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UGT alerta de que la violencia laboral supone el último escalón en las preocupaciones de los directivos europeos

Las políticas de recorte incrementan la violencia laboral y sus costes de protección

13/10/2011 | UGT

El 13% de la población europea ocupada, 17 millones de trabajadores, sufre violencia laboral. En España, el porcentaje de incidencia se ha ido incrementando hasta casi el 10%. Este problema creciente, que ya no es solo patrimonio de aquellas empresas que manejan bienes de alto valor, sino que se vincula cada vez más a las actividades de servicio público, supone la última de las preocupaciones para los directivos europeos. UGT considera que las políticas de recorte de los gobiernos consolidan y amplían la violencia laboral y aumentan los costes para su protección, por lo que exige políticas que de verdad eliminen los costes nocivos para la salud y que sean verdaderamente de ahorro y estímulo, social y económico, con el fin de acabar con esta lacra.

El 13% de la población ocupada en Europa sufre violencia en su puesto de trabajo, lo que afecta a unos 17 millones de trabajadores. Según las Encuestas Europeas sobre Condiciones de Trabajo, desde 1996 a 2010, la violencia externa afecta en torno al 4% de la población ocupada, mientras que la interna afecta al 9%. En España, el porcentaje de incidencia ha ido creciendo, de modo que si en las primeras encuestas se situaba por debajo de la media europea (2%), en las últimas se sitúa mucho más cerca en violencia externa o de terceros (3,6%), mientras que por lo que respecta a la violencia interna está en torno al 5%.

UGT considera que España tiene mucho trabajo por delante para situarse en la media europea en orden a resolver un creciente problema de salud laboral, que no sólo incrementa el número de trabajadores dañados cada día sino que también aumenta los costes para su protección. En este sentido, la reciente Ley de Salud Pública sitúa, dentro de las prestaciones para la promoción de la salud laboral, la acción contra la violencia.

El sindicato constata que el riesgo de sufrir situaciones de violencia, lejos de reducirse, se consolida y se amplía en los actuales tiempos de crisis de los servicios públicos. La violencia laboral ya no es patrimonio de aquellas empresas que manejan “bienes de alto valor” –bancos, joyerías, farmacias-, sino que se vincula cada vez más a las organizaciones que realizan actividades de servicio público o al ciudadano –sanidad, educación, servicios sociales, transportes públicos, etc.

En este sentido, si el crecimiento del Estado de Bienestar generó mayores expectativas de disfrute para toda la ciudadanía, las políticas de recortes continuadas, intensificadas hasta la asfixia con la crisis, pasando cada vez más a una “sociedad de malestar”, frustra tales expectativas. De ahí la multiplicación de tensiones y de conflictos, así como de incidentes, agresiones, sean físicas, psíquicas, puntuales o sistemáticas (acoso; ciberbullyng).

Por lo tanto, UGT manifiesta que su puesta en práctica puede ser una buena oportunidad para acabar con un grave error que pesa en extremo sobre las actuales políticas de recorte: creer que toda medida que reduce presupuestos para servicios públicos mejora el déficit, cuando la realidad es que el verdadero ahorro, y por tanto la mejora del bienestar, vendría por políticas que de verdad eliminen los costes nocivos para la salud, pues esas son verdaderamente de ahorro y estímulo, social y económico. Así lo han hecho países punteros en productividad y bienestar, como los países nórdicos.

Además, el sindicato alerta de la falta de preocupación en las empresas europeas por este tema, pese a la evidenciada importancia del mismo, ya que la violencia externa e interna ocupan el último escalón en las preocupaciones de los directivos europeos, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de riesgos. La media europea de empresas que se preocupan por incorporar medidas de gestión de la violencia de terceros en las empresas en el 26%, siendo el porcentaje en España muy inferior, pues apenas alcanza el 18%.

Para los llamados “países desarrollados”, la violencia en la vida laboral ha sido, hasta hace bien poco, un fenómeno prácticamente invisible, considerándose en gran medida un problema de los “países subdesarrollados” –o, como hoy se dice, “países en vías de desarrollo”-. Sin embargo, la violencia laboral en general, y la violencia de terceros contra las personas en los lugares de trabajo en particular, constituye un problema emergente.

En efecto, los países del “primer mundo” también sufren con creciente frecuencia este grave problema de salud laboral, tal y como lo constatan desde finales del siglo XX y albores del siglo XXI las organizaciones internacionales más prestigiosas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT. La violencia laboral no sólo pone en peligro la salud de las personas que la sufren, con el consiguiente incremento de costes para el sistema sanitario que tiene que atenderlas, sino que reduce el bienestar.

Así, según la cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, del año 2007, se constata esta lacra social en Estados como los Países Bajos, con el 10% de los trabajadores que sufren violencia de género, Francia y Reino Unido, con el 9%, o Irlanda con el 8%. Por sectores, las Administraciones Públicas europeas ostentan el mayor número de trabajadores afectados por esta problemática, con un 14%, seguidas por el sector de la hostelería (13%) y el de almacenes, comercios y talleres, con un 5%.

Para UGT, este problema conforma uno de los principales pilares de la salud laboral en la actualidad y, en este contexto, han de enmarcarse las pioneras iniciativas del sindicato, que a través de su Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, y en forma de “Talleres Prácticos”, trata de formar a sus delegados y delegadas en acciones preventivas en la materia, conforme al reciente Acuerdo-Guía Multisectorial firmado en 2010 en el marco del Diálogo Social Europeo entre la patronal comunitaria y los sindicatos de los sectores más afectados. Asimismo, UGT valora la reciente posición favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) que exige a las empresas políticas orientadas a prevenir este tipo de riesgo, conforme a la jurisprudencia consolidada en esta materia.

 

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