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CONFEDERAL ı PRECIOS

No tener en cuenta el IPC en los precios públicos perjudica a las personas

Las Administraciones Públicas y las empresas tienen que asumir su responsabilidad en materia de precios

27/09/2013 | UGT ı Nota de prensa

El anteproyecto de ley de desindexación, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC, va a empobrecer aún más a la ciudadanía y va a continuar debilitando el Estado de Bienestar. UGT considera que el IPC es un índice de referencia de precios de la vida económica, y su desaparición podría provocar subidas discrecionales de precios, a demanda de las necesidades presupuestarias del Gobierno y de la sed de las empresas, que solo consideran como objetivo sus ganancias a corto plazo.

El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy el anteproyecto de ley de desindexación, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC como índice de referencia en la actualización de los precios, en respuesta a la histórica demanda de la Troika y otras instituciones europeas.

Aprovechando la pretendida eliminación de su papel en los salarios y otras rentas (negociación colectiva, salario mínimo interprofesional, pensiones, ayudas sociales y prestaciones, etc.), este índice queda hoy relegado de sus funciones a la hora de renovar los precios de los servicios prestados por y a través de las Administraciones Públicas.

Como objetivo, el Gobierno justifica una búsqueda de la estabilidad de precios, que se conseguiría actualizando los precios públicos sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de estos servicios. Una justificación nada creíble debido al marco presupuestario en el que nos desenvolvemos.

Para UGT estamos ante una medida incoherente, teniendo en cuenta que a lo largo de estos años de recesión, y debido al estancamiento de la demanda interna, y en concreto del consumo, el IPC ha sido moderado y únicamente se ha visto alterado no sólo por la dependencia energética de la economía española con las consiguientes variaciones de los precios de los carburantes, debido al actual sistema energético, sino también por las subidas de precios que los Gobiernos han implantado en los sectores públicos, a golpe de Presupuestos Generales del Estado (con subidas de impuestos y tasas), y que ha afectado a ámbitos como la enseñanza, la medicina, el transporte, el alcohol y el tabaco, todos ellos por su naturaleza muy susceptibles de ver incrementados sus precios a través de impuestos y tasas. La evolución de los precios en estos ámbitos es lo que de verdad ha desfigurado el comportamiento del IPC en los últimos años en España.

Pero, además, el Gobierno plantea una alternativa que sustituye al IPC. Se inventa un nuevo índice complicado (una combinación del diferencial de precios con la zona euro y la competitividad desde la entrada en la Unión Monetaria), de difícil comprensión por parte de los ciudadanos, que dará pie, como en otros ámbitos, al abuso en la renovación de los precios por parte de los prestadores de servicios públicos (ya sean de naturaleza pública o, cada vez más, privada). Un índice que, además, se pretende extender hacia el sector privado.

Para UGT el objetivo de estabilizar los precios no se conseguirá eliminando el IPC y creando un nuevo índice de referencia. Lograr una moderación de precios pasa por la responsabilidad, primero, de las Administraciones Públicas a la hora de tomar decisiones sobre la política impositiva y la determinación de precios públicos y tasas, y segundo de las empresas, cuya ambición de ampliar los márgenes de beneficios les lleva a incrementar, sin justificación, los precios de sus productos. 

Se pierde el IPC, el índice de referencia de las variaciones reales de diferentes magnitudes de la vida económica. A cambio, podremos encontrarnos con subidas discrecionales de los precios, al albur de las necesidades presupuestarias del Gobierno y de la sed de las empresas que sólo consideran como objetivo sus ganancias a corto plazo.

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