Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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Los PGE 2013, un retroceso económico y social sin precedentes

21/12/2012 | UGT

El 2013 comenzará con unos PGE, que lejos de estimular la actividad y el empleo, supondrán más recesión, más paro y nuevos recortes en derechos sociales y laborales. Las cuentas públicas aprobadas ayer en el Congreso de los Diputados, certifican el empeño de un Gobierno en aplicar una política económica equivocada que empobrecerá a la población española y no nos sacará de la crisis. Las enmiendas procedentes del Senado, exclusivamente del Grupo Popular, resultan claramente insuficientes y no cambian el signo de unos PGE que son irreales en sus previsiones, injustos socialmente, irresponsables y contraproducentes. Además, de agravar aún más los problemas de deuda pública y déficit, continuarán erosionando nuestro modelo social, y nos conducirán a una sociedad menos igualitaria. 

El próximo 1 de enero de 2013 entrarán en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (PGE 2013) aprobados ayer por el Congreso de los Diputados, con la inclusión de las enmiendas procedentes del Senado, exclusivamente del Grupo Popular, dado que de una vez más el Gobierno se ha negado a consensuar sus políticas. Las cuentas aprobadas constatan un nuevo ejercicio de ineficacia por parte del Gobierno de España. Su obsesión por la reducción del déficit público como objetivo único y exclusivo de toda la política económica de nuestro país, nos hunde cada día más en la recesión, en el desempleo y en la desigualdad. 

A pesar de las enmiendas incorporadas al proyecto de ley entregado a las Cortes el pasado 29 de septiembre, las cuentas para 2013, además de irresponsables, son irreales, antisociales y contraproducentes. Son irreales por la quimera en la previsión de ingresos, a pesar de las medidas tributarias incorporadas (como la eliminación de la deducción por compra de vivienda el próximo año, la prórroga el impuesto sobre el patrimonio o el aumento del gravamen para las plusvalías a corto plazo, que tributarán a los mismos tipos del IRPF), quimera que previsiblemente dará lugar a nuevos recortes a lo largo del próximo año. 

Otras medidas incorporadas, como la flexibilización de la posibilidad de endeudamiento de las corporaciones locales (que permite que los excedentes se puedan dedicar a inversión a corto plazo), los 50 millones de euros destinados a las políticas de cambio climático y o los 450 millones para el fomento de las energías renovables o la reducción de la cuantía mínima de defraudación a la Seguridad Social perseguida penalmente (que pasa de 120.000 a 50.000 euros), resultan claramente insuficientes. Tanto es así, que estas cuentas deprimirán aún más el crecimiento, puesto que no solventan las dudas sobre las previsiones incluidas en el cuadro macroeconómico, ya que volatilizan los motores para la salida de la crisis, como la educación y la I+D+i, de manera que se torna cada vez más difícil salir de las crisis aumentando nuestra competitividad vía conocimiento, y no vía reducción de salarios. 

Además son unas cuentas antisociales, injustas y sin ninguna equidad en las medidas adoptadas, porque de nuevo piden mayores esfuerzos a los que menos tienen y a los que más han aportado ya a la salida de esta crisis en nuestro país, mediante nuevos recortes y repagos de servicios de carácter universal como la sanidad, la educación o la dependencia. Y esta política solo conduce al empobrecimiento de la ciudadanía en general y de los trabajadores en particular, lo que sitúa a las familias en una situación dramática e insostenible, como constata el hecho de que estos PGE 2013 de nuevo congelan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referencia clave para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros, todo ello sin consulta previa e incumpliendo los criterios para su revisión establecidos en el RDL 3/2004. 

Y son contraproducentes porque reducen las posibilidades para combatir la crisis, dado que promueven menos consumo, menos inversión, menos actividad y, en definitiva, más recesión y más paro. Continuar por este camino supone quebrar los estímulos al crecimiento, y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar supone la desprotección de la población, que junto al deterioro de los derechos sociales y laborales, tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad y la exclusión social. 

Para UGT, los PGE 2013 no solo no contemplan las necesidades de nuestra economía y nuestra sociedad, sino que va en su contra de lo que necesita nuestro país y de las demandas de los ciudadanos, de ahí nuestro más profundo rechazo a estas cuentas. Porque lo que demanda de manera urgente este país es un cambio de rumbo, cuyo objetivo inmediato sea el crecimiento económico, equilibrado y sostenible, un modelo de crecimiento basado en el empleo de calidad, estable y con derechos, enmarcado en un equilibrio presupuestario a largo plazo y una reducción progresiva del déficit público, compatible con la reactivación económica y la equidad social. 

Este modelo de crecimiento precisa de una reforma fiscal justa y progresiva, sin amnistías fiscales, que luche contra el fraude, que eleve la suficiencia de los ingresos y que reparta de forma justa las cargas fiscales. Pero para dar estabilidad al sistema, también necesita de una política industrial dinámica y competitiva y una reforma financiera que incluya la creación de una banca pública como instrumento de política económica para que ese cambio de modelo productivo se convierta en realidad. Todo ello preservando tanto nuestro estado de bienestar como nuestro modelo de convivencia, e impulsando los servicios públicos como garantía de igualdad y progreso. 

Y esto no se logra con unas cuentas como las de los PGE 2013, que son el reflejo de una política económica que además de no solucionar la crisis, agravará aún más los problemas de deuda pública y déficit, a la vez que aniquila nuestro modelo social y nuestros derechos sociales y laborales, nos arrastra a una sociedad más injusta y menos igualitaria y genera una fractura social sin precedentes en España.

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