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Sábado, 17/11/2018
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CONSEJO DE MINISTROS ı PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS

Las políticas de recorte y ajuste del Gobierno profundizan el paro y la recesión

El Gobierno incumple su obligación de informar y dar participación a los interlocutores sociales en la elaboración del Programa Nacional de Reformas

26/04/2013 | UGT ı Nota de prensa

Las políticas de ajuste y recorte del Gobierno conducen a más paro y más recesión. Desde que se pusieron en marcha en mayo de 2010 todo ha ido a peor (especialmente, significativo es el incremento del desempleo que afecta ya a más de 6,2 millones de personas). UGT ha reclamado al Gobierno, en numerosas ocasiones, la necesidad de un gran pacto político y social por el empleo y la recuperación, en lugar de optar por medidas unilaterales. En este sentido, denuncia que, una vez más, el Gobierno ha burlado el diálogo social en la elaboración del Programa Nacional de Reformas, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros (porque está prevista la participación de los interlocutores sociales en todo el proceso). Es necesario que el Gobierno rectifique y abandone una política económica que está implicando más paro, más recesión, más pobreza y desigualdad social y que busque, sin más demoras, los consensos necesarios para salir de la crisis.

A día de hoy viernes, 26 de abril, cuando el Gobierno ha aprobado, en Consejo de Ministros, el Programa Nacional de Reformas, UGT desconoce el contenido del mismo pese a que la Estrategia 2020, en sus directrices, prevé la participación de los interlocutores sociales y el refuerzo del diálogo social en todo el proceso. Participación imprescindible para cualquier tipo de gobernanza democrática.

Los sindicatos enviaron un documento conjunto de propuestas, en respuesta a la solicitud de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, pero no ha habido diálogo social, tal y como marca el Protocolo Europeo.

De nuevo, el Gobierno desatiende su obligación de informar y dar participación a los interlocutores sociales y desoye las demandas sindicales sobre la necesidad de propiciar un gran acuerdo social y político para buscar una salida más solidaria a la crisis.

Las políticas de ajuste y recorte, son la crónica de una muerte anunciada, la de la economía española y la de nuestro modelo social. No solo no han corregido el déficit, ni los principales parámetros macroeconómicos, sino que también han supuesto un aumento brutal del paro (se pasa de una tasa de paro del 20%, en mayo de 2010, hasta el 27,2%, pasando de 4,6 millones de personas desempleadas a 6,2 millones) y un grave deterioro de nuestro sistema de protección social y de servicios públicos esenciales (sanidad, educación, justicia, etc.)

Por otra parte, UGT quiere reafirmar el Acuerdo de pensiones suscrito, en enero de 2011, por el Gobierno, por los empresarios y por los sindicatos. Un buen acuerdo que ha entrado en vigor en enero de este año y que se está pretendiendo deteriorar, de hecho ya se ha deteriorado de manera unilateral en cuanto a jubilaciones anticipadas y parciales por parte del Gobierno. Todo lo que afecta al funcionamiento y a la estabilidad interna del Sistema Público de Pensiones (las previsiones de la evolución demográfica, el reforzamiento de la contributividad, las fórmulas anticipadas de jubilación, la jubilación parcial con contratos de relevo) está bien resuelto en este Acuerdo, en una perspectiva hasta 2027. Por tanto, intentar dar otra vuelta de tuerca al Sistema Público de Pensiones aprovechando la recesión económica, además, de no estar justificado es absolutamente intolerable y bastante sospechoso, pues se puede estar intentando aprovechar la ocasión para poner a merced de los fondos de capitalización un sistema solidario de reparto, como es nuestro Sistema Público de Pensiones.

Todas las propuestas sindicales para elaborar el Programa Nacional de Reformas giran sobre un eje: el empleo y la reactivación, así como construir un modelo social y económico que se aproxime a la media de los países de la zona euro. Para ello, hay que conjugar medidas en el corto y medio plazo y, también, en el largo plazo. Algunas de ellas son:

– Es necesario aumentar la competitividad vía precio. El menor crecimiento de los precios españoles, comparado con los países del entorno, permitirá profundizar en la recuperación de cuota de mercado nacional y ampliación en el exterior. La responsabilidad del control de precios no recae exclusivamente en los salarios de los trabajadores sino que debe incluir la misma proporción de esfuerzo en el resto de las rentas (empresas y rentas mixtas).

– Mejorar la competencia: estableciendo medidas específicas en aquellos sectores de actividad donde el nivel de competencia es claramente insuficiente (energía, distribución de alimentos, transporte,…)

– El acceso a la vivienda es un bien básico y como tal debe ser tratado por parte de la política económica. Garantizar precios razonables, promover el alquiler, utilizar el stock de viviendas del SAREB y de los bancos subvencionados por la compra de cajas de ahorro, para su uso en régimen de alquiler con precios asequibles, etc.

– Mejorar la calidad de los productos españoles. Para ello, se necesitan más inversiones en I+D+i, educación, energía, etc. Las empresas de mayor dimensión (trasnacional) en España ocupan los últimos lugares del ranking europeo en inversiones en I+D+i.

– Fomentar planes sectoriales e industriales que busquen aumentar el tamaño de las empresas y su presencia en el exterior. El apoyo a las iniciativas de emprendedores, no puede suplir la necesidad de que nuestro país disponga de empresas sólidas de tamaño medio con capacidad para competir en buenas condiciones en el mercado internacional. Este objetivo no solo se consigue con la desaparición de las barreras administrativas, sino de una actitud más cooperativa y de una mejor organización del trabajo, para lo que es imprescindible recuperar el equilibrio de las relaciones laborales roto a causa de la reforma laboral (que acelera la destrucción de empleo, deteriora la negociación colectiva y convierte en papel mojado el II AENC, un acuerdo que busca preservar el empleo ante todo, buscando fórmulas de flexibilidad interna negociadas dentro de la empresa).

– Aumentar los recursos destinados a las políticas de formación para el empleo, porque son insuficientes y la cualificación profesional es imprescindible para ampliar y mejorar el tejido productivo.

– Establecer medidas eficaces para recomponer el flujo de crédito en el sistema financiero y utilizar la banca recapitalizada con recursos públicos para cubrir las grandes necesidades de crédito detectadas. El sistema financiero debe contar con la regulación y supervisión necesaria que evite el desastre ocurrido en la anterior etapa de crecimiento.

– Una política fiscal similar a la que se maneja en los países más avanzados de la Zona Euro. El modelo fiscal apoyado por el Gobierno de España, el recogido en el Programa de Estabilidad 2012-2015 se aleja mucho del modelo europeo al dibujar un sector público mucho más pequeño en 2015 (inferior en 8,9 puntos del PIB en políticas de gasto y en 8,7 puntos en los ingresos a la media de la Zona Euro). 

– El sistema tributario español debe mejorar en su normativa: Impuesto de grandes fortunas; desaparición de la mayor parte de las deducciones en el Impuesto de Sociedades, estimación directa obligatoria en IRPF para las rentas empresariales y profesionales, retenciones sobre los rendimientos de las SICAV, introducción del Impuesto sobre Transacciones Financieras, etc. Asimismo, es necesaria una lucha decidida contra el fraude fiscal, en sentido contrario a la amnistía fiscal aplicada por el actual Gobierno en 2012. La suma de ambos elementos: facilitaría un aumento de los ingresos públicos de dos puntos adicionales del PIB en un periodo corto de tiempo, esto es alrededor de 22.000 millones de euros.

– Garantizar el buen funcionamiento de un sector público dirigido a satisfacer las demandas de los ciudadanos y en el que se garantice el empleo de sus trabajadores. Hay que facilitar mecanismos de flexibilidad interna negociadas frente a las facilidades con las que cuentan las Administraciones Públicas para despedir a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral. 

– Por otro lado, son imprescindibles inversiones en el sector público para mejorar la capacidad productiva del país y facilitar una mayor equidad en la distribución de la renta y cohesión social y territorial. En este sentido, hay dos políticas determinantes la de fomento de empleo y la educación.

– Son imprescindibles políticas públicas que velen por las personas sin recursos y se establezcan medidas para fomentar el empleo, como la formación. La Renta Activa de Inserción puede jugar un papel importante y la creación de una renta básica, como derecho de ciudadanía. Es necesario idear programas para formar y proteger a desempleados (mayores de 25 años, que abandonaron los estudios por el boom inmobiliario, y mayores de 45 años que no pueden reincorporarse al mercado de trabajo, el 65,7% de ellos son parados de larga duración).

– La puesta en marcha de la Garantía Juvenil, que insta a que los Estados miembros redoblen los esfuerzos para aumentar el empleo de los jóvenes. En un plazo de cuatro meses tras acabar sus estudios éstos deben recibir una buena oferta de empleo, formación permanente, un periodo de prácticos o aprendizaje. Además, hay que reforzar la Formación Profesional y adaptar, que no copiar, otro tipo de formación, como puede ser la dual, a las características de nuestra estructura productiva.

– Preservar las políticas públicas de protección social (pues juegan un papel fundamental para mejorar la calidad de las personas y reducir la desigualdad en la sociedad. El objetivo es disponer de niveles de atención similares a la media de los países de la Zona Euro. El PNR debe determinar indicadores con el objetivo de reducir las tasas de pobreza, atendiendo especialmente a los menores de edad y sus familias. Sería conveniente que una parte de los fondos europeos se destinen a programas de inclusión social para generar empleos para personas en riesgo de exclusión.

– La defensa del acceso a un nivel suficiente de prestaciones de todos los ciudadanos es extensible a la sanidad. La instauración de copagos genera serios problemas de acceso a las personas con menos renta. El posible abuso en la utilización de fármacos, tiene tratamientos alternativos que pueden ser más efectivos y sin riesgos adicionales.

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