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Los recortes del Gobierno aumentan la desigualdad y reducen la protección social de los colectivos más vulnerables

El Gobierno dificulta a la población migrante el acceso a ciertas prestaciones y a derechos fundamentales

20/03/2013 | UGT

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que tiene lugar mañana, 21 de marzo, UGT ha elaborado un informe en el que destaca que los recortes en servicios y prestaciones sociales y las sucesivas reformas del mercado de trabajo definen un escenario en el que los grupos más vulnerables, por su situación económica, su nacionalidad u otras causas, ven incrementada su desigualdad y disminuida su protección social. La política migratoria del Gobierno entiende la integración como el favorecimiento del retorno a sus países de origen, ya que, además de excluir a los inmigrantes en situación administrativa irregular de la asistencia sanitaria y dificultar el acceso a las prestaciones por desempleo, disminuye el presupuesto destinado a la integración y propone modificaciones en el Código Penal para hacerlo más duro para todos, pero sobre todo para los extranjeros sometidos a la normativa de extranjería. 

En los últimos años hemos asistido a un cambio en la política migratoria española, fundamentalmente porque el Gobierno actual nunca ha asumido el principio de igualdad de trato y de oportunidades. De hecho, este Gobierno entiende la integración de los inmigrantes como el favorecimiento del retorno a sus países de origen, la exclusión por la vía de establecer requisitos en determinadas prestaciones de difícil cumplimiento para la población no comunitaria, cuando no la directa eliminación de prestaciones esenciales para el mantenimiento de la vida humana. Además de otras restricciones, se eliminó el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular y ahora se prepara un Proyecto de reforma del Código penal que incluye la penalización de la ayuda humanitaria a los extranjeros irregulares. 

El informe señala que en el año 2011, se produce por primera vez una reducción de la población empadronada de población extranjera debido fundamentalmente a posibles retornos a países de origen, una reemigración a otros destinos, la adquisición de la nacionalidad española o a la disminución de las entradas con respecto a años anteriores. 

El documento muestra que la incorporación de los extranjeros a la Seguridad Social ha crecido a ritmo paralelo al del incremento poblacional general. Sin embargo, el proceso de pérdida de afiliación iniciado a mediados de 2008 resulta más preocupante, puesto que demuestra que la crisis económica afecta de manera especial a los trabajadores de origen extranjero. Mientras que los afiliados españoles han disminuido un 15,55%, los extranjeros lo han hecho en un 25,62%, situación especialmente preocupante para los de origen no comunitario que han perdido un 29,62%, y muchos de ellos dependen de la cotización a la Seguridad Social para renovar su autorización de residencia. 

En cuanto a la brecha salarial, UGT subraya en el informe que se mantiene la gran diferencia entre los salarios percibidos por población española y extranjera, especialmente llamativa en el caso de las mujeres extranjeras que perciben un 52,26% menos del Salario Medio Anual. 

A pesar de lo preocupante de los datos, el Gobierno ha reducido el presupuesto dedicado a inmigración e integración de los inmigrantes en un 58% entre los años 2011 y 2013, dejando el dinero destinado específicamente a acciones dirigidas a los inmigrantes en el año 2013 reducido a 36.762.410 euros. 

El presupuesto dedicado a acciones a favor de la emigración española se ha reducido entre los años 2011 y 2013 un 35%. En este caso y, una vez restadas del presupuesto total del año 2013 las partidas de personal y gastos corrientes en bienes y servicios de la Secretaria, quedan libres para acciones 73.770.300 euros. 

La mayor reducción en este apartado la sufre la partida dedicada a las prestaciones por razón de necesidad (para emigrantes españoles mayores de 65 años en situación de necesidad y que también cubre la financiación de convenios de asistencia sanitaria con instituciones de los países de emigración para este colectivo), algo que justifican por la paulatina disminución de los beneficiarios (debido a su avanzada edad). 

Pero las restricciones no quedan ahí. Además de todo lo anterior, en el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno modifica el artículo 12 de la LO 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para restringir la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación administrativa irregular que únicamente podrán recibir asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, hasta el alta médica, de asistencia sanitaria al embarazo, parto y posparto y en el caso de los menores de edad en las mismas condiciones que los españoles. 

Este cambio de un sistema de asistencia sanitaria universal a un sistema de aseguramiento, afecta igualmente a extranjeros residentes en situación administrativa regular ya que el RD preveía la suscripción de un convenio especial para aquellas personas que no tuvieran la condición de asegurado o beneficiario pero el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha aprobado tal Convenio dejando a la población extranjera en situación administrativa irregular sin posibilidad de atención. 

La falta de previsión e instrucciones claras por parte del Ministerio está dando lugar a situaciones de desatención incluso en supuestos de personas que tendrían derecho a la asistencia sanitaria, poniendo en peligro su salud. 

Siguiendo esta línea, el Gobierno ha modificado las condiciones para acceder a la Renta Activa de Inserción y, según el contenido del anteproyecto de LO por el que se modificaría el Código Penal, pretende incluso tipificar la ayuda humanitaria a un inmigrante irregular como infracción administrativa y plantear la ayuda, sin ánimo de lucro, constitutiva de delito.

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