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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Negociación colectiva 2010: Avance del tercer trimestre

27/10/2010 | UGT

Tal y como se preveía, el contenido del RD-L 10/2010, de 16 de Junio, sobre “Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo” empeoró notablemente tras el trámite parlamentario, que lo convirió en la Ley 35/2010 de 17 de Septiembre.

Ambas disposiciones fueron aprobadas después de algunas concesiones a otros grupos parlamentarios. El paso del RDL por las cámaras legislaivas ha servido, en primer lugar, para certificar la debilidad del Gobierno en su afán de promover una reforma criticada por lamayoría del arco parlamentario y, en segundo lugar, para rebajar, aún más, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que potenciar la capacidad de los empresarios para despedir y para desregular los acuerdos colectivos.

Las concesiones de parte del Grupo Parlamentario Socialista, que sustenta al Gobierno, han tenido, como último objetivo, propiciar que la Ley no saliera derrotada en el Congreso, aunque finalmente sólo haya sido aprobada por el citado Grupo, en la más completa soledad.

De la comparación entre ambos textos cabe deducir, prácticamente a simple vista, que se trata de una reforma de naturaleza estructural que recorta los derechos de los trabajadores, abarata y facilita el despido, no reduce la precariedad en el empleo, privatiza la gestión del desempleo y, desde luego, no potencia ningún instrumento que propicie la creación de empleo en una fase de recesión.

Una vez completada, tanto con el cumplimiento de los mandatos de reformas adicionales que cotiene la Ley 35/2010, como con su desarrollo reglamentario, esta reforma legal, unida a la del sistema de pensiones públicas, seguramente revelará su alcance real y definitivo y obligará a efectuar una reflexión global sobre la función del ordenamiento laboral y de la protección social pública en las décadas venideras.

Por circunscribirnos a la negociación colectiva, la nueva Ley permite al empresario vulnerar los convenios sectoriales, empeorar sus condiciones, y les facilita el descuelgue salarial.

La Reforma Laboral pone en jaque el propio AENC, al ignorar una buena parte de su contenido, pero sobre todo reduce a cenizas la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para abordar la reforma del modelo de negociación colectiva, tal y como establece la disposición adicional única del acuerdo. En su lugar la Ley determina un plazo de seis meses para consensuar dicha reforma, pero si en ese plazo no se logra el acuerdo, el Gobierno adoptará las iniciativas que correspondan. Esto nos abocaría a que, de nuevo, los cambios en el modelo de negociación colectiva sean impuestos por la vía del Decreto, dado que la CEOE y CEPYME, a la vista de lo dispuesto, no van a tener ninguna prisa, ni quizás voluntad, de sentarse a discutir y acordar esta reforma, a la vista de su falta de respuesta a los requerimientos realizados por la UGT y CC.OO. para tal fin.

Por todo ello vamos a impulsar un proceso demovilizaciones sostenidas en el tiempo para que el rechazo expresado, por lamayoría de los trabajadores en la huelga general, a las políticas del Gobierno se torne en cambios económicos y sociales y vamos a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, para que el parlamento restituya los derechos laborales.

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