamente, se niegan a aceptar las acciones ofrecidas por los Servicios Públicos de Empleo, idea inaceptable ya que cualquier trabajador que se encuentra en esa lamentable situación lo que quiere es trabajar.

Para UGT las necesidades de los desempleados pasan por:

- Desarrollo de unas políticas de empleo modernas y adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo.

- Modernización y potenciación de los Servicios Públicos de Empleo, en lugar de externalizar servicios a través de agencias de colocación con o sin fines lucrativos.

- Una mayor inversión en políticas activas de empleo. La inversión tiene que adecuarse con los niveles de desempleo de España.

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