Hacia un nuevo modelo económico y social en España
Comercio•Hostelería-Turismo•Juego
Lunes, 19/11/2018
Portada > noticia
Todos los ciudadanos tienen derecho porque contribuyen con sus impuestos a sostener el SNS

No se puede excluir a nadie del Sistema Nacional de Salud

14/06/2012 | UGT ı Nota de prensa

UGT rechaza cualquier exclusión en el Sistema Nacional de Salud porque nuestro sistema es universal y todos los ciudadanos que residen en España contribuyen con sus impuestos a financiarlo. El sindicato considera que, con las exclusiones que el Gobierno pretende establecer en la norma, relacionadas por ejemplo con la edad, la situación laboral o la renta, no solo se rompe el principio de universalidad, sino también los de equidad y solidaridad que han inspirado el Sistema Nacional de Salud.

El Proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud se contradice cuando afirma que “Todos los españoles, así como los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, quedando definido así el marco de universalidad del derecho a la atención sanitaria en España”.

El Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, como el Proyecto de Real Decreto citado, definen la condición de persona asegurada, y consecuentemente la de los beneficiarios, con una serie de supuestos relacionados con la vinculación al sistema de Seguridad Social y a la residencia en España; al tiempo que se determinan exclusiones en uno y otro caso, en función de variables como la edad (a partir de 26 años), residencia (sin autorización), vinculación con el titular (no contempla a los ascendientes), situación laboral (desempleados sin cotización previa) y la renta (más de 100.000 €).

A lo largo de la vida, estas variables se presentan de muy diversas formas y pueden dar lugar a situaciones de desprotección. Y a todo ello hay que añadir las trabas administrativas que pueden presentarse para la renovación y obtención del reconocimiento al derecho de la prestación sanitaria.

Especial mención merece que se presente como solución a las exclusiones previstas para los residentes, españoles y extranjeros, que no hayan cotizado a la Seguridad Social, entre los que se encuentran los beneficiarios mayores de 26 años, acreditar unos ingresos anuales menores de 100.000 €. Una cifra de corte que sorprende por su arbitrariedad y que sigue impidiendo la universalidad de la sanidad pública y el acceso a la misma de ciudadanos que residiendo en España contribuyen con sus impuestos a la financiación de la sanidad pública.

Con las exclusiones que se establecen en la norma, no sólo se rompe con el principio de universalidad, sino también los principios de equidad y solidaridad que han inspirado el Sistema Nacional de Salud. Por todo ello, UGT insiste al Gobierno en la necesidad de retirar el Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y paralizar su desarrollo reglamentario, así como en la obligación de abrir un proceso de Diálogo Social sobre Sanidad que permita analizar y buscar soluciones a los retos del Sistema Nacional de Salud.

El sindicato recuerda que la universalidad como concepto corresponde a la garantía del derecho a la prestación sanitaria al conjunto de la población que define o al campo de aplicación del SNS, sin exclusiones. En este sentido, la Ley General de Sanidad de 1986, estableció como titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tuvieran establecida su residencia en el territorio nacional y estableció como principios que la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española, que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva y que la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

Sin embargo, la legislación española permitió la exclusión de la asistencia sanitaria pública de ciertos colectivos cuya cuantificación se estimaba entre un 0,2% y un 0,4 % de la población (unas 250.000 personas) entre los que se encontraban parados que habían agotado la prestación o el subsidio por desempleo, mutualistas no administrativos acogidos a mutualidades colegiales alternativas al RETA (abogados, arquitectos…) y otros, como rentistas con ingresos superiores al IPREM o emigrantes retornados.

Para solucionar estas situaciones, la Ley General de Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre, dedicó la Disposición Adicional Sexta a la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, para hacerlo efectivo progresivamente a los colectivos afectados mediante procedimientos administrativos y desarrollo reglamentario.

CHTJ-UGT. Avenida de América, 25 - 4ª planta • Tel. 915897309 /10 /13/14 • Fax 91 589 7477 • 28002 Madrid
chtjugt.com UNI UGT Confederal IUF-UITA-IUL Imatek