Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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Domingo, 19/08/2018
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La subida del IVA, a partir de septiembre, va a agravar la situación

Las medidas del Gobierno estrangulan la economía, aumentan el paro y elevan las desigualdades

28/08/2012 | UGT

La Contabilidad Nacional constata que las políticas conjuntas de la UE y del Gobierno español están estrangulando la economía de nuestro país, cercenando las posibilidades de salida de la crisis y situando a las familias en una situación insostenible. Estamos en un proceso de recesión económica y de una regresión social sin precedentes en los últimos 40 años, en la que el consumo se reduce cada vez más y cae la inversión de las empresas al estar tremendamente endeudadas y no encontrar vías de financiación.

Además, la subida del IVA, que entrará en vigor en septiembre, agravará esta situación. Frente a estas políticas la sociedad está manifestando su descontento, algo que el Gobierno no debe ignorar. Por ello, es necesario que promueva una consulta para que los ciudadanos expresen su opinión sobre unas políticas impuestas que no solo no están sirviendo para salir de la crisis, sino que la están agravando.

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del segundo trimestre del año, hechos públicos hoy por el INE, reflejan una realidad incontestable: las políticas de recortes y ajuste exacerbado que está aplicando el Gobierno del PP están hundiendo nuestra economía. Y con ello, la calidad de vida de los ciudadanos. El PIB ha caído un 0,4% respecto del trimestre anterior, y en términos anuales cae el 1,3%, siete décimas más que en el primer trimestre del año. Estamos ya en recesión técnica (dos trimestres seguidos de caída del PIB), y la senda marcada es desoladora (en el cuarto trimestre del año la tasa era nula). Una caída de la actividad en picado, con un tremendo impacto en términos de empleo, en la que tienen gran responsabilidad las políticas realizadas por el Gobierno. 

La demanda interna intensifica su ritmo de descenso (que resta ya 3,9 puntos de crecimiento, frente a los 3,2 que detraía el trimestre anterior) mientras que el sector exterior no despega (su aportación positiva es igual a la del trimestre anterior, 2,6 puntos). 

Es la constatación de una evidencia: nuestra economía nunca podrá recuperarse sólo con una mejora del sector exterior, porque es la demanda nacional la que más tira de la actividad. De nada sirve hacer más atractivos nuestros productos en el exterior mediante una contención de sus precios si la contrapartida es una contracción de la capacidad de compra de los hogares en el mercado interno. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. 

Los recortes en las rentas salariales y las subidas de impuestos están deprimiendo el consumo de los hogares. Las familias recortan todos sus gastos (caen un 2,2% anualmente). Esto es consecuencia directa del descenso de la remuneración de los asalariados en un 3,9%, además de la situación de paro y falta de expectativas de futuro existente. 

Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas cae también un 3%, consecuencia de los fuertes recortes llevado a cabo. Y la inversión de las empresas se sigue desplomando (alcanza ya un ritmo de caída del -9,4%, frente al -7,7% del trimestre anterior). 

Por el lado de la oferta, se mantienen las tasas fuertemente negativas de la construcción (-7,1%) y la industria (-3,1%), y pasa a reducirse también en los servicios (-0,3%, frente a un aumento del 0,9% en el trimestre anterior), lo que sucede por primera vez desde hace tres años. Sólo la agricultura mantiene ya tasas positivas (2,5%). 

El efecto sobre el empleo está siendo devastador: 800.000 empleos netos menos en el último año (un 4,6% de caída anual). 

Todo ello pone de relieve lo equivocado de la estrategia de política económica aplicada, absolutamente contraproducente. Se está produciendo una devaluación interna vía reducción de costes salariales, pero lejos de impulsar las exportaciones, la actividad y el empleo, está deprimiendo el consumo y, con ello, lastrando más producción y destruyendo más empleo. 

Los datos de la evolución de las rentas son clarificadores en este sentido. Como se ha indicado, las remuneraciones de los asalariados descienden fuertemente, un 3,9% anual. Como consecuencia, los costes laborales por unidad de producto caen un 2,1%, haciendo nuestros productos más competitivos por esta vía. Pero los excedentes empresariales no se están moderando en consonancia, y crecen un 3,4%, algo muy llamativo en el contexto de crisis actual. Así, mientras los costes laborales están tirando a la baja de los precios un punto porcentual, los márgenes de empresas y autónomos los incrementan en 2,1 puntos. Dicho de otra manera, si los márgenes de las empresas simplemente no crecieran (como cabría exigir en la situación de emergencia actual), los precios de nuestros productos se estarían reduciendo más de un punto. 

Se trata de un comportamiento incomprensible del empresariado español, cuyos márgenes muestran una fuerte rigidez a la baja, incluso en una circunstancia como la actual. Antes que reducir sus beneficios, las empresas de nuestro país están apropiándose de la extrema contención salarial realizada y continuando con la reducción de sus plantillas. Esto supone un manifiesto incumplimiento de los compromisos alcanzados por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (ANC) 2012-2014, firmado junto a UGT y CCOO, y en el que se recogía la necesidad de moderar todas las rentas para hacer nuestros bienes y servicios más competitivos fuera. 

Mientras los salarios sí están conteniéndose, las rentas empresariales no. Y la consecuencia es que gran parte de la reducción de salarios de los trabajadores de nuestro país van a parar a los bolsillos de los empresarios, en lugar de reflejarse en descensos de precios que hagan nuestros productos más competitivos en el exterior y asequibles para el consumidor nacional. 

Sin embargo, el gobierno premia esta conducta con una rebaja de las cotizaciones sociales, mientras que aumenta el IVA sobre el consumo. 

Conclusiones 

Los datos de la Contabilidad Nacional del segundo trimestre del año tan sólo suponen la constatación estadística oficial de lo que todos los ciudadanos ya saben y perciben dramáticamente desde hace tiempo: que las políticas conjuntas de la Unión Europea y del Gobierno español están estrangulando la economía de nuestro país, cercenando las posibilidades de salida de la crisis y situando a las familias en una situación insostenible. 

Nuestro país ya está oficialmente en recesión, al constatarse el segundo trimestre en el que el PIB se reduce. El consumo cae cada vez más, porque las familias no pueden realizarlo, más allá del necesario para cubrir los gastos de subsistencia, que cada vez suponen un mayor porcentaje de la renta de los hogares; cae la inversión, porque las empresas siguen tremendamente endeudadas y no encuentran vías de financiación, ni tienen expectativas de mejora; y el gasto público se ha recortado hasta niveles incompatibles no sólo con el crecimiento de la actividad, sino con la provisión de servicios colectivos que precisa un país desarrollado y con estándares de progreso como se le supone a España. Estamos en pleno proceso de una recesión económica y de una regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años. 

En esta coyuntura, la subida del IVA que entrará en vigor en septiembre añade un pesado lastre sobre el consumo, o lo que es lo mismo, sobre las espaldas de los ciudadanos. Es justo lo contrario de lo que la lógica económica dice que hay que hacer, una medida absolutamente improcedente que pone en evidencia la errónea estrategia diseñada desde Europa y la incapacidad de los responsables de la política económica en nuestro país, con el Presidente del Gobierno a la cabeza. Además de profundamente regresiva, puesto que, como todo aumento de la imposición indirecta, perjudica más a los que tienen menores rentas. Sus efectos serán menos consumo, más recesión y más paro. 

Este impacto se une al que se derivará de la reducción de las prestaciones por desempleo, de las pensiones, o de los salarios de los empleados públicos. 

La situación exige un cambio drástico de rumbo de la política económica. El Gobierno hace meses que está a la deriva, y las incongruencias entre su discurso y sus actos y las disensiones internas de sus miembros ponen de relieve su falta de competencia para sacar al país de la grave situación que atraviesa, con un fuerte coste para nuestro país y para sus ciudadanos. 

Mientras, el Ejecutivo sigue aprovechando la crisis para llevar a cabo medidas que promueven el desmantelamiento de nuestro estado de bienestar, la privatización de los servicios públicos y una mayor descohesión social. En este sentido, UGT denuncia que la prórroga del programa PREPARA para los parados con mayores dificultades supone una medida absolutamente insuficiente en las condiciones en las que se ha planteado, dejando fuera a los jóvenes y fijando unas condiciones de acceso arbitrarias, que buscan una coartada para excluir al mayor número de perceptores posibles. 

Hay que recordar, además, que el pasado mes de julio el Ejecutivo excluyó al 90% de los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción, endureció el acceso al subsidio por desempleo y redujo la cuantía de la prestación contributiva. Y ahora diseña un nuevo PREPARA lleno de agujeros y trampas, que es una pantomima con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tan sólo pretende enmascarar su regresiva y antisocial acción de gobierno. 

Pero los ciudadanos hace tiempo que lo tienen claro, y están mostrando su rotundo rechazo a las políticas desarrolladas en las continuas movilizaciones que se vienen realizando en todas las ciudades españolas. La sociedad española está reclamando un cambio de rumbo de la política económica, tanto a nivel europeo como nacional, para compatibilizar medidas de reactivación de la actividad económica y el reequilibrio presupuestario en plazos razonables. Todo ello preservando nuestro estado de bienestar y nuestro modelo de convivencia. Estas políticas alternativas son posibles, y constituyen la única vía para salir de la crisis, y pasan, entre otras actuaciones, por una reforma fiscal que eleve la suficiencia de los ingresos y reparta de forma más justa sus cargas, y por una reforma del sistema financiero que otorgue estabilidad al sistema y se traduzca en una financiación adecuada para empresas y familias. 

El Gobierno no puede ignorar este descontento social. Por eso, debe promover una consulta social para que los ciudadanos expresen su opinión sobre las políticas aplicadas y sobre la idoneidad o no de la estrategia impuesta para salir de la crisis. Es la única oportunidad que tiene para otorgar legitimidad democrática al programa de reformas y medidas que está aplicando, que no estaba en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, y que suponen actuaciones excepcionales que están cambiando unilateralmente nuestra estructura socioeconómica y nuestro cuadro de derechos colectivos e individuales.

 

 

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