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UGT exige al Gobierno que el rescate bancario no recaiga sobre los ciudadanos

Los precios evidencian la caída del consumo y el empobrecimiento de la población

13/06/2012 | UGT ı Nota de prensa

La moderación de precios en mayo obedece a un deterioro de la situación de nuestra economía, en general, y del consumo interno, en particular.

El desempleo (que crece con la reforma laboral) y las políticas de recorte, junto con la menor renta de los asalariados, explican esta situación.

Los salarios no son los causantes de la inflación: los costes laborales se reducen desde hace más de dos años (en el primer trimestre de 2012, en un -2,5%, igual que el anterior) mientras, los excedentes de las empresas continúan creciendo a un elevado ritmo del 4,8%.

UGT reclama que se cumpla con las recomendaciones del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que se controlen los abusos empresariales en determinados sectores y que la moderación de salarios vaya acompañado del compromiso empresarial de reinversión de beneficios en la actividad productiva.

Al mismo tiempo, exige un cambio de rumbo en la política económica del Gobierno, de tal forma que priorice el crecimiento, el empleo y las necesidades sociales frente a las exigencias de los mercados y los rescates bancarios.

Según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, en el mes de mayo el Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en el 1,9%, dos décimas menos que la tasa que la registrada el mes anterior, coincidiendo con el indicador avanzado publicado el pasado 30 de mayo. Por su parte, la tasa mensual se sitúa en el -0,1%, un punto y medio por debajo de la del mes de abril.

Entre los grupos que han tenido mayor influencia en esta disminución son positiva en la evolución anual son Transporte, con una variación anual del 4,2%, seis décimas menos que el mes anterior, la más baja desde diciembre de 2009, debido principalmente a que la bajada del precio de los carburantes y lubricantes ha sido mayor este mes que en mayo de 2011 (ahora bien, destaca el incremento de los precios de los otros servicios de transporte, que aumentan más de 10 puntos hasta el 10,9%, la más alta desde enero de 2002. Debido al a la escalada de los precios de los billetes combinados); y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que disminuye cinco décimas y se sitúa en el 1,8%, dado el comportamiento de los precios de las legumbres y hortalizas frescas, los otros productos lácteos, el pescado fresco y la carne de ave. En cambio, y a pesar del descenso de la variación interanual del índice general, cabe destacar la subida de los grupos de Vivienda, que con una tasa anual del 5,1%, aumenta cuatro décimas respecto al mes de abril, dado el aumento del precio del gas; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con una tasa anual del 6,2%, más de un punto por encima a la registrada el mes anterior, debido al aumento de los precios del tabaco.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 1,1%, disminuyendo su diferencia respecto al índice general, que se sitúa en ocho décimas.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) disminuye una décima respecto al mes de abril, situándose en el 1,9%, coincidiendo con el IPC general nacional y cinco décimas por debajo de la media de la Zona Euro. Cabe señalar que después de seis meses de diferencial de inflación favorable a nuestro país, este mes se rompe esta tendencia, al disminuir ligeramente este diferencial.

Conclusiones

A pesar de la ligera moderación de los precios de este mes de mayo, no hay que llevarse a engaño. Son el reflejo del deterioro de la situación de nuestra economía en general y del consumo interno en particular. Nos encontramos ante un escenario de incremento de las desigualdades en la distribución de la renta, desigualdades que de nuevo perjudican a los más afectados por la crisis y los recortes impuestos por el Gobierno. Porque tras dos años de políticas de recorte, la evidencia es palmaria: han sido y son un estrepitoso fracaso para sacarnos de la crisis, ya que el paro ha aumentado, la población se ha empobrecido, la cohesión social se ha deteriorado y la confianza en nuestra economía se ha volatilizado. Y para muestra el rescate del sistema financiero español, que pone de manifiesto la incapacidad de nuestros gobernantes de impulsar una verdadera reforma de las entidades financieras españolas, pero también la ausencia de una estrategia concertada y ambiciosa para afrontar la salida de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Una salida que no será posible si el Gobierno español no activa una reforma fiscal orientada a dotar al Estado de los recursos necesarios para desarrollar las políticas públicas, la reactivación económica y la cohesión social. Porque a corto plazo del rescate no se puede esperar sino más recortes, y no un aumento del flujo del crédito a las pequeñas empresas, autónomos y familias, dado que las exigencias a las entidades financieras estrangularán aún más el flujo de crédito. Y todo ello bajo la estupefacción de la ciudadanía: existen ingentes recursos económicos para hacer frente al saneamiento y rescate del sistema financiero español y nula voluntad para pelear por financiación y recursos para garantizar el Estado de bienestar y la atención de las personas más necesitadas ante las nefastas consecuencias sociales de la crisis financiera.

Así las cosas, la recesión se alargará en nuestro país gracias a la política económica puesta en marcha, de modo que hay un reconocimiento explícito de que el objetivo no es la recuperación de la economía española, ni, por supuesto, el empleo, sino la reducción del déficit público, de ahora se verá engordado con los intereses de la deuda derivada del rescate. Es decir, el adverso escenario económico 2012-2015 presentado el mes pasado por el Ejecutivo se verá condicionado por las devastadores reformas impuestas por el Gobierno, muchas de las cuales (educación, sanidad, transporte, energía) tienden a repercutir en el usuario parte del coste del servicio que recibe. Es decir, el copago se establece por ley y se expande a todos los servicios sociales. Y es que el aumento de las desigualdades es más que preocupante en nuestro país. Según los últimos datos disponibles de datos de Contabilidad Nacional Trimestral referidos al primer trimestre de 2012, y por lo que se refiere a la evolución de las rentas, destaca la reducción cada vez mayor de la remuneración de los asalariados (pasa de -2,1% a -3,3%), que provoca que los costes laborales unitarios sigan reduciéndose (desde hace más de dos años), en este trimestre a un ritmo de -2,5%, igual que el anterior. Mientras, los excedentes de las empresas y las rentas de los autónomos, pese a desacelerarse casi dos puntos en este trimestre, continúan creciendo a un elevado ritmo del 4,8%. Ello supone que la totalidad de la inflación de nuestro país se debe a la presión que ejercen las rentas empresariales, que aportan 2,3 puntos al deflactor del PIB. Por el contrario, los costes laborales son deflacionistas, restando 1,4 puntos de inflación, al igual que los impuestos (el otro componente en la formación de los precios), que restan cuatro décimas. En este sentido, cabe señalar que según los últimos datos disponibles, el incremento salarial medio establecido en convenio colectivo en mayo de 2012 se situó en el 1,8%, frente al 2,8% del mes de mayo del año pasado.

Por ello, tal y como establece el II AENC, es fundamental controlar los abusos en los márgenes empresariales en determinados sectores, que con el único objetivo de incrementar los beneficios de las empresas, no hacen sino aumentar determinados precios en nuestro país. De este modo, es imprescindible que el crecimiento moderado de los salarios vaya acompañado de la contención de los beneficios empresariales, además de la reinversión en la actividad productiva e industrial, una política fiscal justa y progresiva y un control eficaz por las autoridades públicas de los precios en los productos y servicios de primera necesidad. Todo esto junto al mantenimiento y la mejora del Estado del Bienestar, garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades, la vertebración social y el progreso de los ciudadanos. Y para ello es forzosa una reforma integral del sistema fiscal, que garantice los ingresos públicos necesarios para la financiación de los servicios públicos esenciales, patrimonio de la ciudadanía de este país.

Ya no puede retrasarse más el cambio de rumbo dirigido al crecimiento, crecimiento sostenible, duradero y equilibrado, que genere empleo estable, de calidad y con derechos, lo que exige un plan para restablecer el equilibrio presupuestario a largo plazo, basado en un sistema fiscal justo, una política industrial dinámica y el compromiso de impulso a la actividad empresarial competitiva. Solo así se logrará una mayor capacidad recaudatoria que consiga una reducción progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación económica y la equidad social.

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