Hacia un nuevo modelo económico y social en España
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Ni la reforma constitucional, ni los recortes sociales, reactivarán la actividad económica ni el empleo, sólo empeorarán la situación

02/09/2011 | UGT

UGT considera que ni la reforma constitucional para controlar el déficit (de carácter neoliberal y que debería someterse a referéndum, pues pone en peligro nuestro Estado del Bienestar), ni los recortes sociales servirán para reactivar la actividad económica, ni el empleo, ni siquiera para frenar las exigencias de los mercados. Sólo servirán para empeorar la situación de los trabajadores y de los ciudadanos, en general. El sindicato denuncia que la política económica impuesta por el Gobierno, desde hace un año, es una renuncia a su pretensión de salir de la crisis con un crecimiento sostenible, duradero y de calidad y que las medidas adoptadas en el RDL 10/2011 para fomentar los contratos de formación de los jóvenes, incluso hasta los 30 años y, sobre todo, para suspender, en dos años, el límite al encadenamiento de contratos temporales va en la dirección contraria. Se precariza el empleo y se ahonda en un modelo económico que ya ha demostrado su fracaso. UGT recuerda que no se va a crear empleo porque se fomente un tipo de contrato, sino porque se genere actividad económica.

Los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo indican que en el mes de agosto se han registrado como paradas 51.185 personas más que en el pasado mes de julio (un aumento del 1,3%). En términos interanuales son 161.266 más, lo cual indica un incremento del 4,1%. Esto hace que la cifra de parados registrados se sitúe en 4.130.927 personas.

Distinguiendo según género, es mayor el aumento del desempleo entre los hombres que entre las mujeres: hay 27.079 parados más (un 1,4% más que en julio), mientras que las mujeres paradas son 24.106 más que en julio (un incremento del 1,2%).

Se reduce por el contrario el número de jóvenes (menores de 25 años) desempleados en 1.388 frente al mes anterior y en 4.080 respecto a agosto de 2010.

Por lo que respecta a los extranjeros, también disminuye el número de desempleados en términos mensuales en 8.548 personas (una caída del 1,4%), aunque en la comparación con el año anterior recoge un aumento del 2,8%.

Salvo en el sector agrícola, hay más desempleados respecto al mes anterior en todos los demás sectores: en el sector servicios, el aumento es de 37.707 desempleados (lo que supone un 1,6% más en términos relativos), en la construcción, hay 10.392 parados más que en julio (un 1,4% más) y en la industria, el incremento es de 9.421 desempleados (un 2%). Por el contrario, en la agricultura hay 2.467 desempleados menos que en el mes de julio (una reducción del 1,7%).

El número total de contratos registrados en agosto desciende en un 21,3% respecto al mes pasado, aunque aumenta un 5,1% en la comparación interanual, lo que determina un total de 1.061.303 contratos registrados. En este mes, se reducen ambos tipos de contratos, los indefinidos (que caen tanto en términos mensuales –un 26,5%- como interanuales –un 1,1%-) y los temporales (que se reducen en un 24,3% respecto al mes anterior, aunque aumentan en un 5,5% respecto al año anterior). Se reducen también los contratos a tiempo parcial, tanto indefinidos (un 24,3%) como temporales (un 28,9%). Los contratos temporales celebrados han supuesto el 93,8% del total de contratos. Y del total de contratos temporales, el 29,9% han sido contratos a tiempo parcial.

Conclusiones:

Como tradicionalmente sucede, los SPEE recogen un aumento del número de parados en el mes de agosto. Este incremento se produce por el fin de la contratación debido a la temporada estival (que ya se ha realizado previamente) y por la práctica injustificada cada vez más habitual de muchas empresas que en el verano finiquitan contratos laborales que reactivan en septiembre (educación, construcción…) y que debería controlarse por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

 

Y mientras, la política económica que el gobierno está llevando a cabo no hace sino cumplir las teóricas exigencias de los mercados financieros que nos acechan sin descanso. Pero, hasta la fecha, esta política económica ni es capaz de calmar a estos mercados especulativos ni tiene los frutos que toda política económica debe perseguir, a saber, la mejora del bienestar y el progreso económico de sus ciudadanos.

Desde que cambiara el rumbo de la política económica del gobierno, pasando de estimular la actividad económica a convertir el cumplimiento del déficit público en los márgenes que dicta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como casi único objetivo, la actividad económica no se ha recuperado ni, por tanto, el empleo.

Ni la reforma laboral impuesta hace un año, ni los compromisos adoptados en el marco del Pacto por el Euro Plus (reforma de la negociación colectiva, plan de lucha contra el empleo no declarado…) han conseguido su objetivo de calmar a los mercados financieros, visto lo sucedido este mes de agosto. Ni, por supuesto, han logrado estimular la actividad económica y el empleo.

En este sentido, llega una nueva fórmula para cumplir con las exigencias de los especuladores: introducir un mecanismo de estabilidad presupuestaria, entendiéndola como cumplimiento de déficit cero, en la Constitución Española. Esta iniciativa resulta sumamente inconveniente pues anula o limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico. Conlleva también un grave riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar.

Supone introducir en nuestra Carta Magna un elemento de política de carácter marcadamente ideológico y que no ha demostrado ser la mejor fórmula de actuación que debe regir cualquier política económica de responsabilidad nacional. Introducir esta reforma significa introducir un sesgo de corte conservador, que va a condicionar las posibilidades de realizar política económica a los gobiernos futuros de nuestro país.

Asumir que el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria es la condición indispensable para generar crecimiento económico es no tener en cuenta las necesidades del tejido productivo español. Se ha dicho que es irresponsable gastar más de lo que se tiene: ¿es que acaso las empresas comienzan su actividad sin pedir créditos, es decir, sin endeudarse, sin gastar más de lo que inicialmente tienen? La lógica es que, una vez comiencen con su actividad económica, obtendrán los frutos que permitirán devolver los créditos solicitados. ¿Por qué se le impide al Estado esta posibilidad?

El peligro, además, se cierne sobre el Estado del Bienestar, ya que en determinadas Comunidades Autónomas se están adoptando las medidas de ajuste del déficit desde la perspectiva del recorte del gasto público, reduciendo los servicios públicos como la sanidad y la educación, a la vez que aumentando la destrucción de empleo.

Si a esta iniciativa le añadimos las medidas adoptadas en el RDL 10/2011, donde se pretende fomentar los contratos de formación de los jóvenes (incluso hasta los 30 años) y, sobre todo, suspende temporalmente la imposibilidad de encadenar contratos temporales, está claro que vamos hacia una mayor precarización del empleo. La política económica del gobierno ya no pretende salir de la crisis con un crecimiento sostenible, duradero y de calidad. Porque estas medidas van en el camino contrario.

La crisis no justifica la inclusión de nuevas medidas que precaricen más el empleo, tanto porque debilitan la posición y los derechos de los trabajadores como porque ahondan en un modelo económico que ya ha demostrado su fracaso.

No se va a crear empleo porque se fomente un tipo de contrato, sino porque se genere la actividad económica que demande ese empleo. Y es la actividad económica la que determinará el tipo de empleo, la cualificación, la estabilidad y, en definitiva, la calidad del mismo.

 

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