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Las medidas de apoyo a las pymes, malos parches para una política económica errática

22/02/2013 | UGT

Las medidas que el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha en los próximos meses, algunas aprobadas hoy en Consejo de Ministros, encaminadas a reducir los costes de intermediación financiera y a apoyar la liquidez a las empresas, y para los que pretende movilizar recursos por valor de 45.000 millones de euros, abundan en la línea errática de la política económica que desarrolla el Gobierno. 

Pese a que el sistema bancario ha recibido ayudas millonarias, bien en forma de recapitalización directa -para lo que ha habido que pedir la ayuda de la Unión Europea, con las duras condiciones que de ello se deriva-, bien en forma de ayudas indirectas, por medio de avales o líneas de liquidez, la economía real, es decir las familias y las empresas, no se han visto compensadas. Más bien al contrario, el crédito se ha secado y las condiciones de financiación de aquellos pocos a los que se conceden son injustificadamente mucho más duras. 

Quizá en otro contexto, las medidas que se propone desarrollar ahora serían positivas y ayudarían a mejorar la liquidez del sistema, pero en la actual coyuntura, suponen un parche mal colocado en una herida que sangra a borbotones. 

La principal medida es la ampliación de las líneas de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 22.000 millones de euros. Estas líneas, dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y PYMES, se basan en un acuerdo de colaboración entre el ICO y las entidades financieras, para que estas últimas las comercialicen a través de sus redes comerciales. Pese a que en un primer momento puede parece un mecanismo correcto para hacer que llegue el crédito, todo el argumento se desmonta si tenemos en cuenta que son las entidades financieras las que asumen el riesgo total de la operación- además de tener que efectuar su correspondiente análisis de riesgo y de establecer las garantías oportunas. 

Parece evidente, por lo tanto, que pese a que la entidad es, en un primer momento, un mero intermediario y que no tiene que disponer de sus propios recursos, siendo un buen negocio en una época expansiva de la economía, en la actual coyuntura, con las tasas de morosidad en las que nos movemos, las entidades financieras no van a estar dispuestas a asumir el riego de estas operaciones, por lo que parece evidente que si antes no concedían la oportuna financiación, esta situación no va a modificarse.

En los mismos términos nos movemos si tenemos en cuenta la pretendida movilización de 10.000 millones por parte de las entidades bancarias saneadas. Es ilusorio que se pretendan que, ante el aumento de los requerimientos de capital por parte de Bruselas y del peligro que supone el aumento su la morosidad, con las repercusiones que ello tiene en los balances y la cuenta de resultados de la entidad, se pretenda que, sin ninguna compensación ni condición, la entidades saneadas reabran el grifo de la financiación. 

Situación que no se daría, en ningún caso, si nuestro país contara con una banca pública potente, que actuara como verdadero impulsor del crédito y sirviera para implementar una política económica basada en el crecimiento y el empleo. 

En cuanto a las otras medidas anunciadas, de cuantías de menor volumen, parecen, en cualquier caso, insuficientes y con un grado, a priori, de efectividad muy bajos. Algunas de ellas son simplemente prórrogas de otras anteriores, pero de menor cuantía, y otras son difíciles de llevar a la práctica cuando hablamos de financiación de PYMES, como es el caso de la emisión de renta fija por parte de estas o de la creación de un “Mercado Alternativo Bursátil”, que deja muchos interrogantes sin resolver. 

Sería bueno recordar en este punto al Gobierno que la base de la financiación, del sistema financiero en general, reside en la confianza y en las expectativas. En la confianza en que los proyectos de inversión van a funcionar y de que las partes van a cumplir con sus respectivas obligaciones; así como en que las expectativas de que el negocio va a gozar de una adecuada rentabilidad, que le haga viable a largo plazo. 

Las medidas anunciadas no van encaminadas a mejorar ninguno de estos dos factores. Y no solo eso, la política económica y social que lleva implementando el Gobierno desde que accedió al poder van en la dirección contraria. El recorte de derechos laborales y sociales, el reparto totalmente desequilibrado de los costes de la crisis, las ayudas millonarias y beneficios fiscales a unos y, por el contrario, el total abandono de la gran mayoría de la población, no hace más que aumentar el grado de incertidumbre y el incremento de la desconfianza en la economía y en la sociedad. Suponen, por lo tanto, un obstáculo insalvable para que ni la economía real ni la economía financiera mejoren ni a corto, ni largo plazo.

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