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Domingo, 20/05/2018
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Los PGE para 2013 del Gobierno ahondan en el desastre

UGT insiste en establecer un suelo de gasto social, que garantice niveles de protección suficientes

27/09/2012 | UGT

El anteproyecto de Ley de los PGE para 2013, aprobado hoy en Consejo de Ministros, son reincidentes: recortan la inversión y los servicios públicos, suponen una nueva pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y recortan las políticas de empleo y lasprestaciones por desempleo.

Profundizan en la línea del desastre, provocarán más recesión, más paro y ahondan en una política errónea, inútil y tremendamente injusta, que da la espalda a los ciudadanos y no solucionará tampoco los problemas deuda pública y déficit.

Quebrar los estímulos al crecimiento y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar provocará un empobrecimiento de la población, un deterioro de los derechos sociales y laborales y mayor desigualdad y exclusión.

UGT considera esencial establecer un suelo de gasto social que permite mantener niveles de protección social suficientes en línea con Europa. Asimismo, defiende un cambio de rumbo de esta política que apueste por el crecimiento, por reducir el déficit de manera progresiva y en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social; y que contemple una reforma fiscal justa y progresiva que luche contra el fraude, sin amnistías fiscales.

Una nueva política que apueste por una industria dinámica y competitiva y una reforma financiera que otorgue estabilidad al sistema e incluya la creación de una banca pública que permita que  el crédito llegue a los ciudadanos y las empresas.

El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobado hoy en Consejo de Ministros, solo constatan un hecho: la obcecación del Gobierno de España por la reducción del déficit público como objetivo único y exclusivo de toda la política económica de nuestro país, objetivo que no solo no se está cumpliendo, sino que está estrangulando la economía de nuestro país, cercenando las posibilidades de salida de la crisis, generando una escalada del desempleo sin precedentes y situando a las familias en una situación dramática e insostenible, dado el empobrecimiento y la desprotección de la de la población y la nula equidad de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Como muestran los datos de Contabilidad Nacional del segundo trimestre de este año, España está en recesión. Se reduce el consumo porque el poder de compra de los ciudadanos y los trabajadores es cada vez menor; se reduce la inversión, cae la inversión empresarial, muy endeudadas, no encuentran vías de financiación, ni tienen expectativas de mejora; se ha reducido el gasto público hasta niveles contrarios a la actividad económica e incompatibles con la provisión de servicios públicos esenciales en nuestro país, que hoy por hoy está inmerso en plena recesión económica, con una tasa de desempleo insostenible y una regresión social sin precedentes en los últimos cuarenta años.

Y esta situación se ha precipitado debido a las políticas de recortes y contrarreformas impuestas por el Gobierno del PP. Medidas que comenzaron por el recorte de 27.300 millones de euros en los PGE 2012, es decir, un 2,5% del PIB, con un reparto muy desigual: 0,8 puntos de PIB corresponden a incrementos de ingresos y 1,7 puntos a recortes de gasto. Posteriormente, las medidas dirigidas a la reducción del déficit público de más de dos puntos y medio, desde el 8,5% al 6%, redujeron de nuevo el gasto público en 8.900 millones de euros.

El decretazo del pasado mes de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad incluyen una detracción de la economía de 65.000 millones de euros (por el efecto conjunto del recorte de gasto y del aumento de impuestos; 55.000 ahora, y 10.000 adicionales con reformas futuras), que simplemente impiden todo atisbo de reactivación y toda expectativa de que ésta sea posible en los próximos años, porque en 2012 el ajuste previsto es de 13.531 millones, en 2013 de 22.865 millones, y en 2014 de 20.045 millones, lo que supone un ajuste descomunal para nuestra economía, equivalente a 1,3 puntos de PIB en 2012, a 2,1 puntos en 2013 y a 1,8 puntos en 2014, incompatible del todo con la reactivación económica y la recuperación del empleo.

Además, todo el ajuste recae sobre los trabajadores y las familias españolas, dado que se está produciendo una devaluación interna vía reducción de costes salariales que está deprimiendo el consumo, lastrando más la producción y destruyendo más empleo. Los datos de la evolución de las rentas ponen de manifiesto que mientras las remuneraciones de los asalariados descienden fuertemente, un 3,9% anual, los excedentes empresariales crecen un 3,4%, algo muy llamativo en el contexto de crisis actual.

Y este contexto está acompañado de reducción de las prestaciones por desempleo, de los servicios sociales y la dependencia y de los salarios de los empleados públicos, la subida indiscriminada y regresiva de impuestos (IVA), el desmantelamiento de nuestro sistema sanitario y de nuestra educación pública, el desarme del plan PREPARA y una reforma laboral que es la mayor agresión del Derecho del Trabajo desde su nacimiento y la consumación de la involución de los derechos laborales en nuestro país, y que como era previsible, está resultando claramente ineficaz como pone de manifiesto la pésima situación por la que atraviesa el empleo, y que parece que no va a mejorar, dado que según la propia previsión del Gobierno en 2013 la tasa de paro alcanzará el 24,2%.

Las medidas impuestas son absolutamente contraproducentes, porque aceleran la depresión económica a la vez que reducen las posibilidades para combatirla, al tratarse de medidas procíclicas, es decir, que promueven menos consumo, menos inversión, menos actividad y, en definitiva, más recesión y más paro. Continuar por este camino supone quebrar los estímulos al crecimiento, y hacerlo desmantelando el Estado del Bienestar supone el empobrecimiento y la desprotección de la población, que junto al deterioro de los derechos sociales y laborales, tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad y la exclusión.

Una alternativa para paliar el incremento de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, y en contraposición a la reforma constitucional sobre la que UGT ya mostró su rechazo porque solo prima el objetivo de déficit y no la protección social, es el establecimiento de un suelo de gasto social. En este sentido, es preciso ligar la reforma constitucional sobre los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública a la necesidad de reconocer un suelo de gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, protección por desempleo, pensiones y Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), de manera que España pueda converger con los niveles europeos de protección social. Este suelo de gasto social debe ser el necesario para garantizar la consecución de los principios rectores de la política económica y social establecidos en la Constitución Española. Porque se trata de un pilar fundamental para la justicia social y en desarrollo económico, porque los sistemas de protección social son una herramienta clave para combatir la pobreza y la desigualdad, y contribuyen al crecimiento económico mediante el aumento de la productividad laboral y la mejora de la cohesión social.

Lo que España precisa es un cambio de rumbo, cuyo objetivo inmediato sea el crecimiento económico. Pero un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en el empleo de calidad, estable y con derechos, objetivo que demanda restablecer el equilibrio presupuestario a largo plazo, para lograr una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social. Esto exige una reforma fiscal justa y progresiva que luche contra el fraude, sin amnistías fiscales, que eleve la suficiencia de los ingresos y reparta de forma más justa sus cargas. Según la Memoria 2011 de la Agencia Tributaria, del total de ingreso que gestiona, más del 43% proviene del IRPF (es esperable que en 2012 la tendencia sea al alza, dada primara medida del Gobierno: la subida del IRPF en 2012) y apenas un 10% del Impuesto de Sociedades (IS); además, a pesar de que los tipos nominales del IS es el 30% para grandes empresas y del 25% para las PYMES, todos los ajustes fiscales y contables que permite la legislación, más las deducciones, exenciones y bonificaciones a que pueden acogerse las empresas, sitúa el tipo efectivo del IS en el 11,6%, muy por debajo del los tipos a los que se gravan las rentas del trabajo.

Esta reforma fiscal debe ir acompañada de una apuesta firme por una política industrial dinámica y competitiva, y de una reforma financiera que otorgue estabilidad al sistema, que incluya la creación de una banca pública que permita el acceso al crédito a todos los ciudadanos y a las empresas, y que sirva de instrumento de política económica para el cambio de modelo productivo que necesita nuestra economía. Todo ello preservando nuestro Estado de Bienestar y nuestro modelo de convivencia. Y el anteproyecto de PGE 2013 no sigue este camino, sino el del desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar, la privatización de los servicios públicos y la fractura social.

Por ello, desde UGT mostramos nuestro rechazo a estos PGE que, por una lado, no son la solución a la crisis, puesto que agravarán aún más los problemas de deuda pública y déficit y, por otro lado, reinciden en una fractura social sin precedentes en España y nos arrastran a una sociedad más injusta y menos igualitaria, gracias a la demolición de nuestros derechos y a la aniquilación de nuestro modelo social.

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