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Lunes, 23/07/2018
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UGT ha elaborado un informe sobre la población trabajadora extranjera en España con motivo del Día Internacional para la eliminación de la discriminación racial

Los hombres extranjeros perciben un 40,53% del salario medio anual y las mujeres extranjeras, un 51,35% menos de ese salario

La crisis económica ha afectado a todos los ciudadanos pero la pérdida de afiliación a la Seguridad Social es mayor entre los extranjeros. Los hombres extranjeros perciben un 40,63% del Salario Medio Anual (según datos de 2009) mientras que las mujeres extranjeras perciben un 51,35% menos de ese salario. En esta etapa de crisis, el sector agrario y el doméstico siguen siendo “el refugio” al que se dirigen los trabajadores ytrabajadoras. Éstos son algunos de los datos contenidos en el informe que ha elaborado UGT, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la discriminación racial que se celebra el lunes, 21 de marzo. El sindicato considera que la población española de nacionalidad extranjera ha de tener los mismos derechos y obligaciones. En este sentido, critica a los que quieren hacer electoralismo en base a la inmigración y el llamado contrato de integración; valora el reciente Acuerdo de Diálogo Social en torno a los aspectos sociolaborales del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería; y confía en que el Anteproyecto de Ley de igualdad y no Discriminación reconduzca las prácticas discriminatorias y, en algunos casos racistas, extendidas en nuestra sociedad.

21/03/2011 | UGT

UGT ha elaborado un informe sobre la situación de la población trabajadora de nacionalidad extranjera en España. De esta radiografía sobre la evolución de la inmigración en nuestro país de 2000 a 2010, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

El crecimiento de la población española entre los años 2000 y 2009 se debió en más del 74% a las personas extranjeras procedentes de la Unión Europea y de países no comunitarios. De los 4.926.608 extranjeros residentes en España a 31 de diciembre de 2010, 2.012.538 son nacionales de países de la Unión Europea. Un dato que suele obviarse cuando se habla de inmigración y se engloba en ésta el ejercicio de la libre circulación de ciudadanos comunitarios.

Entre los extranjeros no comunitarios, más del 60% son residentes de larga duración. UGT considera que este es un dato fundamental pues refleja que no estamos ante una migración temporal, sino en presencia de personas que tienen vocación de permanecer en España y que forman parte de esta sociedad.

Los efectos de la crisis se han dejado sentir en el volumen de la llegada de trabajadores y trabajadores no comunitarios, demostrando la adecuación de los mecanismos de regulación de flujos migratorios laborales acordados por los Interlocutores Sociales y el Gobierno en el marco del Dialogo Social en el año 2004 y perfeccionados ahora durante la negociación de los aspectos sociolaborales del Reglamento de la Ley de Extranjería. Frente a las 119.309 autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena concedidas en el año 2009, entre enero y septiembre de 2010 se concedieron 7.050.

En este sentido, recientemente hemos concluido un Acuerdo de Diálogo Social en torno a los aspectos sociolaborales del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería; un acuerdo en el que básicamente se aborda la gestión de los flujos migratorios laborales, pero también, entre otras, las condiciones de la reagrupación familiar. Para UGT, los elementos principales que constituyen el contenido del Acuerdo, se encuentran en perfeccionar los instrumentos que, en el marco del Diálogo Social, construimos en el año 2004; proteger, más y mejor, los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes y aumentar la corresponsabilidad de la Administración y de los empresarios y empleadores, de tal modo que no sean los trabajadores y trabajadoras quienes se vean perjudicados cuando llegan a España con un contrato que, finalmente, no se cumple por causas no imputables a ellos.

Por otra parte la política de inmigración, entendida como el modo en que se regula la entrada en el país, tiene que estar vinculada necesariamente a que se den las condiciones necesarias para asegurar la integración, la igualdad de derechos y obligaciones con los nacionales. En este sentido, en el Acuerdo Social recientemente alcanzado, los interlocutores sociales volvimos a encontrarnos en la tesitura de negociar el desarrollo reglamentario de una Ley en la que no habíamos intervenido.

En la reforma de la LOEX del año 2009, se introdujo un elemento, desde el punto de vista de UGT, no solo negativo en tanto que trasmite una idea de integración que no compartimos, sino también alejado de esa realidad de una sociedad diversa y de una migración con vocación de permanencia. Una población migrante, que, no lo olvidemos, está sometida a todas las obligaciones que tenemos los ciudadanos españoles y además a las derivadas de la normativa de extranjería, pero que, sin embargo, no tienen igualdad de derechos: acreditar el esfuerzo de integración, tal como exige la Ley, para renovar las autorizaciones de residencia, supone una exigencia intolerable porque para quien no cumple las normas, sea español o extranjero, ya existen mecanismos de sanción.

Afortunadamente en el borrador de Reglamento, esta exigencia se ha atemperado y se ha desarrollado de la manera más razonable dentro de los parámetros que permite la Ley. Aunque aún hay quienes, y más en estos tiempos previos a la próxima convocatoria electoral, exhiben sin ningún rubor, la necesidad de imponer un contrato de integración o de establecer determinadas condiciones en el esfuerzo de integración que ya contempla la ley.

La perdida de afiliación a la Seguridad Social es mayor entre los extranjeros que en los españoles. La crisis, por otra parte, ha dirigido tanto a los trabajadores extranjeros, como a los españoles a los sectores refugio, agrario y empleo doméstico, con consecuencias especialmente graves en el caso de las mujeres dado que la regulación del sector de empleo domestico impide el acceso a las prestaciones por desempleo.

En directa relación con la mayor prevalencia de la población extranjera en los Regímenes Especiales Agrario y de Hogar, y en ocupaciones de baja cualificación se encuentran las diferencias salariales entre población española y extranjera. Los hombres extranjeros perciben un 40´63% del Salario Medio Anual (SMA, datos de 2009) mientras que las mujeres extranjeras perciben un 51´35% menos de este salario.

Si bien es cierto que las mujeres extranjeras parecen mejor situadas laboralmente que los hombres extranjeros en el mercado de trabajo (menor perdida de afiliación, menor desempleo), lo cierto es que el mas del 75% de estas mujeres se agrupan en los tramos salariales inferiores al 1´5 del SMA, y el hecho de su mayor ocupación en el empleo domestico, implica, debido al régimen de este sector de actividad, que no tienen acceso a las prestaciones por desempleo.

Por otra parte, queremos recordar que en la época de bonanza, fueron llamados muchos trabajadores y trabajadoras extranjeros para cubrir puestos de trabajo de difícil ocupación por parte de la población residente. Personas que han trabajado y siguen trabajando en España, que han reagrupado a sus familias y que comparten, con el conjunto de la población, las consecuencias de la crisis.

Es preciso diferenciar entre la regulación de la “inmigración” como el momento y la forma de la entrada, el modo en que se permiten los flujos migratorios, y por otra parte, el tratamiento de quienes ya están en España como residentes y parte de la población española, para quienes la mejor forma de integración, es la garantía de igualdad en derechos y obligaciones.

En este sentido, el ya presentado Anteproyecto de Ley de igualdad y no discriminación, debería ser una oportunidad, en este caso, de adaptar la realidad al derecho. Si entre los motivos de discriminación, se incluye además del origen racial o étnico, la nacionalidad, como ha propuesto tanto UGT, como otras organizaciones y órganos consultivos que han emitido dictamen respecto al mismo, puede que estemos en condiciones de reconducir no solo una serie de normas que siguen avalando la desigualdad, sino también, prácticas extendidas, y más o menos toleradas socialmente, que son claramente discriminatorias y en algunos casos abiertamente racistas.

La concentración del alumnado de nacionalidad u origen extranjero en colegios públicos, los criterios de selección para el empleo discriminatorios, las dificultades de acceso a viviendas en compra o alquiler, o a créditos bancarios.

La futura Ley debería ser un elemento fundamental para garantizar la igualdad, prevenir y erradicar la discriminación, y lanzar un mensaje claro de que la tolerancia con determinadas prácticas y actitudes, lesionan la convivencia de todos y recordar que, tanto en este anteproyecto de ley como en otras normas ya vigentes, constituyen una infracción con su correspondiente sanción.

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