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STC 86/2013, de 11 de abril | BOE de 10 de mayo 2013

L'inutil silenci valencià* | * El inútil silencio valenciano

10/02/2014 | Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Ponentes:

Fernando Valdés Dal-Ré

Voces:

  • Supuesto de silencio administrativo en procedimiento de reconocimiento de situación de dependencia y sus prestaciones
  • Límites materiales de las leyes de presupuestos

Supuesto:

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo contra la Dad 11 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de presupuestos para el ejercicio 2008, que establecía entonces nuevo supuesto de silencio administrativo negativo en relación al reconocimiento de la situación de dependencia y de sus prestaciones.

Criterio:

Analiza el TC si la medida de procedimiento que introduce la ley valenciana de presupuestos se aviene con la reiterada doctrina constitucional que limita la materia a regular por este tipo de normas a la totalidad de los gastos e ingresos del sector público (art. 134.2 CE), además de otro contenido eventual, por conexión, que se refiere a todas aquellas disposiciones que guarden relación directa con las previsiones de ingreso y las habilitaciones de gasto de los presupuestos o con los criterios de política económica general, o en fin, que sean un complemento necesario para la mejor inteligencia y más eficaz ejecución del presupuesto, quedando excluidas de estas leyes las normas típicas del derecho codificado u otras previsiones de carácter general en las que no concurra dicha vinculación (fj 3).

En este caso ni la medida tiene incidencia directa sobre el presupuesto, ya que no afecta a la estimación de ingresos, ni habilita gastos o aclara los estados cifrados, y tampoco guarda debida conexión con aquél, ni forma parte de su contenido eventual; y sin que en definitiva constituya complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del presupuesto y, en general, de la política económica del Gobierno (fj 5); lo que conduce a su declaración de inconstitucionalidad.

Reitera criterio:

SSTC 3/2003, de 16 de enero (fj 4); 74/2011, de 19 de mayo (fj 3); y 9/2013, de 28 de enero (fj 3).

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

Bernardo García, abogado del Gabinete Jurídico de la CHTJ-UGT y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos

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