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UGT pide que las rentas más altas y de capital también contribuyan a la salida de la crisis

Los trabajadores están pagando la política económica errónea que el Gobierno importa de Europa

29/08/2011 | UGT

Los datos de Contabilidad Nacional vuelven a reflejar el fracaso de la política económica del Gobierno, al dictado de las directrices neoliberales impuestas desde Europa. Pero lejos de rectificar el Ejecutivo esta ahondando más en el error proponiendo medidas, que deberían someterse a referéndum, como limitar el déficit a través de la Constitución, lo que representa un grave riesgo presente y futuro para el mantenimiento de las prestaciones y nuestro Estado de Bienestar. Asimismo, en lugar de apostar por la estabilidad del empleo, propone medidas que inciden más en la temporalidad. UGT destaca los sacrificios que están haciendo los trabajadores y pide un reparto justo de las cargas a través de una reforma fiscal destinada a que las rentas altas y de capital contribuyan, de manera equitativa, a la salida de la crisis, y es que el déficit no solo debe combatirse racionalizando el gasto sino aumentando los ingresos. El sindicato recuerda que en un año se han perdido más de 172.000 empleos netos, que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo por el bloqueo de la negociación colectiva, algo que hay que solucionar antes de prorrogar el actual AENC y que el esfuerzo de moderación salarial debe ir acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales, para incentivar la inversión, y de políticas públicas que prioricen la recuperación económica y el empleo. Cosa que hasta ahora no está sucediendo.

Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística relativos a la Contabilidad Nacional Trimestral del segundo trimestre de 2011, confirman el avance del pasado día 16 de agosto. La economía española registró un crecimiento interanual del 0,7%, dos décimas menos que el periodo anterior. El crecimiento intertrimestral se situó en el 0,2%, también dos décimas por debajo del registrado el trimestre precedente.

En relación a nuestro entorno europeo, tanto en la Unión Europea-27 como en la Zona Euro se ha moderado el crecimiento interanual (si bien sigue estando muy por encima del de nuestro país), pasando del 2,5% al 1,8%, situación que se ha repetido en la principales economías europeas: Alemania pasa del 4,6% al 2,8%, Reino Unido del 1,6% al 0,7% y Francia del 2,1% al 1,6%.

En España, la contribución negativa al PIB de la demanda nacional empeora más si cabe, pasando de los 0,4 puntos a 1,9 puntos negativos, mientras que la demanda externa incrementa su aportación positiva al crecimiento agregado trimestral, duplicándola, de modo que pasa de 1,3 a 2,6 puntos.

La evolución de la contribución de la demanda nacional presenta una evolución agregada de un menor interanual en este trimestre respecto al anterior. El gasto en consumo final de los hogares reduce nueva décimas su crecimiento, la inversión cae siete décimas y el gasto de las Administraciones Públicas lo hace en más de tres puntos y medio.

El gasto en consumo final de los hogares se desploma, y por primera vez desde el primer trimestre de 2010 es negativo, pasando del 0,7% al -0,2% debido entre otros factores, a que la remuneración de los asalariados, principal recurso de las familias para afrontar el gasto en consumo, continua con su crecimiento negativo, incluso empeorando respecto al trimestre anterior (del -0,4% al -0,5%).

La formación bruta de capital fijo, aumenta en siete décimas su crecimiento negativo, desde el -6,0% hasta el -6,7%, con un comportamiento igual de negativo en todos sus componentes.

Respecto a la demanda exterior neta, su aportación al crecimiento se ha duplicado, pasando de 1,3 a 2,6 puntos. Las exportaciones atenúan su crecimiento (del 12,1 al 8,4%), dada la desaceleración de las economías europeas a las que se destinan, al igual que lo hacen las importaciones (del 6,3% al -1,7%).

Al analizar el PIB desde el lado de la oferta, se observa un menor crecimiento agregado en todas las ramas de actividad, excepto en la construcción. El valor añadido bruto de las ramas energéticas e industriales desacelera su crecimiento en este trimestre, desde el 3,9% hasta el 2,8%, en línea con la menor demanda, tanto interna como externa, de sus bienes. Por su parte, la construcción reduce más de un punto su contracción, desde el -5,4% al -4,1%, debido al comportamiento menos desfavorable de la obra pública. Por último, el valor añadido de las ramas de los servicios desacelera suavemente su crecimiento en este trimestre, pasando del 1,3% al 1,2%. Las ramas de servicios de mercado que experimentaron un crecimiento más notable fueron las ligadas al turismo, mientras que la actividad comercial, especialmente el comercio minorista registró un comportamiento menos dinámico.

El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, reduce su crecimiento negativo en cuatro décimas, hasta el -1,0%, lo que supone la pérdida de más de 172.000 empleos netos a tiempo completo en un año, siendo la rama de los servicios de mercado la única que presenta un crecimiento positivo. El resto de actividades registran crecimientos negativos, especialmente en la construcción.

En cuanto a la distribución primaria de las rentas, la remuneración de los asalariados empeora aún más su contracción, pasando del -0,4% al -0,5%, como consecuencia de la moderación en seis décimas de la remuneración media (del 0,8% al 0,2%), parcialmente compensada por la mejora en cinco décimas de la caída en el número de asalariados (del –1,2% al –0,7%).Así, el coste laboral por unidad de producto (CLU) se estabiliza en el 1,5%, tres puntos y medio por debajo del deflactor de la economía.

CONCLUSIONES

La economía española mantiene un débil pulso de actividad insuficiente para generar empleo, el principal problema de nuestra sociedad. Y todo ello en un contexto de incertidumbre internacional con un fuerte endeudamiento de las familias y empresas españolas, con el bloqueo del crédito debido a la necesidad de capitalización de nuestro sistema financiero.

Las medidas aprobadas no centran la política económica sobre la primera necesidad que tiene este país, que es la creación de empleo, ni atienden a un reparto equilibrado de las cargas. Pero es que tampoco apuestan por el cambio del modelo productivo a través del impulso de políticas energéticas, industriales, de ciencia y tecnología y de formación. A esto hay que añadir el bloqueo de la negociación colectiva, que está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incremento de precios, mermando aún más las posibilidades de reactivación económica a través de la todavía lejana recuperación de la demanda interna. Y además, la mejora de nuestra competitividad requiere normalizar los canales de crédito que permitan financiar los gastos de explotación y las nuevas inversiones empresariales.

Así las cosas, hay que adoptar decisiones que mejoren el ritmo de la actividad productiva española con una distribución de los esfuerzos más equilibrada entre la población. En este sentido, los salarios deben mantenerse en la senda de la moderación, tal y como está establecido en el actual AENC, pero este esfuerzo debe ir acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español. Pero también son necesarias políticas públicas para fomentar la recuperación económica y el empleo, así como una reforma fiscal destinada a las rentas altas y de capital, con el objetivo de que todos contribuyamos de manera equitativa a la salida de la crisis, porque la reducción del déficit no se logra únicamente mediante el recorte de gasto, sino también mediante el reforzamiento de los ingresos.

El saneamiento de las cuentas públicas españolas demanda reformas para mejorar el uso de los recursos públicos mediante la eliminación de gastos superfluos y la reducción de duplicidades entre administraciones, pero a la vez, es imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles no solo en la reducción del sector público en la economía. La racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público español desplegar la necesaria presencia en los distintos ámbitos de las relaciones económicas, con especial hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación.

Por todo ello, UGT rechaza la propuesta de PSOE y PP de establecer un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impida al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea, topando mediante ley orgánica el déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas, siendo del 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado y del 0,14% en cada comunidad autónoma.

UGT considera que la propuesta es absolutamente inconveniente porque limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico, lo que se traduce en un grave riesgo presente y futuro para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar, además de constitucionalizar las políticas conservadoras y neoliberales que han producido la crisis económica global y que, en el ámbito europeo, están gestionando de modo desastroso la crisis de las deudas soberanas. Esta propuesta no ayuda a la necesaria reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse mediante la promoción del crecimiento económico y del empleo, un justo reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Por ello, UGT exige la retirada de la propuesta y que, en todo caso, cualquier propuesta de reforma de la Constitución de esta naturaleza sea sometida a referéndum. En este sentido, se propondrán movilizaciones sociales para que los trabajadores y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo a esta reforma constitucional y exigir la celebración de un referéndum sobre la misma.

 

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